EN ESPAÑA NO HAY DEMOCRACIA

 

¿Por qué parece tan difícil construir una vida pública basada en la verdad, la libertad y la decencia?

 Muchas personas sienten que cambiar nuestra vida pública para hacerla más justa, participativa y digna es algo casi imposible. Sin embargo, esta dificultad no se debe a que la humanidad sea incapaz de organizarse o a que no existan experiencias positivas en la historia. El verdadero problema es que los grupos que han tenido el control del poder estatal durante mucho tiempo han aprendido a utilizarlo de forma muy eficaz, generando una sensación de impotencia y dependencia en la población. Aunque se usan discursos y símbolos que parecen democráticos, la estructura y el funcionamiento del poder siguen impidiendo la participación ciudadana.

Como resultado, se genera una cultura política donde predomina el temor a la intervención activa de la sociedad. Se habla de libertad, derechos y progreso, pero estas ideas no se reflejan en la práctica. Poco a poco, la población llega a creer que su participación no puede cambiar nada importante. Y esta creencia, repetida durante generaciones, se convierte en una especie de hábito colectivo. Incluso personas con buenas intenciones que intentan transformar el sistema desde dentro de los partidos, descubren que éstos funcionan de forma cerrada y están diseñados para mantenerse, no para renovarse.

Puede parecer entonces que la idea de construir una vida pública basada en la decencia es algo irrealizable. Pero es necesario entender que la decencia no se limita a no robar o no mentir: significa actuar con respeto, responsabilidad y sentido comunitario. La vida pública no es solo asunto de políticos, funcionarios o personajes mediáticos; también pertenece a las familias, vecinos y al conjunto de la ciudadanía, que son quienes sufren o disfrutan las consecuencias de las decisiones públicas. Por eso, la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de defender su dignidad frente al abuso, la manipulación y la falta de respeto.

Una de las dificultades más profundas es que vivimos en entornos donde la mentira se ha normalizado. Decir la verdad, en lugar de ser lo esperado, puede llegar a parecer extraño, ingenuo o incluso peligroso. Quienes afirman que unir la decencia, la inteligencia, el coraje y la lealtad para transformar lo público es imposible, sin quererlo, terminan justificando la permanencia de la falta de ética, la ignorancia, el miedo y la deslealtad. Con el tiempo, lo que empezó como un "fingimos que esto es así" termina convertido en un "esto es así y no puede cambiarse". La mentira se transforma en costumbre y la costumbre en una especie de realidad aceptada.

Así, la población pasa de una obediencia impuesta a una obediencia voluntaria, disfrazada de consenso. Muchas personas no creen que sea posible reemplazar el actual sistema político por uno realmente democrático, no porque lo hayan analizado a fondo, sino porque temen ilusionarse nuevamente y ser decepcionadas. No creen en nuevas alternativas porque ya han perdido la confianza en quienes prometen cambios, aunque sigan deseando vivir en libertad y justicia.

Frente a esta situación, surgen ideas poderosas que pueden orientar un camino distinto. La República Constitucional, como concepto, propone devolver a la sociedad civil la conciencia de sí misma y de su capacidad de controlar al Estado, a través de instituciones que representen genuinamente a la ciudadanía. Conocer y vivir estas ideas puede generar un cambio real en la cultura política y social, más allá de la mecánica burocrática o de las formas externas de gobierno.

El cambio no se consigue solo con teorías, sino con acción organizada y consciente. Esta acción debe ser pacífica, cívica y coherente con el objetivo de superar las instituciones serviles actuales. La organización de quienes buscan la transformación debe basarse en la confianza mutua, no en ideologías, intereses personales ni resentimientos sociales, sino en la solución concreta del problema político: implantar la democracia formal primero en la mente y el corazón de las personas, antes de llevarla con seguridad y alegría a las instituciones.

Asimismo, esta acción debe ser estratégica y continua, enfocándose en los puntos clave donde la servidumbre voluntaria se reproduce: votaciones, educación, medios de comunicación, empresas encuestadoras, conflictos sociales y crisis económicas. La libertad política colectiva no se logra con un solo esfuerzo masivo, sino mediante intervenciones constantes que despierten la conciencia individual y la integren en la parte más dinámica, abierta y valiente de la sociedad civil, capaz de seguir la inteligencia objetiva de la acción, en lugar de depender de líderes o jefes.

Finalmente, transformar la vida pública requiere también repensar la estructura misma del Estado. Es necesario humanizar la burocracia, orientar la administración pública con principios éticos comunitarios y crear un orden civil donde la autoridad sirva a la ciudadanía y no a sí misma. La combinación de conciencia ciudadana activa, organización estratégica, educación cívica y un Estado guiado por lealtad y verdad puede, finalmente, hacer posible que la libertad y la decencia dejen de ser ideales abstractos y se conviertan en la realidad de nuestra vida pública.

