Es necesario precisar qué se entiende, en términos estrictos, por democracia formal. No como ideal normativo ni como aspiración moral, sino como forma concreta de organización del poder que hace posible la Libertad Política.
¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA FORMAL?
viernes, 20 de noviembre de 2026
Democracia formal y poder político auténtico
jueves, 19 de noviembre de 2026
El cementerio de las almas vivas
Votáis para delegar vuestra conciencia, no para ejercer vuestra libertad. Como bien decía Antonio Muñoz, los verdaderos muertos no son los que descansan en tumbas, sino los que, teniendo el alma muerta, caminan entre nosotros fingiendo que viven. Hoy, esa muerte espiritual se llama "quietismo político". Sois una nación que ha convertido la cobardía en una virtud llamada "tranquilidad", aceptando el engaño y la corrupción con la misma pasividad con la que un feligrés se entrega a un ritual vacío. No sois ciudadanos, sois súbditos que han cambiado su dignidad por una dosis sedante de estabilidad ficticia.
Vuestra papeleta no es una herramienta de cambio, es el acta de vuestra servidumbre voluntaria. Os habéis refugiado en una "planicie moral" donde la injusticia ajena no os inquieta, siempre que no perturbe vuestro pequeño orden privado. Miráis hacia otro lado ante el crimen de Estado y la mentira sistémica, transformando el control de las emociones en una absoluta insensibilidad moral. Esa paz de la que presumís es la paz de los cementerios: un silencio cómplice que permite que el poder absoluto campe a sus anchas mientras vosotros os hundís en la indiferencia.
Es hora de despertar de esta droga colectiva llamada consenso. No hay gente decente allí donde un inocente es condenado y la sociedad civil bosteza. La pasión por callarse ha engendrado la pasión por corromperse. Si seguís confiando vuestra voluntad a un sistema que solo os pide obediencia a cambio de migajas de seguridad, seguiréis cavando vuestra propia fosa. España se ha convertido en un depósito de almas muertas donde el martirio de la verdad ya no resuena. O recuperáis la capacidad de indignaros y obrar, o seguiréis pudriéndoos en vuestra cómoda y servil quietud.
miércoles, 18 de noviembre de 2026
¿Deber cívico?
El análisis riguroso de la realidad política española exige abandonar los tópicos heredados y examinar con precisión los conceptos que definen la participación ciudadana. En primer lugar, es imperativo corregir la extendida contradicción terminológica que califica al sufragio como un "deber cívico"; por definición jurídica, el voto es un derecho político, y un derecho nunca puede ser transformado en una obligación de carácter moral o legal. La ciudadanía debe comprender que la mera acción de depositar una papeleta en una urna no constituye, por sí misma, un sistema democrático. La historia demuestra que los procesos de votación han existido incluso bajo regímenes autocráticos; por tanto, el verdadero valor de la democracia no radica en el acto formal de votar, sino en la existencia real de representación política y en una efectiva separación de poderes, elementos que el modelo impide.
Bajo el marco constitucional vigente desde 1978, el "electorado" no ejerce una facultad de elección sobre sus representantes, sino un mero acto de refrendo a listas elaboradas por los propios partidos estatales. Este diseño institucional despoja a los ciudadanos de la capacidad de elegir directamente a las personas que habrán de legislar, otorgando todo el control a los jefes de las organizaciones políticas, quienes seleccionan a los diputados y supeditan la acción legislativa a intereses partidistas o económicos. Participar en este engranaje sin una reflexión previa perpetúa un sistema donde los gobernados carecen de mecanismos reales de control sobre los gobernantes. Es una responsabilidad cívica ineludible salir de la complacencia intelectual y entender que la validación de estas dinámicas, ya sea por desconocimiento o por interés económico particular, posterga la consecución de la libertad política.
La madurez de una sociedad se mide por su capacidad para afrontar sus temores históricos y asumir la responsabilidad de su propio destino político. El apego a la tutela de las siglas partidistas y el miedo al disenso democrático son secuelas de un pasado conflictivo que los gobernados deben superar definitivamente. Para transformar la estructura política actual y exigir una democracia con representantes responsables ante sus electores, es necesario comprender que la abstención consciente no es un acto de apatía, sino una postura legítima y cabal de oposición pacífica a un régimen que impide la libertad y la democracia. La verdadera reforma comienza cuando la sociedad civil decide no refrendar las estructuras que la subordinan y opta por el pensamiento crítico. El camino hacia la libertad política requiere, de manera categórica, que la población anteponga la reflexión a la inercia del voto.
martes, 17 de noviembre de 2026
LA CUESTIÓN NACIONAL Y SU SOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Escribo esta carta con un propósito: explicar por qué la cuestión catalana y vasca —y, cada vez más, la gallega— no podrá resolverse mientras sigamos confundiendo la realidad nacional de España con las aspiraciones políticas de quienes pretenden hablar en nombre de sus diferencias culturales.
No se trata de negar esas diferencias, ni de despreciar los sentimientos de quienes las viven. Se trata, precisamente, de comprenderlas sin convertirlas en argumentos para dividir lo que la historia ha unido. Porque una cosa es reconocer la diversidad cultural de los pueblos que integran España y otra muy distinta afirmar que cada uno de ellos constituye una nación separada que necesita su propio Estado para alcanzar su plenitud.
En España existe una cuestión nacional que sigue sin resolverse. Sus causas son fáciles de identificar, aunque su solución sea mucho más difícil. Hay hechos objetivos: lenguas distintas de la española, derechos forales, culturas lingüísticas propias, una historia política particular y movimientos nacionalistas que cuentan con una larga trayectoria. Y hay también sentimientos de identidad que no siempre pueden explicarse racionalmente, pero cuya existencia sería absurdo ignorar.
