NO ES DEMOCRACIA

 

EL HOMBRE DEL ESPEJO

 La reflexión requiere una cantidad enorme de energía y tiempo, es una actividad exigente que demanda práctica y constancia. No es de extrañar pues, que la comodidad intelectual de admitir tópicos y conceptos ya elaborados, tenga una aceptación tan rápida y extendida. Cualquier explicación rápida y sencilla nos libera del trabajo de reflexionar, si a esta explicación añadimos un componente pasional, pocos son los que pueden escapar a los encantos de lo fácil. Sin embargo, lo fácil, no tiene que ser necesariamente lo que nos conviene. De ahí la importancia de la reflexión, ese ejercicio que nos ha de conducir, si se ejecuta con honestidad intelectual, a una claridad que nos permita tomar la decisión propia.

Si hay una parcela de nuestras vidas donde nuestros intereses están realmente en juego, esa es la de lo político (lo que a todos afecta). Es aquí donde la reflexión debería estar presente en todo momento y sin embargo la demagogia nos llevará, de la mano de las pasiones, a los caminos que nos alejan de la razón si no se toman las precauciones pertinentes.

Lo fácil es culpar a la clase política de los problemas, elegir un bando (color, ideología) y culpar, al contrario, o simplemente, dejarse hacer, porque buscar una solución requiere esfuerzo. Lo necesario para nuestros intereses es, por el contrario, reflexionar sobre lo que existe. Es buscar las causas de las consecuencias que vemos y padecemos.

Preguntarse por qué en España existen leyes que no responden a los intereses de los españoles sería un buen comienzo. Enseguida veríamos, que las leyes, no las hacen los españoles sino los partidos políticos. Preguntarse quién es mi diputado, nos demostraría que no existen representantes de la sociedad, sino empleados de los partidos, pues no hay representación política. Preguntarse por qué son los partidos los que eligen jueces, nos demostraría que no hay independencia judicial. Preguntarse por qué todos los presidentes del gobierno anuncian las leyes que harán, cuando el poder ejecutivo no está para crear leyes sino para ejecutarlas, revelaría la falta de separación de poderes. Serían todas estas cuestiones la manera de revelar la única conclusión posible y ésta es, que lo que existe en España no se corresponde con la definición de Democracia.

Si no es Democracia, tal como los hechos demuestran, tendrá que ser otra cosa lo que hay en España como forma de gobierno. Con un poco de interés, pronto se puede averiguar que lo que existe hoy se llama Estado de Partidos y que sus características responden a lo que vemos, es decir, ausencia de representación política de los gobernados, partidos estatales y por supuesto nada de separación de poderes. Aprenderíamos que con esta forma de gobierno los votantes se convierten en legitimadores de lo que existe y responsables directos de las acciones del Estado, por muy indignas que éstas nos parezcan. Y llegaríamos a la claridad de ver, que el culpable de las consecuencias que padecemos, es el mismo que sostiene las causas que las provocan, es decir el hombre del espejo.

No son los gobiernos, no son los presidentes, no es el partido, es la forma de gobierno la fuente causal de todo cuanto vemos y es ese hombre del espejo el que lo apoya y sostiene cuando deposita su voto en una urna sin Democracia. Es ahí donde comienzan sus problemas y es ahí donde está la solución que nos muestra la razón obtenida mediante la reflexión. Dejar de sostener lo que nos perjudica, es el paso inteligente que ha de dar cualquiera que quiera mirarse al espejo sin un sentimiento de culpa. No vote y mírese al espejo con dignidad pues usted ya no será sostén de la falta de Libertad y de Democracia.

Falso espejo de Magritte | Rene magritte

 

EL MANDATO IMPERATIVO

 

REVOLUCIÓN POLÍTICA

 Hay una paradoja que define nuestro tiempo político: nunca se habla tanto de cambio y, sin embargo, nunca ha parecido tan difícil que ocurra uno verdadero. La palabra “revolución” ha sido domesticada hasta convertirse en un eslogan publicitario o en una promesa electoral vacía. Pero si observamos con atención la estructura real del poder en España, dentro del llamado Estado de Partidos, la pregunta relevante no es por qué no hay una revolución, sino por qué ha llegado a hacerse impensable incluso cuando sobran motivos para ella.

La respuesta no está en la ausencia de problemas, ni siquiera en la falta de descontento. España arrastra desequilibrios económicos, frustración generacional, descrédito institucional y una creciente desconfianza hacia la clase política. Y, sin embargo, nada de eso desemboca en una impugnación efectiva del régimen. Al contrario: todo parece reconducirse, una y otra vez, hacia su propia reproducción. El régimen absorbe la crítica, la metaboliza y la devuelve convertida en una variante de sí mismo.

Esto no es casual. Las grandes transformaciones políticas nunca han surgido simplemente del malestar. Surgen cuando ese malestar coincide con una conciencia clara de sus causas y con la existencia de una alternativa imaginable. Hoy, en España, ni lo uno ni lo otro se da plenamente. El malestar existe, pero está fragmentado, disperso en múltiples reivindicaciones parciales. Y la alternativa —una verdadera Democracia Formal basada en la Libertad Política— apenas forma parte del horizonte mental de la mayoría.