 

La Vérité sortant du puits armée de son martinet pour châtier l'humanité 1896  Jean-Léon Gérôme.  

 

 

EL QUE VOTA SIN DEMOCRACIA

 

DEMOCRACIA DIRECTA

No son pocos los ilusos u oportunistas que hacen proselitismo de la democracia directa como la solución al Estado de Partidos que existe en España. Para aquellos que creen, de manera inocente pero bien intencionada, que tal forma de gobierno es deseable tengo unas palabras que deberían considerar primero de lanzarse a los brazos de los demagogos.

Uno de los principales argumentos para defender la democracia directa hoy, es el uso de la tecnología como forma de superar la imposibilidad de reunir a un elevado número de personas. Se piensa que con los medios electrónicos disponibles sería relativamente sencillo implementar aplicaciones capaces de poner literalmente en los bolsillos de cada español la capacidad de voto. Si bien es factible, y soslayando las reticencias que tal sistema podría suscitar en cualquier persona con sentido común, el verdadero problema que esto supondría sería simple y llanamente que sería la pasión y no la razón la que nos gobernase. Pasión que sería de hecho fácilmente manipulable en cada momento y que daría como resultado unas leyes cambiantes según los vientos de la opinión. Opinión que estaría del mismo modo en manos de las élites que controlasen los medios de comunicación. Daría tal sistema rienda suelta al gran peligro que supone dejar en manos de la mayoría todo el poder legislativo sin los necesarios mecanismos de control que garantizasen los derechos de las minorías (Constitución). Hablamos aquí de una dictadura de la “masa”.

Cualquiera de nosotros, si somos honestos, reconoceríamos que la gran mayoría de nuestros convecinos (incluso nosotros mismos) carecen de la capacidad para siquiera entender las consecuencias de las leyes que se les propusiesen y poco importa de dónde viniesen esas propuestas, pues si han de ser expertos los que las realicen o los mismos ciudadanos individualmente, estaríamos ante una élite controlable en el primer caso y un caos irracional en el segundo.

La capacidad de elegir no es la única capacidad deseable de un gobierno consentido y por tanto digno. Elegir sin controlar no traería la justicia a la que tal gobierno consentido debe aspirar. La desigualdad se generaría inmediatamente mediante la simple manipulación de las pasiones. La ciencia social ha demostrado que la tendencia facciosa del ser humano es un hecho cierto, repetido una y otra vez en la historia, y que los individuos, incluidos los más inteligentes, se comportan de manera menos racional cuando se reúnen en una masa. Cambiar la tiranía de unos pocos (Estado de Partidos), por la tiranía de la mayoría (Democracia Directa o Asamblearia), no es la solución. La solución es un sistema en el que la Libertad política quede institucionalizada en la forma de la Democracia Representativa dentro de una República Constitucional en la que la representación política esté personificada por los representantes de cada distrito ligados por mandato imperativo de los electores, los cuales tras el necesario filtro del debate y la deliberación en una cámara de representantes, elaboren como resultado, unas leyes que respondan a la razón y no a la pasión y donde la separación de poderes garantice el control de tal gobierno consentido. Donde una Constitución sea la herramienta de control del sistema político y garantía de los derechos de los ciudadanos.

 

“Del mismo modo que la mayoría de los ciudadanos que tienen suficiencia para elegir no la tienen para ser elegidos, el pueblo, que tiene capacidad suficiente para darse cuenta de la gestión de los demás, no está capacitado para llevar la gestión por sí mismo” Montesquieu.

Pericles. Museos Vaticanos. Daniel Prieto 

 

LOS DE LA CONSTITUCIÓN

De sobra saben los gobernantes que su permanencia en el Estado proviene de una usurpación. La Monarquía de Partidos privó a los españoles de su derecho político a elegir en libertad la forma de Estado y la forma de Gobierno imponiendo de manera inmoral su autoridad. Es por ello que tratan de suplir esa traición con el mito fundacional de la falsa constitución. El pueblo español dominado por el miedo y guiado por la ignorancia aceptó el nuevo régimen al carecer de una alternativa de ruptura.

Aquella aceptación fundacional, ya de por si humillante, no lo sería tanto sino persistiese en el tiempo y no se celebrase como rito religioso de la fe. La excusa de un mito para justificar voluntariamente el desconocimiento  o para negar el hecho cierto de consentir que se les gobierne sin Libertad por un grupo de partidos asociados e instalados en el Estado.