El error comienza cuando esos sentimientos se convierten en una interpretación política de la realidad. El nacionalismo parte de una creencia que no puede demostrar: que Cataluña, el País Vasco o Galicia son naciones del mismo modo que España. A partir de ahí construye una segunda afirmación: que esas supuestas naciones están separadas del Estado español y sometidas a él. Y termina defendiendo una ambición política: que sólo el autogobierno o la independencia pueden resolver esa situación.
Pero ¿por qué debemos aceptar que una diferencia cultural tenga que convertirse necesariamente en una diferencia nacional? ¿Por qué una lengua distinta ha de conducir a un Estado distinto? ¿Y por qué la libertad de una comunidad tendría que consistir en separarse políticamente de las demás?
La realidad es mucho más sencilla. Las diferencias culturales existen y deben poder expresarse libremente. Pero no por ello se convierten en fronteras políticas. La lengua catalana, la vasca o la gallega son un patrimonio cultural que merece respeto y protección. No son, sin embargo, una prueba de que existan tres naciones distintas dentro de España.
El fracaso de las soluciones impuestas desde el Estado
La historia demuestra que el Estado español ha ensayado distintas fórmulas para resolver esta cuestión. La República federal no logró consolidarse; el Estado totalitario de la dictadura mantuvo la unidad mediante la represión; la solución de los estatutos republicanos funcionó en Cataluña y el País Vasco hasta la Guerra Civil; y la monarquía de las autonomías, lejos de resolver el problema, ha extendido las tensiones territoriales y ha alimentado nuevas aspiraciones de poder.
No podemos seguir tratando el fracaso de una solución como una invitación a repetirla con otro nombre. La experiencia debería habernos enseñado que no existe una fórmula general capaz de resolver por igual situaciones que tienen características diferentes. Cuando el problema nace de una particularidad, la solución debe atender a esa particularidad. De lo contrario, no se resuelve el conflicto: se reproduce y se extiende.
El Estado de las autonomías ha cometido precisamente ese error. Ha convertido una cuestión que afectaba especialmente a Cataluña y al País Vasco en un sistema general de reparto territorial del poder. Y al hacerlo ha creado nuevas administraciones, nuevos intereses políticos y nuevas aspiraciones de diferenciación allí donde antes no existían con la misma intensidad.
La descentralización no puede consistir en multiplicar instituciones para satisfacer las ambiciones de quienes las ocupan. Tampoco puede servir para establecer privilegios entre españoles según el territorio en el que vivan. Si la descentralización ha de tener un fundamento democrático, debe responder a las necesidades reales de los ciudadanos y no a las exigencias de las oligarquías regionales.
El nacionalismo y la conquista del poder
Conviene también distinguir entre los medios y los fines del nacionalismo. El terrorismo de ETA ha sido una aberración moral, pero no por ello debemos dejar de examinar el papel político que ha desempeñado. La violencia ha servido para crear un clima de miedo, exasperación y cansancio que ha facilitado las concesiones al nacionalismo que actúa por vías pacíficas.
La diferencia entre el nacionalismo radical y el moderado no siempre está en los objetivos que persiguen, sino en los medios que emplean para alcanzarlos. Mientras uno utiliza la violencia, el otro negocia con el Gobierno, aprovecha su posición parlamentaria y exige nuevas transferencias de competencias. Ambos pueden terminar alimentando una misma dinámica: la progresiva ocupación de espacios de poder dentro del Estado.
El nacionalismo moderado necesita que el Estado sea suficientemente fuerte para proporcionarle recursos y competencias, pero también suficientemente débil para tener que negociar con él. Por eso puede alternar la oposición y el apoyo al Gobierno según sus conveniencias. Su fuerza no procede necesariamente de una voluntad mayoritaria de independencia, sino de su capacidad para condicionar la gobernabilidad del Estado.
De este modo, los partidos nacionalistas se convierten en piezas permanentes del reparto de poder. No representan necesariamente a una comunidad nacional que haya decidido su destino, sino a organizaciones políticas que administran una diferencia cultural para obtener ventajas institucionales.
Y aquí aparece una cuestión que suele ocultarse bajo grandes palabras: ¿quién ha concedido a esos partidos el derecho a hablar en nombre de todos los habitantes de sus territorios? ¿Quién ha decidido que sus aspiraciones representan la voluntad de una comunidad entera? Una lengua compartida no convierte a todos sus hablantes en partidarios de un mismo proyecto político.
La autodeterminación no resuelve el problema
El derecho de autodeterminación suele presentarse como la respuesta natural a las aspiraciones nacionalistas. Pero esa afirmación confunde la existencia de una comunidad cultural con la existencia de una voluntad política común. Que un grupo de ciudadanos comparta una lengua o una tradición no significa que todos ellos deseen constituirse en un Estado independiente.
La autodeterminación, además, no puede convertirse en una fórmula mágica que resuelva cualquier conflicto territorial. La historia de las independencias demuestra que la formación de nuevos Estados ha dependido de circunstancias políticas y de relaciones de fuerza, no de una supuesta decisión libre y unánime de los habitantes de un territorio.
Tampoco puede resolverse el problema apelando a la soberanía de la Corona. En nuestra monarquía parlamentaria, esa soberanía es puramente simbólica y no proporciona fundamento democrático alguno a las aspiraciones de autogobierno o independencia.
Lo que necesitamos no es sustituir una supuesta soberanía por otra, ni atribuir a una comunidad cultural una voluntad política que nadie ha demostrado. Necesitamos instituciones que permitan a los ciudadanos decidir y controlar el poder político, sin que ninguna organización pueda apropiarse de la representación de toda una región.