El Estado de Partidos ha logrado algo extraordinariamente eficaz: presentarse como sinónimo de democracia. Esta identificación es el pilar de su estabilidad. Mientras los ciudadanos crean que votar cada cuatro años a listas elaboradas por cúpulas partidistas equivale a ejercer control al poder, no habrá impulso suficiente para cuestionar el régimen. Pero conviene decirlo con claridad: acudir a las urnas, tal como está configurado, no hace posible la Libertad Política. Es, en el mejor de los casos, un mecanismo de legitimación periódica de decisiones que los ciudadanos no controlan.

En España no gobiernan los ciudadanos, ni siquiera sus representantes. Gobiernan los partidos estatales. Son ellos quienes elaboran las listas, quienes deciden quién entra y quién queda fuera, quienes imponen la disciplina interna y quienes, en última instancia, controlan tanto el poder legislativo como el ejecutivo. Incluso el poder judicial, que debería ser independiente, se encuentra condicionado por acuerdos y repartos que responden a intereses partidistas. Hablar de separación de poderes en este contexto es, como mínimo, una exageración.

¿Por qué, entonces, no hay una reacción más contundente frente a esta realidad? Precisamente porque el régimen ha aprendido a suavizar sus aristas. No se presenta como una estructura opresiva, sino como un marco de derechos y oportunidades. Y, en parte, lo es. El desarrollo del Estado del bienestar, la ampliación de libertades civiles y la mejora de las condiciones materiales de vida han generado una base de estabilidad que reduce la percepción de urgencia. No vivimos en una situación de miseria generalizada que empuje a la desesperación. Pero tampoco en una democracia que garantice la libertad política.

Esta zona intermedia es la más resistente al cambio. Cuando la opresión es evidente, la rebelión se vuelve legítima, comprensible y apremiante. Cuando la libertad es real, la estabilidad se justifica por sí misma. Pero cuando se mezclan elementos de ambas —cierto bienestar con ausencia de capacidad de decisión— lo que se produce es una especie de conformismo crítico: se protesta, se vota, se debate… pero no se piensa en revolución.

A esto se añade otro factor decisivo: la complejidad del sistema. El Estado de Partidos no es solo un conjunto de instituciones políticas; es una red que incluye medios de comunicación, estructuras administrativas, organizaciones económicas y dinámicas sociales profundamente interconectadas. Alterar uno de sus elementos implica afectar a todos los demás. Esta interdependencia actúa como un mecanismo de defensa frente a cualquier intento de cambio estructural.

Incluso las fuerzas que nacen con vocación de ruptura acaban integrándose en esta lógica. Lo hemos visto repetidamente: nuevos partidos que irrumpen con un discurso crítico terminan adoptando las prácticas que decían combatir. No se trata necesariamente de una traición consciente, sino de la fuerza de un sistema que premia la adaptación y castiga la disidencia real. Para operar dentro de él, hay que aceptar sus reglas. Y al aceptarlas, se renuncia a transformarlo.

Por eso, si hablamos de revolución hoy, no podemos pensar en los términos clásicos de insurrección violenta o ruptura abrupta. No solo porque sería indeseable, sino porque sería inviable. Las condiciones sociales, económicas y culturales no conducen a ese tipo de escenarios. Pero eso no significa que el cambio profundo sea imposible. Significa que debe adoptar otra forma: la de una revolución política no violenta.

Pero hay una razón más profunda —y más inquietante— que explica por qué la idea misma de revolución ha dejado de formar parte del horizonte mental de los ciudadanos. No se trata solo de estabilidad institucional o de complejidad del régimen, sino de una transformación en la psicología colectiva.

En una sociedad donde la igualdad relativa se combina con la búsqueda constante de bienestar, el individuo medio no percibe con claridad qué podría ganar con una ruptura política. En cambio, imagina con nitidez lo que podría perder. Su empleo, su vivienda, su seguridad, su entorno cotidiano. No se trata de pérdidas reales e inevitables, sino de escenarios anticipados que adquieren, en su mente, una fuerza casi tangible. La imaginación del riesgo opera así como un mecanismo de contención más eficaz que cualquier coerción externa. La revolución deja de aparecer como una posibilidad de mejora y pasa a ser interpretada como una amenaza. Y cuando la expectativa de pérdida —aunque sea hipotética— pesa más que la posibilidad de ganancia, la inacción se impone como comportamiento dominante.

Este fenómeno se acentúa por la orientación vital de los ciudadanos. La mayoría no vive pendiente de cuestiones políticas estructurales, sino absorbida por sus proyectos personales: mejorar su nivel de vida, asegurar su futuro, sostener su entorno familiar. En ese contexto, cualquier apelación a transformaciones profundas del sistema político aparece como una perturbación indeseable. No solo no se desea una revolución: se desea activamente que no ocurra nada que altere el curso de la vida cotidiana.

De ahí que las pasiones políticas intensas hayan perdido fuerza. No porque no existan conflictos, sino porque estos se canalizan dentro de los márgenes del propio régimen. La energía social no desaparece, pero se disuelve en debates, elecciones y alternancias que no cuestionan lo esencial. El resultado es un tipo de estabilidad que no nace de la satisfacción plena, sino de la adaptación.

A esto se suma un factor decisivo: el peso de la opinión dominante. En una sociedad donde los individuos se perciben como relativamente iguales, la fuerza de la mayoría no necesita imponerse mediante coerción directa. Basta con su reconocimiento social. La aprobación colectiva se convierte en una forma de validación imprescindible, y su ausencia en una forma de exclusión difícil de soportar.