El mito constitucional español se regocija del crimen original, se vanagloria de la promesa del reparto del botín del Estado y la paz entre antiguas ideas rivales. Paz oligárquica que equivale a perpetuación por turnos en el poder.

Y los españoles celebran en ese mito su servidumbre voluntaria y su cobardía, su ignorancia y su negligencia, su falta de carácter y el ser merecedores de vivir sin Libertad.

Manuel Pérez Barriopedro, de la Agencia EFE 

Carta abierta a los españoles: la ilusión de la autodeterminación y la necesidad de la libertad política.

Escribo esta carta con un único propósito: disipar una confusión. Porque lo que hoy divide a los españoles no es tanto un conflicto de intereses como una profunda discrepancia sobre la propia realidad.

Se nos ha enseñado a discutir con palabras antes de comprender los hechos. Se nos ha invitado a elegir entre posiciones opuestas sin preguntarnos primero si esas posiciones están bien planteadas. Y así, entre afirmaciones y negaciones, hemos dejado de lado lo esencial: la verdad.

Ninguno de nosotros eligió España. Ninguno votó su existencia. Ninguno firmó el contrato de pertenecer a ella. Y, sin embargo, todos nacimos dentro de una realidad política que nos precede. Esto no es una anomalía. Es la condición normal de la historia.

Las naciones no son asociaciones voluntarias. No son clubes a los que uno se inscribe ni contratos que uno rescinde. Son realidades históricas que se forman con el tiempo, a través de generaciones que no deciden su origen, sino que lo reciben. Por eso, la idea de que una parte de esa realidad pueda decidir separarse como quien rompe un acuerdo es, en su raíz, una ilusión. No porque el deseo de independencia sea ilegítimo, sino porque no puede convertirse en un derecho en sentido estricto.

El llamado «derecho de autodeterminación» nace en contextos muy distintos: situaciones de dominación externa, de colonización, de pueblos privados de toda estructura propia. Trasladarlo al interior de una nación histórica consolidada no es una evolución natural del concepto, sino una alteración de su significado. Se utiliza la palabra «derecho» para designar lo que, en realidad, es una aspiración política. Y cuando las palabras dejan de nombrar la realidad y empiezan a sustituirla, el pensamiento se vuelve confuso.

Y conviene entender por qué ocurre esto. En política, quien logra que su aspiración sea nombrada como «derecho» no solo la expresa: la legitima. La sitúa fuera de discusión. La convierte, no en una propuesta entre otras, sino en una exigencia moral frente a la que toda oposición parece injusta. Pero ese cambio de nombre no altera la naturaleza de lo que se reclama.

Pero si la autodeterminación es una ilusión conceptual, ¿por qué ha llegado a ocupar el centro del debate? Porque aparece en un terreno abonado por otra ilusión mayor: la de creer que vivimos en una democracia.

Se nos ha repetido que somos ciudadanos libres en un sistema representativo. Pero basta observar su funcionamiento para descubrir otra cosa: los gobernados no eligen a sus representantes, votan listas; los «representantes» no responden ante los gobernados, sino ante los partidos; los poderes del Estado no se controlan entre sí, sino que se reparten entre las mismas organizaciones. Esto no es una democracia. Es un sistema de partidos que ha ocupado el Estado y lo gestiona como un espacio propio.

Y cuando el poder no está controlado por los ciudadanos, ocurre algo inevitable: el lenguaje se corrompe. Se habla de «derechos» para legitimar aspiraciones, de «democracia» para justificar procedimientos, de «pueblo» para ocultar decisiones de élites.

En este contexto, la autodeterminación no es la causa del conflicto, sino su síntoma. Expresa un malestar real —la falta de libertad política— pero lo canaliza hacia una solución equivocada: la ruptura territorial en lugar de la transformación del sistema.

Basta observar un hecho que rara vez se menciona: los movimientos nacionalistas no han crecido en los momentos de mayor opresión, sino en los de mayor libertad. Cuando el Estado restringía las expresiones culturales, el impulso separatista se debilitaba. Cuando esas libertades se ampliaron, ese impulso se intensificó. Este dato obliga a una reflexión incómoda: no estamos ante una reacción de defensa, sino ante una dinámica de oportunidad política.

Así, unos creen luchar por un derecho que no existe. Otros creen defender una democracia que tampoco existe. Y entre ambos, la realidad permanece oculta.

Sin embargo, el hecho de que el pasado no dependa de nuestra voluntad y de que el presente esté deformado no significa que el futuro esté cerrado. Al contrario: el futuro depende de una condición que todavía no se ha cumplido entre nosotros, pero que puede cumplirse. Esa condición es la democracia.