La cuestión nacional no puede separarse de la libertad política
Aquí llegamos al verdadero origen del problema. La cuestión de las nacionalidades no puede resolverse mientras los españoles carezcan de libertad política.
Se nos ha concedido la posibilidad de expresarnos, asociarnos y votar a partidos, pero no el poder de elegir directamente a nuestros representantes ni de controlar a quienes gobiernan. Podemos cambiar de partido en las votaciones, pero no podemos decidir quién nos representa individualmente ni elegir por separado al jefe del Gobierno. Esa ausencia de libertad política afecta por igual a los ciudadanos de Cataluña, del País Vasco, de Galicia y del resto de España.
Por eso no basta con reformar el sistema autonómico. Mientras los ciudadanos sigan sometidos a un Estado de partidos, las instituciones territoriales continuarán siendo instrumentos de las oligarquías que las controlan. Y mientras esas oligarquías puedan utilizar las diferencias culturales para justificar su poder, la cuestión nacional seguirá abierta.
La transición no resolvió este problema. Al contrario, estableció un sistema que ha debilitado la conciencia de la unidad nacional y ha privado a los españoles de los medios políticos para impedir que el Estado altere la realidad histórica de España. Se ha permitido que el poder político decida sobre cuestiones que no deberían quedar al arbitrio de los gobiernos, mientras se ha impedido a los ciudadanos ejercer la libertad necesaria para elegirlos y controlarlos.
No puede llamarse solución democrática a un sistema que mantiene a los ciudadanos apartados del poder y entrega a los partidos la administración de sus diferencias.
La solución debe partir de abajo, de la libertad política de los ciudadanos. Si una comunidad cultural quiere organizar sus propias instituciones, debe poder hacerlo sin que el Estado le imponga desde arriba una identidad política determinada. La diferencia debe organizar la diferencia, sin dejar de ser lo que es. Y la descentralización debe surgir de la libre organización de los poderes locales y municipales, no de la concesión de privilegios a unas regiones sobre otras.
Esta es la única manera de hacer compatible el reconocimiento de las particularidades culturales con la unidad nacional. No se trata de uniformar España, ni de fragmentarla. Se trata de permitir que sus ciudadanos organicen libremente sus instituciones, respetando la igualdad política de todos.
Una solución para una España unida y libre
La solución institucional exige también distinguir las necesidades de cada territorio. Cataluña, el País Vasco y Galicia poseen particularidades lingüísticas y culturales que justifican una organización política específica. La propuesta se basa en una organización territorial distinta de la actual. En el ámbito del Estado, el Gobierno tendría un régimen presidencialista, separado del poder legislativo. Cataluña, el País Vasco y Galicia contarían con gobiernos parlamentarios propios, elegidos por sus ciudadanos y responsables de los asuntos de competencia regional. En el resto de España, la descentralización se organizaría mediante federaciones de municipios, de manera que fueran los propios poderes locales los que constituyeran instituciones regionales para atender los asuntos que excedieran de su ámbito. No se trataría de reproducir las actuales comunidades autónomas, sino de evitar la creación de estructuras burocráticas que duplican las funciones del Estado y de los municipios. Todo ello bajo un principio esencial: ninguna región podría disfrutar de privilegios políticos o administrativos frente a las demás.
El régimen presidencialista del Estado permitiría que el Gobierno tuviera legitimidad propia y no dependiera de los acuerdos permanentes entre los partidos ni de las exigencias de las oligarquías territoriales para mantenerse en el poder. La separación entre el Ejecutivo y el poder legislativo impediría que ambos quedaran sometidos a una misma mayoría partidista.
La igualdad de trato entre las regiones debe ser la norma. La descentralización no puede convertirse en una carrera por obtener más competencias, más recursos o más privilegios. Su finalidad debe ser acercar la administración a los ciudadanos y facilitar la expresión de las particularidades culturales, no crear nuevos centros de poder para quienes viven de ellos.
No debemos temer la diversidad. Lo que debemos temer es que alguien la utilice para dividir a los ciudadanos y someterlos a nuevas formas de dependencia política.
España no necesita que sus diferencias desaparezcan. Necesita que dejen de ser administradas por quienes las convierten en instrumentos de poder. La unidad nacional no se garantiza imponiendo una identidad desde el Estado, ni se defiende concediendo a cada oligarquía regional un territorio propio desde el que ejercer su dominio. Se sostiene cuando los ciudadanos pueden convivir en libertad, organizar sus instituciones y controlar a sus gobernantes.
La cuestión nacional no se resolverá mientras sigamos discutiendo qué partido debe administrar las diferencias de España. Se resolverá cuando los españoles tengan el poder político necesario para decidir cómo quieren hacerlo.
Porque la unidad de España no exige que todos seamos iguales, sino que ninguno tenga más derechos políticos que los demás. Y la libertad de sus ciudadanos no consiste en poder elegir entre quienes administran su servidumbre, sino en poder elegir y controlar a quienes ejercen el poder.
La Verdad, el Tiempo y la Historia (hacia 1812) - Francisco Goya.
lunes, 16 de noviembre de 2026
LA ABSTENCIÓN
La abstención electoral es el único mecanismo de ruptura real y el primer acto de soberanía de una sociedad madura. Frente al autoengaño de quienes acuden a las urnas creyendo que cambiarán el sistema desde dentro, la abstención no es pasividad ni indiferencia; es la retirada absoluta de legitimidad a un régimen que se nutre del voto ciudadano para perpetuar su propia existencia. Al igual que los ciudadanos de la ilustración que caminan en dirección opuesta, negándose a sostener la pasarela que mantiene al gobernante sobre el abismo, abstenerse desarticula el andamiaje del poder constituido. No se puede transformar una estructura corrupta aceptando sus reglas, porque cada papeleta depositada es un cheque en blanco que convalida la exclusión política del propio votante.