No es necesario prohibir ideas disidentes para que desaparezcan; basta con situarlas fuera del consenso aceptable. Quien se aparta de la opinión dominante no se enfrenta tanto a la represión como al aislamiento. Y el aislamiento, en sociedades densamente interconectadas, actúa como un mecanismo de corrección extremadamente eficaz. No se castiga tanto lo que se dice como el hecho de decirlo fuera de lugar.

En estas condiciones, la presión de la mayoría no solo limita la acción, sino que moldea el pensamiento. El individuo no solo duda de la viabilidad de sus ideas, sino incluso de su legitimidad. Cuando una posición no es compartida por la mayoría, tiende a percibirse como errónea, no necesariamente por sus argumentos, sino por su falta de respaldo. La convicción cede ante el consenso.

Este fenómeno es especialmente relevante para entender por qué una transformación política profunda no puede surgir hoy de una explosión violenta. No hay base psicológica ni social para ello. No existe una masa dispuesta a arriesgarlo todo, ni una conciencia colectiva que legitime una ruptura abrupta. Pretenderlo no solo sería irreal, sino contraproducente: reforzaría precisamente los mecanismos de defensa del régimen.

Por eso, la única revolución posible en un contexto como el español es necesariamente pacífica. Pero conviene precisar qué significa esto. No se trata de una reforma concedida desde arriba ni de un simple relevo electoral. Se trata de un proceso de cambio en el que la legitimidad se desplaza gradualmente desde el régimen hacia un nuevo modelo basado en la Libertad Política.

Ese desplazamiento comienza cuando una parte significativa de la sociedad deja de identificarse con las reglas del juego existentes. No se trata de una retirada pasiva, sino de una toma de posición activa: comprender que la legitimidad no reside en lo establecido, sino en su adecuación a principios superiores. Cuando esa comprensión se extiende, el régimen sigue funcionando formalmente, pero pierde su fundamento real.

En ese momento, la cuestión decisiva es qué ocupa ese vacío. Porque ningún sistema cae simplemente por desgaste; necesita ser reemplazado por otro que sea percibido como más justo, más racional y más acorde con las aspiraciones de la sociedad. De ahí la importancia de definir con precisión qué entendemos por Democracia Formal.

Esa alternativa pasa por la representación real, la separación efectiva de poderes y la existencia de mecanismos de control ciudadano que no dependan de la voluntad de quienes ejercen el poder. Supone reconstruir la relación entre gobernantes y gobernados sobre bases de responsabilidad, y no de obediencia.

La cuestión, por tanto, no es si España necesita o no una transformación política profunda. La cuestión es si será capaz de llevarla a cabo de manera consciente, ordenada y no violenta, o si dejará que el deterioro del sistema genere tensiones que escapen a ese control. En este sentido, la revolución política no violenta no es una amenaza, sino una oportunidad: la de reconstruir el marco institucional sobre bases que garanticen la Libertad Política y hagan posible una Democracia Formal. Mantener el statu quo entraña más riesgos que apostar por el porvenir; la verdadera temeridad es elegir la servidumbre por temor a dar el paso necesario.

Se trata de reconocer los límites del régimen actual y superarlos. De pasar de una situación en la que los ciudadanos solo pueden ratificar a otra en la que puedan determinar realmente quién les representa y cómo se ejerce el poder. De sustituir la lógica de la obediencia partidista por la de la responsabilidad política.

Las grandes revoluciones se han hecho raras porque los sistemas políticos han aprendido a prevenirlas. Pero esa misma capacidad de adaptación puede convertirse en un obstáculo para el progreso si impide abordar reformas necesarias. La historia no ha terminado. La posibilidad de cambio sigue ahí, aunque adopte formas distintas a las del pasado.

La pregunta es si estamos dispuestos a asumir lo que implica: pensar por nosotros mismos, cuestionar lo establecido y comprometernos con un proyecto que vaya más allá de la alternancia entre partidos. Porque, en última instancia, la Libertad Política no es algo que se conceda desde el poder. Es algo que se conquista y se sostiene desde la ciudadanía.

El hijo del hombre de René Magritte.

 

VOTAD HASTA QUE NO QUEDE NADA

 

LA LEGITIMACIÓN SIN REPRESENTACIÓN

 En una democracia formal, la legitimidad del poder procede del control efectivo de los gobernados sobre quienes gobiernan. Elegir, controlar y deponer no son actos simbólicos, sino facultades reales que obligan al poder a responder ante la sociedad. En el Estado de Partidos, esta relación se invierte: el poder no depende de los ciudadanos, pero necesita presentarse como si dependiera de ellos.
La legitimación sustituye así a la representación. Allí donde el ciudadano no puede elegir personas concretas ni controlar su conducta política, se le ofrece la posibilidad de ratificar periódicamente un orden ya constituido. El acto de votar deja de ser un medio de decisión y se convierte en un ritual de confirmación.
Este mecanismo tiene una consecuencia decisiva: el desacuerdo social no se traduce en cambio político. La frustración se acumula, pero no encuentra cauces institucionales para expresarse. El consenso entre partidos bloquea cualquier posibilidad de transformación del orden político desde dentro, al tiempo que se presenta como garantía de estabilidad y responsabilidad.
La legitimación periódica cumple además una función psicológica y moral. Permite al ciudadano percibirse como partícipe de un proceso político del que, en realidad, está excluido. Se genera una sensación de implicación que neutraliza la protesta y desplaza el malestar hacia el terreno de la queja privada o la desafección cínica.
En este contexto, las votaciones periódicas no cumplen la función de elegir gobernantes en sentido político, sino la de renovar la legitimación del mismo orden. El ciudadano asiste, pero no decide. Se le convoca, pero no se le reconoce poder constituyente ni poder de control ni participación real.
La eficacia del régimen reside precisamente en su apariencia democrática. Al existir campañas, urnas, recuentos y alternancia, se refuerza la creencia de que el poder surge de la sociedad. Pero esta apariencia oculta un hecho esencial: las reglas del juego no pueden ser modificadas por los jugadores. El marco político permanece intacto con independencia de los resultados.
Por esta razón, la estabilidad del Estado de Partidos no se basa en el consenso social real, sino en la imposibilidad institucional de que el disenso se traduzca en poder político. La legitimación sustituye a la libertad política, y la obediencia periódicamente refrendada neutraliza todo intento de reforma desde la sociedad.
Comprender esta dinámica permite explicar por qué el régimen puede mantenerse incluso en contextos de profundo descontento social. Mientras el ciudadano confunda votar con decidir y legitimación con representación, el poder seguirá protegido frente a cualquier control democrático real. 