No una palabra, no un procedimiento, no una apariencia, sino una realidad en la que el ciudadano elige directamente a sus representantes, puede exigirles responsabilidad y participa efectivamente en la formación del poder. Una realidad en la que los poderes del Estado están separados y se controlan mutuamente, en lugar de estar concentrados en estructuras de partido.

Solo en ese marco puede resolverse el conflicto que hoy se plantea de forma equivocada. Porque la unidad política no puede sostenerse ni por la imposición ni por la costumbre, pero tampoco puede romperse sobre la base de conceptos vacíos. Debe fundarse en la igualdad política.

Cuando todos los ciudadanos participan en igualdad en la formación del poder, la pertenencia a una comunidad común deja de ser una carga. Deja de ser una imposición. Se convierte en una consecuencia natural de esa igualdad. Y entonces la autodeterminación deja de ser necesaria, no porque se prohíba, sino porque pierde su sentido como vía de escape.

Pero para llegar a ese punto, es necesario reconocer algo que resulta incómodo: el acto de votar, tal como hoy se nos propone, no nos acerca a la solución, sino que la retrasa. Cada vez que participamos en este mecanismo sin cuestionarlo, lo reforzamos. Cada vez que depositamos una papeleta, confirmamos un sistema que nos priva de la capacidad real de elegir.

Se nos ha dicho que votar es un deber. Que abstenerse es una renuncia. Que participar, aunque sea en un sistema imperfecto, es siempre mejor que no hacerlo. Pero ¿qué ocurre cuando ese acto, repetido una y otra vez, sirve precisamente para mantener intacto el problema?

Entonces la abstención deja de ser pasividad y se convierte en conciencia. Deja de ser indiferencia y pasa a ser lucidez.

Abstenerse, en estas condiciones, no es retirarse de la vida política. Es negarse a legitimar una ficción. Es afirmar que no todo vale en nombre de la participación. Es exigir, con un gesto silencioso pero firme, que antes de votar se construya aquello que hace que el voto tenga sentido: la democracia.

Se presenta el referéndum como la expresión máxima de la democracia. Pero se omite una contradicción fundamental: si una generación puede decidir sobre la unidad política, ninguna razón hay para negar ese mismo derecho a las generaciones futuras. Y, sin embargo, cuando la decisión conduce a la ruptura, deja de plantearse su repetición. Es un derecho que solo se invoca hasta que se ejerce con éxito. Después desaparece. Esto no es un principio democrático, sino una estrategia irreversible.

A quienes reclaman la autodeterminación, les digo: vuestra intuición de que algo falla es justa, pero vuestra solución es ilusoria. No se puede corregir la falta de libertad fragmentando el espacio donde esa libertad debe ejercerse.

A quienes la rechazan, les digo: vuestra defensa de la unidad es insuficiente si no se apoya en la exigencia de democracia. Sin libertad política, la unidad es solo una forma vacía.

Y a todos, les pido algo más difícil que elegir un bando: comprender. Comprender que no todo lo que se llama derecho lo es. Comprender que no todo lo que se llama democracia funciona como tal. Comprender que la verdadera división no está entre territorios, sino entre realidad y ficción.

Nos encontramos ante una elección que no es la que se nos presenta. No es entre independencia o unidad. No es entre centralismo o nacionalismo. Es entre seguir viviendo en la confusión o asumir la responsabilidad de entender.

Por eso, conviene llamar a las cosas por su nombre. No estamos ante un derecho que deba ser reconocido, sino ante una aspiración de poder que busca legitimarse mediante el lenguaje. Y frente a las relaciones de poder, las palabras no bastan: solo la claridad política puede evitar el conflicto o prepararlo.

La autodeterminación, tal como se plantea hoy, es imposible como derecho. La democracia está pendiente. Y solo la democracia puede hacer posible una unidad legítima. No una unidad impuesta, no una unidad negociada, sino una unidad libre.

Ese es el horizonte. Y ese horizonte no depende de lo que heredamos, sino de lo que seamos capaces de construir con verdad, con claridad y con coraje.

Porque la historia no la elegimos. Pero el futuro —si somos dignos de él— sí.

 

“No es la unidad lo que oprime, sino la falta de democracia;

y no es la separación lo que libera, sino el control del poder.”  Antonio García-Trevijano.

 

El sueño de la razón produce monstruos - Francisco Goya, 1799 (de la serie Caprichos) 

 

VÍDEO PODCAST EPISODIO Nº 16 "CONSENSO Y CONCORDIA"