Este acto de rechazo consciente despeja el camino para la verdadera acción constituyente, la cual desborda por completo los canales controlados por el Estado. No busques en ella una ideología, un programa moral, una promesa de bienestar material ni un analgésico emocional para la indignación colectiva; su finalidad es seca, dura y estrictamente política: conquistar la libertad política colectiva sustituyendo el régimen, no completándolo. La acción constituyente no suma demandas sectoriales ni se desgasta en protestas estériles que el sistema asimila con facilidad. Se trata de una fuerza radical que restituye la facultad común de la sociedad para edificar y controlar el poder desde sus cimientos, asumiendo la incertidumbre inherente que exige la conquista de la propia libertad.
La eficacia de la abstención radica en su capacidad para forzar el vacío de poder moral, desnudando la tiranía o la partidocracia reinante ante la falta de respaldo popular. Cuando la mayoría decide no participar, el gobernante se queda solo en su estrado, suspendido en el vacío y sin el peso ciudadano que valide sus decisiones. Solo a través de este desplome del consenso forzado se abre el espacio para que los ciudadanos dejen de ser simples administrados dóciles. Abstenerse es el prerrequisito indispensable para demoler el orden vigente y permitir que la sociedad, por primera vez en su historia, comience a constituir el poder en su propio nombre.
viernes, 13 de noviembre de 2026
Carl Schmitt y Antonio García-Trevijano: dos concepciones de la unidad política.
1. Dos pensadores ante el problema de la libertad política
Carl Schmitt y Antonio García-Trevijano pertenecen a épocas y tradiciones intelectuales diferentes. Sin embargo, sus obras se encuentran en torno a una preocupación común: comprender qué constituye una comunidad política, de dónde procede su legitimidad y qué relación debe existir entre el pueblo y las instituciones del Estado.
Ambos conceden una importancia fundamental al poder constituyente, a la Constitución y a la representación política. Pero las respuestas que ofrecen a estas cuestiones terminan alejándolos considerablemente.
Schmitt trata de explicar cómo se constituye una unidad política y qué condiciones permiten su existencia. Su pensamiento parte de la necesidad de que un pueblo se reconozca como una unidad capaz de tomar decisiones políticas. La democracia, en su concepción, está relacionada con esa identidad colectiva.
Trevijano, por su parte, centra su pensamiento en las condiciones que permiten a una comunidad política ser libre y conservar el control sobre el poder. No considera suficiente que exista una unidad política ni que sus gobernantes invoquen la voluntad del pueblo. Es necesario que los ciudadanos dispongan de instituciones que les permitan elegir a sus representantes y controlar a quienes ejercen el poder.
La diferencia entre ambos no es, por tanto, una cuestión terminológica. Afecta al fundamento de sus respectivas concepciones de la democracia y a la manera en que entienden la relación entre la sociedad y el Estado.
Para comprenderla, conviene comenzar por el pensamiento de Schmitt.
2. Schmitt: la unidad política como fundamento del Estado
En Teoría de la Constitución, Schmitt distingue entre la Constitución y las leyes constitucionales. La Constitución, en sentido propio, no es simplemente un conjunto de normas escritas. Es la decisión política fundamental mediante la cual un pueblo determina la forma de su existencia política y establece los principios esenciales de su organización.
Esta decisión procede del poder constituyente, que no debe confundirse con los poderes creados por la propia Constitución. El poder constituyente no recibe de las instituciones su capacidad para establecer el orden político. Son las instituciones las que encuentran su fundamento en aquella decisión.
De este planteamiento se desprende una distinción importante: una cosa es la unidad política que hace posible la Constitución y otra las instituciones que esta establece. Las instituciones pueden cambiar, pero la existencia de la unidad política no depende necesariamente de que permanezcan intactas.
Schmitt identifica dos principios mediante los cuales puede manifestarse la unidad política: la identidad y la representación.
El principio de identidad supone que el pueblo está políticamente presente como una unidad. El principio de representación, en cambio, permite hacer presente esa unidad a través de personas u órganos que actúan en su nombre. No se trata simplemente de transmitir instrucciones de los ciudadanos a sus representantes, sino de representar políticamente al conjunto.
Ambos principios pueden combinarse en distintas proporciones. Ningún Estado puede descansar exclusivamente en la presencia inmediata del pueblo ni tampoco prescindir por completo de la representación.
Esta concepción conduce a otra de las ideas centrales de Schmitt: la democracia requiere una cierta homogeneidad del pueblo. Para que exista una voluntad política común, debe haber una igualdad sustancial entre quienes forman parte de esa comunidad. No basta con que todos sean formalmente iguales ante la ley.
Schmitt no entiende esa homogeneidad como la obligación de que todos tengan las mismas opiniones o condiciones económicas. Se refiere a una identidad política compartida que permita reconocer quién forma parte del pueblo y quién queda fuera de él. Esa identidad puede apoyarse en elementos nacionales, culturales, religiosos o de otra naturaleza.
El problema aparece cuando la unidad política se convierte en el criterio que determina qué diferencias son admisibles y cuáles resultan incompatibles con ella. La homogeneidad puede entonces justificar la exclusión de quienes son considerados ajenos a la identidad común.
En definitiva, para Schmitt la unidad política es el fundamento de la existencia del Estado y la homogeneidad constituye una condición de la democracia. Esta manera de entender la comunidad política será uno de los principales puntos de discrepancia con Trevijano.