 

LA NACIÓN NO ES UN PROYECTO

 

NO HAY NACIONALISMO INOCENTE

 Nada hay más engañoso, ni más eficaz para desviar la atención de los verdaderos problemas políticos, que presentar el nacionalismo como una emanación natural de los pueblos, como si en él hablara la voz profunda de la historia y no, como en realidad sucede, la ambición circunstancial de las élites que buscan en la debilidad del Estado la ocasión propicia para rehacer, en su propio beneficio, el mapa del poder.

Porque si algo enseña la experiencia histórica, y la enseña con una claridad que sólo la ceguera ideológica puede negar, es que el nacionalismo no ha sido nunca un movimiento espontáneo de las masas, ni una necesidad vital de los pueblos, sino una construcción intelectual y política elaborada por minorías dirigentes que, incapaces de imponerse en el marco general del Estado, han encontrado en la invocación de una supuesta identidad nacional el instrumento más adecuado para legitimar sus aspiraciones de mando.

De ahí que el nacionalismo, lejos de ser la expresión de una conciencia colectiva preexistente, sea, por el contrario, el artificio mediante el cual se pretende crear esa conciencia, atribuyéndole después el carácter de fundamento originario. Se invierte así el orden de la realidad: lo que es producto se presenta como causa, y lo que es estrategia se disfraza de destino.

Y no es casual que este fenómeno aparezca, con insistente regularidad, en los momentos de crisis del Estado. Cuando el poder político pierde su capacidad de integración, cuando deja de ofrecer a los ciudadanos un marco estable de convivencia y de representación, surge el nacionalismo como respuesta sustitutiva, no para resolver esa crisis, sino para explotarla. Allí donde el Estado no logra articular la unidad política, el nacionalismo introduce la división como principio de acción.

Pero el error más grave, y el más extendido, consiste en confundir la intensidad de los sentimientos con la legitimidad de sus consecuencias políticas. Que existan afectos, lenguas, tradiciones o memorias diferenciadas no implica, en modo alguno, la necesidad de convertir esas diferencias en fronteras políticas. Sólo una concepción profundamente errónea de la nación puede llevar a identificar la riqueza de lo plural con la exigencia de la separación.

En realidad, el nacionalismo no defiende la diversidad; la utiliza. No protege las diferencias; las instrumentaliza. Y lo hace subordinándolas a una idea previa de identidad que, para afirmarse, necesita excluir todo aquello que no encaje en su definición. Por eso su lógica interna es necesariamente reductora: simplifica lo complejo, uniformiza lo diverso y transforma en antagonismo lo que en la vida social es mera coexistencia.

Ahora bien, sería un grave error limitar este análisis a los llamados nacionalismos periféricos, como si el problema residiera únicamente en quienes se oponen al Estado desde posiciones separatistas o autonomistas. Existe también, y no menos peligroso, un nacionalismo de Estado que, bajo la apariencia de neutralidad institucional, identifica la nación con el aparato de poder y convierte a éste en su intérprete exclusivo.

Ambas formas de nacionalismo —la que combate al Estado y la que se confunde con él— participan de una misma falsificación: la de suponer que la nación es una realidad disponible para la acción política, algo que puede ser redefinido, ampliado, fragmentado o reconstruido según las necesidades del poder. Y, sin embargo, la nación, en cuanto hecho de existencia histórica, es radicalmente ajena a esas operaciones.

La nación no es un proyecto, ni un programa, ni una idea que deba realizarse. No es algo que pueda decidirse, ni negociarse, ni someterse a votación. Es, simplemente, aquello en lo que se nace, se vive y se muere; una realidad previa a toda voluntad política, que no depende ni de la libertad de los individuos ni de la del Estado para afirmarse o desaparecer.

Precisamente por eso, porque la nación no es objeto de la libertad, sino su condición, resulta tan profundamente perturbador el intento de someterla a las decisiones del poder político. Cuando el Estado se arroga la facultad de modificar la base nacional sobre la que se asienta, deja de ser un instrumento de organización para convertirse en un agente de desintegración.

Y esto es lo que sucede cuando, bajo la apariencia de libertad, se concede al poder político un amplio margen para intervenir sobre la propia realidad nacional —alterando su equilibrio histórico y territorial— mientras se priva a los ciudadanos de la única libertad capaz de limitar ese poder: la de elegir y controlar directamente a sus gobernantes. De este modo, el Estado adquiere una peligrosa autonomía frente a la nación, pero no queda verdaderamente sometido a la voluntad de los ciudadanos.

En este contexto, el nacionalismo aparece no como la causa, sino como el síntoma de una patología más profunda: la ausencia de libertad política. Allí donde los ciudadanos carecen de los medios efectivos para controlar el poder, las ideologías identitarias encuentran un terreno fértil para su expansión, ofreciendo una falsa solución a un problema real.

Pero esa solución es ilusoria. El nacionalismo no corrige las deficiencias del Estado; las agrava. No restablece la unidad política; la fragmenta. No amplía la libertad; la restringe. Y, sobre todo, no sustituye la falta de representación por una forma superior de participación, sino por una nueva forma de subordinación, esta vez en nombre de la identidad.

Por ello, la oposición entre nacionalismo y Estado es, en última instancia, una falsa oposición. Ambos pueden coincidir, y de hecho coinciden, en un mismo resultado: la subordinación de la sociedad a un poder que se legitima a sí mismo, ya sea en nombre de la unidad o de la diferencia. Lo que se enfrenta, en realidad, no son dos concepciones de la nación, sino dos formas de apropiación política de una realidad que ninguna de ellas ha creado.

La verdadera alternativa no consiste, por tanto, en elegir entre uno u otro nacionalismo, ni en reforzar el Estado frente a ellos, sino en transformar radicalmente el régimen político que hace posible su existencia. Sólo allí donde el poder esté efectivamente sometido al control de los ciudadanos, donde la representación sea real y no ficticia, donde la libertad política deje de ser una apariencia para convertirse en una facultad efectiva, podrá neutralizarse la permanente tentación de convertir la nación en instrumento de dominación.

Porque, en definitiva, el nacionalismo no prospera por la fuerza de sus ideas, sino por la debilidad de las instituciones que deberían hacerlas innecesarias. Y mientras esa debilidad persista, seguiremos asistiendo, bajo formas cambiantes, al mismo espectáculo: el de una nación utilizada por el poder contra los ciudadanos, y de unos ciudadanos privados del poder necesario para impedirlo.

 Study after Velázquez's Portrait of Pope Innocent X — Francis Bacon

 

ANÁLISIS POLÍTICO

 

LA ILUSIÓN DE DEMOCRACIA EN LOS ESTADOS DE PARTIDOS

 En muchas sociedades modernas existe una sensación extendida de vivir en democracia, como si la libertad política fuera un hecho asegurado. Sin embargo, esa percepción es sólo una apariencia. Los pueblos suelen aferrarse a aquello que les da cierta tranquilidad, aunque sea falso, y rara vez desean un cambio real cuando creen que ya lo poseen. Por eso, sólo los grandes acontecimientos o crisis profundas sacan a la luz las verdaderas causas del malestar político.

Mantener la vieja división entre derecha e izquierda como si aún tuviera poder para transformar la vida pública es la trampa oligárquica que mantiene a la sociedad castrada. Cuando los partidos se integran en el Estado y pasan a depender de él, esa diferencia pierde su sentido original. Todos terminan conservando el mismo tipo de poder y protegiendo su posición dentro del régimen. Lo que antes distinguía unas ideologías de otras queda reducido a etiquetas que ya no describen la realidad política, aunque sigan presentes en la vida social.

Este fenómeno no es nuevo. A finales del siglo XX hubo momentos decisivos que lo hicieron visible. Las revueltas estudiantiles del 68 o la propia Transición española mostraron que los partidos, pese a sus discursos opuestos, actuaban como un bloque unido cuando se trataba de mantener intacto el orden que los sostenía. En ambos casos, el temor a la inestabilidad fue utilizado para desactivar cualquier impulso de cambio profundo y para consolidar un régimen donde las élites políticas quedaran protegidas y reforzadas.

A ello se suma el mito de la unidad, que se presenta como una condición necesaria para alcanzar la libertad. Se proclama que “la unión hace la fuerza”, pero esta idea puede convertirse en un dogma que obliga a renunciar a principios fundamentales del pluralismo político. La auténtica unidad sólo puede surgir de un acto libre de constitución, no de la presión interna ni del miedo. Salvo en situaciones de guerra, ningún movimiento de liberación ha producido por sí mismo una unidad política real, porque la libertad no nace de imponer unanimidad, sino de garantizar la diversidad.

El mito más poderoso, sin embargo, es el de la soberanía popular. Se invoca el nombre del pueblo como si fuera una autoridad absoluta que legitima todo. Pero cuando esta idea se usa desde estructuras de poder cerradas, el pueblo se convierte en una simple excusa. Los Estados de Partidos emplean esa soberanía como un disfraz: hacen creer que representan la voluntad general, cuando en realidad identifican su propio interés con el del conjunto de la sociedad. Así, la falsa democracia no es un sistema basado en la representación de los ciudadanos, es una careta que oculta la concentración del poder.

Es letal confundir la estabilidad política con la libertad, las etiquetas ideológicas con auténticas alternativas y la retórica democrática con democracia verdadera. Reconocer esta diferencia es el primer paso para alcanzar la libertad política, aquella que sólo puede existir cuando existe representación política y separación de poderes.

 El triunfo de la muerte de Pieter Bruegel el Viejo.

 

QUE NO SE VOTE

 

LA MANIPULACIÓN DEL LEGUAJE. UNA BARRERA DE LA CONCIENCIA.