3. Trevijano: la libertad política como fundamento de la República
Trevijano parte de una preocupación diferente. Su pregunta fundamental no es solamente cómo se constituye una comunidad política, sino cómo puede esta conservar su libertad frente al poder que ella misma ha establecido.
Para comprender su respuesta es necesario distinguir entre libertad individual y libertad política.
La libertad individual se refiere al ámbito de autonomía de cada persona y a los derechos que limitan la intervención del poder en su vida. Es imprescindible, pero no garantiza por sí sola que los ciudadanos puedan intervenir en la organización y el control del Estado.
Una sociedad puede disfrutar de determinados derechos individuales y, sin embargo, carecer de libertad política. Esto sucede cuando sus ciudadanos no pueden elegir verdaderos representantes ni controlar de manera efectiva a quienes gobiernan.
La libertad política es colectiva porque no puede existir plenamente para unos mientras otros carecen de ella. No consiste en una concesión del Estado, sino en la capacidad de la comunidad para establecer libremente las instituciones que han de gobernarla.
Por eso Trevijano identifica la libertad constituyente con la libertad política colectiva. La primera no es una facultad que pertenezca a un órgano del Estado ni una competencia que pueda ejercer indefinidamente un gobierno. Es la libertad de la comunidad para fundar su propio orden político.
La República Constitucional es la forma institucional que debe garantizar esa libertad. Para ello necesita dos condiciones fundamentales: representación política auténtica y separación de poderes en origen.
La representación permite que los ciudadanos elijan directamente a sus representantes en distritos uninominales. La separación de poderes impide que el Ejecutivo dependa de la mayoría parlamentaria que lo sostiene y que ambos poderes se encuentren bajo una misma dirección partidista.
Pero hay un aspecto que resulta especialmente importante para entender a Trevijano: la comunidad política no debe confundirse con las instituciones que ha constituido.
Los ciudadanos no pueden limitarse a participar en el Estado ni quedar absorbidos por sus órganos. Deben conservar una posición exterior desde la que puedan controlar a sus representantes y a quienes ejercen el poder ejecutivo.
La representación no es, por tanto, únicamente una solución práctica a la imposibilidad de que todos los ciudadanos gobiernen directamente. Es también el mecanismo que permite mantener diferenciadas a la sociedad y al Estado, haciendo posible que la primera controle al segundo.
La sociedad política es precisamente esa mediación entre la sociedad y el Estado: el espacio desde el que los ciudadanos pueden intervenir en la vida política y fiscalizar el ejercicio del poder.
La libertad política no queda garantizada por la existencia de una Constitución ni por la celebración periódica de votaciones. Depende de que las instituciones permitan a la comunidad conservar una capacidad real de control sobre el poder constituido.
4. La homogeneidad: una diferencia fundamental
La homogeneidad es uno de los conceptos que mejor permiten apreciar la distancia entre Schmitt y Trevijano.
Para Schmitt, la democracia presupone una cierta igualdad sustancial entre los miembros del pueblo. La unidad política necesita una identidad compartida que permita distinguir a quienes forman parte de ella. La igualdad democrática no es, por tanto, una igualdad universal entre todos los seres humanos, sino una igualdad entre quienes pertenecen a una comunidad política determinada.
Esta concepción puede conducir a considerar que determinadas diferencias amenazan la unidad del pueblo. Schmitt contempla expresamente la posibilidad de excluir a quienes sean considerados heterogéneos. No debemos confundir esta posición con la defensa de una uniformidad social absoluta, pero tampoco podemos ignorar sus consecuencias para el pluralismo.
Trevijano rechaza que la homogeneidad deba ser el fundamento de la comunidad política. La libertad política colectiva no exige que los ciudadanos compartan una misma identidad ideológica, cultural o social. La comunidad puede estar formada por personas con intereses, convicciones y formas de vida muy diferentes sin que ello impida su constitución política.
Esta diferencia aparece también en una distinción que conviene no pasar por alto. Trevijano utiliza la idea de homogeneidad social al referirse a la configuración de los distritos electorales. Estos deben tener una composición suficientemente representativa de la sociedad para que su representación política no deforme la realidad social del conjunto.
Pero esta homogeneidad social no tiene nada que ver con la homogeneidad político-existencial de Schmitt. Una se refiere a la representatividad de los distritos; la otra, a la identidad sustancial que define a un pueblo como unidad política.
La discrepancia, por tanto, no consiste en que Trevijano defienda una homogeneidad diferente. Consiste en que no considera necesaria la homogeneidad sustancial como fundamento de la libertad política.
Aquí encontramos una diferencia de fondo. Schmitt sitúa la identidad sustancial del pueblo en el fundamento de la unidad política y establece desde ella los límites de la pertenencia a esa comunidad. Trevijano busca que una sociedad plural pueda constituirse políticamente sin tener que renunciar a sus diferencias.
La unidad no tiene que proceder de que los ciudadanos sean iguales en sus convicciones o en su manera de entender la sociedad. Puede proceder de su voluntad común de establecer unas instituciones que garanticen la libertad política de todos.
5. Representación: hacer presente al pueblo o permitirle controlar el poder
Aunque ambos autores conceden una importancia central a la representación, no le atribuyen exactamente la misma función.
Para Schmitt, representar significa hacer presente una unidad política que, por su propia naturaleza, no puede manifestarse permanentemente de forma inmediata. El representante no actúa simplemente como portavoz de quienes lo han elegido. Representa al conjunto político y contribuye a darle una existencia visible.
Esta concepción está relacionada con la tradición de Sieyès, para quien los diputados representan a la Nación en su conjunto y no son mandatarios particulares de sus electores.