 En la España de la partidocracia se ha instalado la mentira para ocultar la ausencia de Libertad que sufrimos desde hace décadas. Del mismo modo y con los mismos argumentos irracionales que durante la dictadura se le decía a la Nación española que disfrutaba de una Democracia Orgánica, se le dice hoy que en 1978 España se dotó de una Constitución y se decidió la Democracia como forma de gobierno.

Basta observar y reflexionar sobre estos conceptos para descubrir la mentira y pese a ello la sociedad recibe constantemente el machacante golpe de la propaganda estatal que convierte la mentira en “la verdad oficial”. Todo un mecanismo de manipulación del lenguaje está en marcha para enmarañar las mentes de tal modo que resulte imposible discernir las cuestiones más elementales. Lo que el escritor George Orwell denominó “La Neolengua” en su novela 1984, término que hoy se utiliza para señalar un lenguaje político mediático destinado a impedir la capacidad de concebir ciertas ideas. Se trata de transformar las palabras y la gramática con el objetivo de impedir todo pensamiento subversivo.

Si el pensamiento requiere de las palabras y las que utilizamos determinan nuestro pensamiento, es evidente que un lenguaje pobre generará, necesariamente, un pensamiento pobre y por consiguiente la imposibilidad de contestación. El totalitarismo moderno no busca la dominación de los cuerpos por la fuerza, sino la dominación de las conciencias. Dominadas éstas, el individuo puede obrar “libremente” pues solamente podrá pensar aquello que se le ha inculcado. No hay necesidad de represión física cuando no existe contestación. La manipulación de las conciencias es el arma más poderosa del totalitarismo. Una amenaza física no puede ser ignorada, una pistola apuntándote es un mensaje claro, en cambio la manipulación mental efectiva es casi imposible de detectar. El individuo manipulado, por definición, no sabe que lo está. Solo después de salir de una manipulación el individuo es capaz de reconocer que ha sido manipulado. La información, la ideología, la propaganda, todo obra a la conformación del pensamiento, es el arma perfecta. Una vez que una idea es aceptada no hay necesidad de imponerla, es el individuo el que se la impone.

Creer que se es libre, sin serlo, supone defender el status quo creyendo que la idea viene de nuestro interior y no de un condicionamiento exterior. La fuerza de la propaganda reside en el hecho de creerse dueño de nuestro pensamiento sin ver que en otro contexto ideológico nuestro pensamiento no sería el mismo. “Pensar por uno mismo” es algo tantas veces repetido que nos resulta extraño siquiera cuestionarlo. Pero ¿qué es pensar por si mismo? Acaso no se piensa a partir de una base de conocimiento y experiencia, base que solo puede ser expresada por medio del lenguaje. El lenguaje es la estructura del pensamiento, la materia misma del pensamiento. Tal y como describe Wittgenstein “Los límites de nuestra lengua son los límites de nuestro mundo”

El objetivo pues, es la manipulación del lenguaje con el objetivo de manipular el pensamiento. La manipulación de hechos históricos es el medio más eficaz de inculcar en el pensamiento la ideología que mejor sirva a los intereses del poder. Si se habla de Transición en lugar de reforma, Democracia en lugar de Estado de Partidos y Libertad en lugar de Servidumbre se sirve al interés del poder. Solo mediante el conocimiento de la verdad de los hechos se llega a la conclusión que ir contra la verdad es ir contra la Libertad (Verdad=Libertad). En el Estado totalitario moderno la represión ha dejado de ser física para pasar a ser represión del pensamiento. Estado totalitario es aquel que va a impedir la posibilidad misma de la acción subversiva, de la concepción misma de la idea de subversión. El delito de opinión no es más que la dulcificación de la idea del delito de pensamiento. El terrorismo intelectual es el conjunto de mecanismos que en primer lugar trata de impedir ciertas ideas y que seguidamente trata de impedir siquiera la concepción de esas ideas. Es sencillo criminalizar el pensamiento, basta con criminalizar la expresión del mismo y la sociedad se encargará del resto.

Cualquiera que posea una conciencia que funcione no puede negar un hecho objetivo, ocultarlo o disfrazarlo es mentir intencionadamente. Para evitar siquiera que ese conflicto personal suceda, que el individuo pueda llegar a percibir que miente o que vive en la mentira, se manipula el lenguaje para que no pueda haber diferencia apreciable entre verdad y mentira. Transformar el lenguaje hasta el punto de impedir la expresión misma de lo que es verdad o mentira, impedir, en definitiva, cualquier oposición al poder. No solo se trata de manipular la información y los hechos, se trata de manipular el pensamiento mismo. Nada mejor por tanto que manipular las palabras que permiten ese pensamiento.

La manipulación del lenguaje funciona bajo dos principios, la reducción y la disonancia.

La reducción es la supresión de ciertas palabras que se juzgan inútiles. Un empobrecimiento del lenguaje conlleva inevitablemente un empobrecimiento del pensamiento. Nuestras ideas dependen de las palabras, menos herramientas para pensar, menos posibilidades de desarrollar un pensamiento complejo, menos capacidad para definir y mostrar conceptos.

Un español utiliza de media 5000 palabras, un pequeño porcentaje del léxico disponible, pero para una información estrictamente práctica 300 palabras son suficientes. A menos palabras disponibles menor capacidad de abstracción y sin abstracción es imposible pensar el mundo que nos rodea más allá de la simple designación de objetos. El concepto “poder político” requiere una capacidad de abstracción ya que no halamos de una entidad física, como el “Estado” o la misma “Libertad”. Sin embargo, estos conceptos son imprescindibles para poder pensar nuestra condición.

A menos palabras a disposición, más tranquilo está el poder. Creer que el poder va a favorecer el elitismo intelectual o escolar es ignorar los mecanismos reales de la dominación. La desculturización es el principal de esos mecanismos. Empobrecer el lenguaje es empobrecer el espíritu crítico, es fomentar un lenguaje incapaz de designar ciertas realidades. Para ver que el empobrecimiento del lenguaje es un problema hay que disponer del lenguaje que permita ver por qué es un problema. Una trampa perfecta.

Aquel que carece de los útiles par ver su propia dominación no puede concebir la idea misma de dominación, quien no sabe que no es libre no puede pensar en su servidumbre. Sin las herramientas del lenguaje los individuos carecen de la capacidad de oponerse al poder. ¿cómo oponerse a algo que no se sabe que existe?

Empobrecer el lenguaje es matar en la conciencia de los hombres, el pensamiento que podría hacer nacer en su interior su deseo de ser libres. No hay deseo de libertad sin conciencia de nuestra servidumbre y no puede haber conciencia de la servidumbre sin las palabras para explicarla. ¿Cómo luchar por la Libertad cuando no se sabe lo que la palabra Libertad quiere decir?

El Imperio de las Luces — René Magritte 

 

DEMOCRACIA FORMAL (DEFINICIÓN)

 

IGUALDAD

 La confusión que existe en España, en lo que respecta a la forma de organización política de la sociedad, impide que una gran mayoría de los españoles comprenda su situación. Una sociedad muerta, en términos políticos, que no hace nada para entender las causas de los males y abusos que padece -pese a ser algo que está a la vista de cualquiera- y que se limita a la rabieta infantil ante las leyes que se le imponen, cuando no al cacareo de consignas ideológicas que ha visto o leído en los medios propagandísticos del Estado.

Basta acudir al rito de la urna sin Democracia, para durante cinco minutos, creerse capaz de ser ciudadano activo e incluso salvador de España. Suficiente, eso es todo lo que están dispuestos a hacer. Así lavan sus conciencias y así perpetúan sus males. De ese modo se ciñen el yugo creyendo que eligen algo o a alguien. Y dentro de cuatro años, otra vez, pues de todos es sabido que, si se hace siempre lo mismo, el resultado cambia. Y tras 45 años, todo sigue igual.

Los españoles que votan han conseguido, sin saberlo, la igualdad. No la igualdad ante la ley ni la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de todos los gobernados, pues del mismo modo que en una verdadera Democracia todos los gobernados son iguales porque lo son TODO, en el Estado de Partidos todos son iguales porque no son NADA.

Iguales en la servidumbre y la falta de Libertad, iguales en la falta de control del poder e igualmente indefensos sin una Constitución que garantice sus derechos. Qué maravilla de igualdad para aquellos que no son iguales, para aquellos que mantienen el poder “atado y bien atado”. Qué fácil gobernar al pueblo español que desea seguir ignorante y servil no importando los desprecios que reciba ni las humillaciones que soporte, “que me roben los míos”. Qué importa, si ya somos todos iguales, pues ya todos somos LA NADA.

 

ABSTENCIÓN EN CONCIENCIA

 

EL ENEMIGO

 A los repúblicos se nos tacha de utópicos o de estúpidos por pretender cambiar el régimen monárquico por una República Constitucional. Quien así lo hace, no comprende que nosotros sabemos muy bien, que la denuncia de la ilegitimidad democrática de esta Constitución, no puede cambiar este régimen por si misma.

Nuestro objetivo, nuestro verdadero enemigo, no es el orden político establecido. El enemigo es la mentira. La ilusa opinión ideológica que afirma que este orden político es democrático.

Creer que pueda haber alguna posibilidad de tocar siquiera ese orden, sin vencer primero la mentira que lo sostiene y protege, es de una ingenuidad temeraria.

Esa mentira ilusoria, que es hoy hegemónica, y que está firmemente arraigada en el pensamiento común, no es otra que la creencia de que se vive en democracia. Ahí es donde está la lucha y el empeño de los repúblicos. Una lucha sin ruido ni estridencias, con la paciencia y la prudencia propias de la acción política inteligente, hasta que llegue el momento de que la hegemonía cultural de la Libertad-Política sea una realidad. Con la ilusión realista de la democracia formal de la República Constitucional.

“No hay nadie más odiado que aquel que dice la verdad” como expresó Platón. Y poco nos importa eso a los que nos mueve la pasión por la Libertad. Nadar a contracorriente nunca ha sido fácil, pero el ideal que perseguimos, nos impulsa con fuerza acompañados por la alegría de saberse portadores de la clave para humanizar al Estado. Perseguimos la mentira impávidos ante la incomprensión y el rechazo.

Romper la ilusión dañina que crea la propaganda con el fin de alienar las conciencias, hasta que alcancen el éxtasis en su propia dominación, es nuestro cometido. Si no se saca a la sociedad del actual infantilismo político que la domina y de su confortable ilusión, no hay ninguna posibilidad de progreso. De nada sirven las manifestaciones públicas y las marchas multitudinarias si no se alcanza antes un punto en el que se tache de ignorante y mentiroso a todo aquel que llame democrática a la Constitución del Estado de Partidos.

Llamar a las cosas por su verdadero nombre cambia la realidad de lo que se vive y se inicia un proceso ilusionante y realista por alcanzar lo que no se posee. No existe mayor prueba de la potencia de la acción de decir la verdad, que la represión que sobre el que la ejerce se aplica.