La representación adquiere así una dimensión que va más allá de la relación entre el representante y quienes lo han elegido. Su finalidad es expresar la unidad política del pueblo.
Trevijano también considera que la representación es esencial para la existencia de una sociedad política, pero su planteamiento se dirige hacia una finalidad institucional diferente.
La representación política comienza con la elección directa de representantes de distrito. El vínculo entre el elector y el representante permite identificar a quién se ha elegido y juzgar su actuación. No se trata de que los partidos seleccionen candidatos y distribuyan los puestos parlamentarios mediante listas cerradas, sino de que los ciudadanos elijan a personas concretas.
Además, Trevijano distingue entre la representación política de los distritos y la representación de la Nación. Para esta última contempla el Consejo de Legislación, cuya función sería dar expresión a la realidad nacional en el proceso legislativo.
La diferencia con Schmitt no se reduce a una cuestión de organización electoral. Afecta al sentido mismo de la representación.
En Schmitt, la representación hace presente la unidad política. En Trevijano, la representación es también el procedimiento que permite mantener a la comunidad fuera de las instituciones y conservar su capacidad de control sobre ellas.
Esta última cuestión es decisiva. Si los ciudadanos quedan integrados en el aparato estatal a través de organizaciones que controlan simultáneamente el Gobierno y el Parlamento, desaparece la separación entre sociedad y Estado. Los ciudadanos dejan de disponer de una posición independiente desde la que fiscalizar el poder.
Por eso la representación no puede reducirse a la presencia simbólica del pueblo en las instituciones ni a la afirmación de que los gobernantes actúan en su nombre. Necesita una relación política efectiva entre los ciudadanos y sus representantes.
En definitiva, Schmitt se interesa por cómo la representación expresa la unidad política; Trevijano, por cómo puede hacer posible que la comunidad controle a quienes ejercen el poder.
6. El poder y sus límites: soberanía, instituciones y disolución
Las diferencias anteriores se reflejan también en la manera en que ambos autores entienden la soberanía y los límites del poder.
Para Schmitt, la soberanía está relacionada con la capacidad de tomar la decisión última sobre la existencia política de una comunidad. No puede reducirse a una competencia jurídica ni a un reparto de atribuciones entre instituciones. Cuando se produce un conflicto que afecta a la existencia misma de la unidad política, la decisión final corresponde a quien tiene capacidad para resolverlo.
Esta concepción explica su interés por el poder constituyente y por la distinción entre las decisiones fundamentales y las competencias de los órganos constituidos.
Trevijano, en cambio, considera que la libertad política exige impedir que el poder se concentre en una institución o en una organización que pueda actuar sin control. La representación y la separación de poderes en origen deben evitar que el Ejecutivo y el Legislativo dependan de una misma dirección política.
No se trata de trasladar la soberanía de un órgano a otro, ni de convertir al pueblo en un soberano permanente dentro del Estado. Se trata de establecer instituciones que impidan la concentración del poder y permitan a la comunidad conservar su libertad política.
Esta diferencia se aprecia con claridad al comparar sus propuestas para resolver los conflictos entre el Parlamento y el Gobierno.
En el análisis que Schmitt hace de la Constitución de Weimar, la facultad presidencial de disolver el Parlamento ocupa un lugar fundamental. La facultad formal correspondía al presidente, aunque sus actos requerían el refrendo del canciller o del ministro competente. La disolución permitía recurrir al pueblo cuando existía un conflicto político entre los órganos del Estado. De este modo, los ciudadanos podían intervenir y las nuevas votaciones resolver el enfrentamiento.
El mecanismo tiene una lógica definida: cuando el conflicto entre el presidente y el Parlamento no puede resolverse dentro de las instituciones, se apela al pueblo para que determine la orientación política.
Trevijano plantea un mecanismo diferente en su teoría de la República Constitucional. El presidente y el Parlamento disponen de facultades recíprocas de disolución, pero quien disuelve al otro debe disolverse también a sí mismo.
La diferencia es significativa. En el mecanismo descrito por Schmitt, el presidente puede disolver el Parlamento y conservar su propia continuidad institucional. En el planteamiento de Trevijano, quien provoca la renovación institucional no puede utilizarla para mantener su posición mientras obliga al otro órgano a someterse a una nueva votación.
Así se evita que uno de los poderes obtenga una ventaja unilateral en el conflicto.
Ambos mecanismos reconocen que las votaciones pueden servir para resolver enfrentamientos entre instituciones. Pero responden a preocupaciones distintas. Schmitt busca que la unidad política pueda imponerse cuando los órganos entran en conflicto. Trevijano busca que ninguno de ellos pueda utilizar su posición para prevalecer sobre el otro y que el sistema conserve su equilibrio institucional.
La diferencia refleja dos maneras de abordar el problema del poder: la decisión última que mantiene la unidad política y los mecanismos que impiden que el poder constituido se concentre.
7. Dos respuestas diferentes al problema de la democracia
La comparación entre Schmitt y Trevijano muestra que sus diferencias van mucho más allá de las soluciones concretas que proponen para organizar el Estado.
Ambos consideran que el orden político necesita un fundamento que no puede encontrarse simplemente en las leyes ordinarias ni en las decisiones de los órganos constituidos. Ambos reconocen la importancia del poder constituyente y de la representación. Pero entienden de manera diferente qué debe fundamentar la unidad política y qué relación debe existir entre el pueblo y las instituciones.
Para Schmitt, la democracia se apoya en la identidad sustancial de un pueblo que existe como unidad política. La homogeneidad permite reconocer esa unidad y establecer sus límites. La representación contribuye a hacerla presente.
Para Trevijano, la democracia requiere libertad política colectiva. No basta con que exista una identidad común ni con que los gobernantes invoquen la voluntad popular. Es necesario que los ciudadanos puedan elegir representantes auténticos, que los poderes estén separados desde su origen y que la comunidad conserve su capacidad de control sobre las instituciones.
La diferencia entre ambos pensadores puede resumirse en una cuestión fundamental: la existencia de una comunidad política no garantiza la libertad de sus ciudadanos. Un pueblo puede constituir una unidad política, disponer de una Constitución y tener gobernantes que actúen en su nombre sin que por ello exista libertad política.
Schmitt busca el fundamento de la democracia en la identidad y la unidad del pueblo. Trevijano lo encuentra en la libertad política colectiva y en las instituciones que permiten a los ciudadanos controlar el poder. La diferencia no es menor: una cosa es que el poder represente o invoque la unidad del pueblo y otra que el pueblo tenga capacidad efectiva para controlar ese poder.
Porque la libertad política no consiste en que alguien gobierne en nombre de los ciudadanos, sino en que los ciudadanos puedan decidir quién los representa y controlar a quienes gobiernan.
martes, 10 de noviembre de 2026
¿DÓNDE VA TU VOTO?
Lo depositas en una urna. Pero ¿qué decides realmente con él?
Cada vez que se convocan unas votaciones, los partidos políticos se dirigen a los españoles con un mensaje común: hay que participar. Lo importante es acudir a las urnas, votar, no quedarse en casa. En 2019, Pablo Iglesias lo expresó con su peculiar estilo: «¡Votad, cabrones, votad lo que queráis, pero no os quedéis en casa!».
Pero ¿se han preguntado alguna vez por qué todos insisten tanto en que participemos? ¿Qué legitimamos cuando depositamos nuestra papeleta? Y, sobre todo, ¿qué capacidad de decisión conservamos después?
Conviene seguir el recorrido de nuestro voto para comprenderlo.
¿Qué ocurre con tu papeleta?
En las votaciones generales al Congreso no elegimos individualmente a los diputados. Introducimos una papeleta con una lista cerrada y bloqueada, confeccionada por una organización política. No podemos modificar su composición ni el orden de sus candidatos.
Pero no nos engañemos: aunque las listas fueran abiertas y pudiéramos escoger entre los candidatos de una misma candidatura, eso no resolvería el problema de fondo. La dependencia política del diputado respecto de su partido seguiría existiendo mientras la organización controlase su promoción, su integración en el grupo parlamentario y sus posibilidades de continuidad. Cambiar el modo de ordenar los nombres no equivale a establecer una verdadera relación de representación política.
El reparto de escaños se realiza mediante el sistema proporcional, con circunscripciones provinciales, un umbral mínimo del 3 % de los votos válidos en cada circunscripción y la aplicación de la fórmula D'Hondt.
¿Qué sucede si votamos a una candidatura que no alcanza ese umbral? Sus votos se contabilizan, pero queda excluida del reparto de escaños. No se transfieren literalmente a otras candidaturas, aunque los escaños disponibles terminan adjudicándose entre las que sí participan en el reparto.
¿Y si nuestra candidatura obtiene diputados? Todos los votos se acumulan en una cifra colectiva. Ningún votante puede saber qué efecto concreto ha tenido su papeleta en la obtención de un escaño. El reparto depende del conjunto de votos de las candidaturas y de los escaños disponibles en cada provincia.
Nuestra papeleta ha contribuido a producir un resultado numérico, pero no hemos elegido individualmente a ninguno de los diputados que ocuparán esos escaños.
¿A quién crees que estás votando?
Muchos españoles acuden a votar convencidos de que están eligiendo al presidente del Gobierno. Votan para que Sánchez siga o para que deje de gobernar; para que Feijóo llegue a la Moncloa o para impedirlo.
Sin embargo, el presidente no es elegido directamente por los votantes. El artículo 99 de la "Constitución" establece un procedimiento de investidura en el que el Congreso debe otorgar su confianza a un candidato.
Esto permite situaciones que muchos votantes no comprenden. Alguien puede votar a un partido precisamente para desalojar del Gobierno a otro y descubrir después que los escaños obtenidos por su candidatura sirven para pactar con ese mismo partido y facilitar su continuidad.
Los acuerdos entre partidos pueden cambiar el sentido político que el votante pretendía dar a su papeleta. Las direcciones partidistas negocian, intercambian apoyos y distribuyen sus compromisos. El votante no interviene en esas negociaciones ni puede decidir sobre sus condiciones.
Así, quien creía votar para echar a un presidente puede haber contribuido, sin saberlo, a mantenerlo.
¿A quién deben fidelidad los diputados?
Los diputados deben su inclusión en las candidaturas y su posición en las listas a las organizaciones que las confeccionan. Su carrera política depende, principalmente, de quienes controlan esas organizaciones.
Una vez en el Congreso, la disciplina de grupo resulta evidente. Basta observar las votaciones parlamentarias: los portavoces indican mediante gestos el sentido del voto y los diputados votan habitualmente en bloque. Quienes se apartan de las instrucciones pueden recibir sanciones económicas o perder responsabilidades dentro del partido.
La "Constitución" prohíbe el mandato imperativo, pero esa garantía jurídica no elimina la dependencia política y orgánica que produce el sistema de partidos.
La Ley de Hierro de las Oligarquías, formulada por Robert Michels, ayuda a comprender esta concentración del poder en las direcciones de las organizaciones.
Aquí conviene distinguir entre lealtad y fidelidad. La lealtad se debe a las ideas y los principios; la fidelidad, a las personas. La práctica parlamentaria muestra que, en las votaciones de grupo, la fidelidad a la dirección del partido es el criterio efectivo que prevalece. El diputado no responde políticamente ante quienes depositaron su voto en una lista que no pudieron modificar, sino que actúa integrado en una organización cuya dirección condiciona su carrera.
Prometer no obliga
Durante las campañas, los partidos presentan programas repletos de compromisos. Prometen bajar impuestos, mejorar servicios, construir infraestructuras o modificar leyes. El votante puede elegir una candidatura precisamente porque confía en esas promesas.
Pero ¿qué sucede si no las cumplen?
El Tribunal Supremo, en un auto de 3 de octubre de 2005, resolvió una demanda contra el PSOE por el incumplimiento de una promesa electoral relativa al trazado del AVE en L'Horta, Valencia. Su resolución fue clara: las promesas electorales forman parte de la acción política y escapan al control jurisdiccional. Su incumplimiento no genera responsabilidad civil exigible ante los tribunales; la responsabilidad es exclusivamente política y se manifiesta en la posibilidad de no volver a votar a esa formación.
Una sentencia posterior de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de junio de 2010, confirmó también la desestimación de una demanda contra el PSOE por una promesa incluida en su programa electoral de 2004.
En otras palabras: el votante no puede acudir a los tribunales para exigir que un partido cumpla aquello que prometió durante la campaña.
Su única posibilidad de sancionar políticamente ese incumplimiento consiste en esperar a unas nuevas votaciones. Mientras tanto, carece de un mecanismo institucional directo para exigir el cumplimiento de esos compromisos.
Los partidos: órganos del Estado
Y hay un último elemento que no deberíamos pasar por alto: los partidos políticos no se sostienen fundamentalmente con las cuotas de sus afiliados. Los recursos procedentes de estas aportaciones resultan muy reducidos en comparación con la financiación pública que reciben.
El Tribunal de Cuentas constató que las subvenciones y demás recursos públicos representaron el 71 % de los ingresos de las formaciones políticas fiscalizadas en 2018 y el 83 % en 2019. La financiación privada, incluidas las cuotas de afiliados y otras aportaciones, quedó muy por detrás.
La Ley Orgánica 8/2007 establece que los partidos con representación en el Congreso reciben subvenciones anuales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para atender sus gastos de funcionamiento, además de las subvenciones electorales y otras aportaciones públicas.
Esto tiene una consecuencia que el votante debería conocer: quien introduce una papeleta para impedir que gobierne determinado partido contribuye también, mediante los impuestos que paga, a financiar a esa misma organización si reúne los requisitos para recibir subvenciones públicas. Vota contra ella, pero el sistema que sostiene con sus impuestos también la financia.
La concepción del Estado de partidos desarrollada por Gerhard Leibholz permite comprender esta relación: los partidos dejan de ser meras asociaciones de la sociedad para adquirir una posición institucional dentro del Estado, hasta el punto de ser considerados órganos del Estado.
Las organizaciones que compiten por el reparto del poder forman parte, al mismo tiempo, de la estructura que las sostiene y financia.
¿Y qué ocurre si votas en blanco o nulo?
Tampoco estas dos opciones tienen el mismo efecto.
El voto en blanco es un voto válido. No se adjudica a ninguna candidatura ni entra en los cocientes de D'Hondt, pero sí se suma al total de votos válidos de la circunscripción. Por tanto, puede elevar el número de votos necesario para superar el umbral del 3 % y dejar fuera del reparto a alguna candidatura.
El voto nulo, por el contrario, no es válido y no interviene ni en el cálculo de ese umbral ni en el reparto de escaños. Se contabiliza como participación, pero no produce efecto alguno en la adjudicación.
Ninguna de estas dos opciones permite elegir representantes, decidir quién presidirá el Gobierno o controlar posteriormente a quienes ocupan las instituciones. Ambas, sin embargo, contribuyen a legitimar las reglas del juego tal y como están establecidas, aunque quien las utiliza crea estar manifestando su oposición al sistema. El rechazo expresado en la papeleta no altera las reglas ni impide que el proceso siga adelante.
Queda una cuarta posibilidad: abstenerse. Quien considera que las reglas del juego no son justas y no quiere contribuir a su legitimación puede optar por no participar. La abstención no altera jurídicamente el resultado ni impide que el procedimiento siga adelante, pero expresa una negativa a tomar parte en él. A diferencia del voto blanco o nulo, no introduce ninguna papeleta en el mecanismo electoral. Es, por tanto, una forma de no participar en aquello que se considera carente de legitimidad política. Su función es la deslegitimación.
¿Y después de votar, qué?
El votante deposita su papeleta y, a partir de ese momento, pierde toda capacidad institucional directa sobre el destino político de su voto. No ha elegido individualmente a sus diputados, no ha elegido directamente al presidente, no ha decidido los pactos que determinarán la formación del Gobierno y no puede exigir judicialmente el cumplimiento de las promesas electorales.
Su intervención se reduce a participar periódicamente en la distribución de escaños entre las organizaciones partidistas.
Eso es lo que debemos comprender antes de acudir nuevamente a las urnas: participar no es necesariamente decidir; votar no significa elegir representantes; y depositar una papeleta no otorga por sí mismo capacidad de control sobre quienes ejercerán el poder.
La democracia formal exige representación política y separación de poderes. Sin ambas condiciones, la participación electoral no puede confundirse con el ejercicio de la libertad política.
La pregunta del título sigue esperando respuesta: ¿dónde va tu voto?
Va a engrosar una cifra colectiva, contribuye al reparto de escaños y termina en manos de unas organizaciones que deciden qué hacer con los resultados.
Y después te piden que vuelvas a participar.