Bien saben lo peligrosos que somos para sus intereses y es cierto que nos consideran los únicos enemigos del Estado. Permitirán las manifestaciones contra el orden estatal y social pues la mentira les protege y no ven amenaza alguna en ellas, pues es cierto que no la hay. Dejar que se agoten y que se extinga, con el tiempo, la indignación que mueve al activismo y que regresen a la ilusión tranquilizadora. Que pierdan toda esperanza y cierren para siempre la entrada a las ideas de Libertad por actuar sin la prudencia que la titánica tarea de derrocar la mentira requiere. Activismo insensato tan enemigo de los repúblicos como lo es la mentira. Insensatez, sorda a toda advertencia, que dificulta aún más la labor de los repúblicos. Movimientos vacíos de verdadera acción. Niebla para cubrir la mentira y enmascararla aún más.

La acción ahora es, y no puede ser otra, que la de arrebatar de las conciencias la ilusión ideológica de vivir en democracia volviéndola insoportable, cosa que sólo se consigue con la verdad en el lenguaje y en los actos. Se debe sustituir por una nueva ilusión realista de alcanzar la Libertad-Política Colectiva que rompa la servidumbre voluntaria actual y que conduzca a la Democracia de la República Constitucional.

VERDAD=LIBERTAD

El Grito de Edvard Munch

 

 

 

LOS GOBIERNOS TIENEN EL PUEBLO QUE SE MERECEN

 

CONSTITUCIÓN, LA REALIDAD.

 Cuando existe un dictador o un monarca absolutos no hay necesidad de constituir el poder, este tipo de régimen goza de la soberanía única e indivisible, que separa en diferentes funciones. No hay control alguno a este tipo de poder. Quien tiene el control tiene la soberanía.

La revolución inglesa dividió la soberanía quitándole a los reyes la facultad de legislar dándosela a un parlamento elegido por el pueblo. La revolución francesa erradico la monarquía y reunió de nuevo todos los poderes en la Convención de diputados, dando a unos pocos, todo el poder que tuvieron los reyes. La revolución americana dividió y separó los poderes y los compuso en una Constitución para que no se reuniesen de nuevo, inventando así la democracia representativa.

En la “Transición” se substituyó el poder del Monarca por el de un grupo de partidos y la “Constitución” elaborada por ellos, no impide que todo el control esté en esos partidos estatales. Por tanto, no constituye el poder, éste sigue reunido en el Estado. Una unidad de poder.

El sistema constitucional está bajo el mando del sistema político y no al revés. La prueba está en lo que el primero dice y lo que la realidad nos muestra.

Dice la “Constitución” (art 1) La forma de Estado es parlamentaria. La realidad es que el Estado no es parlamentario sino de partidos. (art 6) Los partidos políticos deben respeto a la Constitución y ser democráticos en su estructura y en su funcionamiento. La realidad es que los partidos no son democráticos en su estructura, ni en su funcionamiento, ni respetan la constitución. (art 56) El Rey modera el funcionamiento regular de las instituciones. La realidad es que el Rey no modera el funcionamiento irregular de las Cortes. (art 67) Los miembros de las Cortes no estarán sujetos al mandato imperativo. La realidad es que los diputados están ligados por mandato imperativo del partido al que pertenecen. (art 68) La elección se hará con criterios de representación proporcional y son elegibles todos los españoles. La realidad es que, en las elecciones, que no son proporcionales a los votos, se elige al Presidente del Gobierno y sólo son elegibles los españoles que figuren en las listas de partido. (art 99) El Rey, previa consulta con los grupos políticos parlamentarios, propondrá el candidato a la Presidencia del Gobierno, y el Congreso de diputados le otorgará por mayoría su confianza, para que el Rey lo nombre. La realidad es que la confianza parlamentaria y el nombramiento del Presidente son obligaciones de procedimiento de los diputados y del Rey.

El poder, como vemos, sigue sin control. Tal y como lo estaba en la dictadura. Soberanía única e indivisible. La continuidad de la Reforma, es decir, el seguir sin libertad política para controlar el poder, fue lo que quedó “atado y bien atado”. Una ruptura democrática desde la sociedad civil suponía un cambio sustancial en la naturaleza del poder político. Para evitar tal cambio bastó meter a los partidos en el seno del estado y oligarquizar la dictadura. Arrumbado quedó el proyecto democrático basado en la libertad política, a la espera de nuevas conciencias que lo impulsen y lo hagan realidad, que pongan así al poder bajo control, con una verdadera Constitución que separe los poderes y ponga el sistema político bajo el mando del sistema Constitucional.

Saturno devorando a su hijo de Francisco de Goya.

 

REPRESENTACIÓN MÁS SEPARACIÓN DE PODERES

 

FALSAS DEMOCRACIAS

 En las falsas democracias se ha normalizado la idea de que la expresión partidista equivale a la expresión genuina del cuerpo social. Esta equiparación desplaza hacia la ciudadanía una responsabilidad que no le pertenece: cada desvío, abuso o deterioro institucional cometido desde el poder termina atribuyéndose, de manera implícita, a quienes solo han depositado un voto, no a quienes ejercen la autoridad ilegítimamente. Con ello se difunde la apariencia de un consenso permanente entre gobernantes y gobernados, cuando toda comunidad política está atravesada por tensiones y divergencias que forman parte de su naturaleza. Negar esa pluralidad equivale a sofocar la voz del disenso y a imponer una ficción de armonía que solo beneficia a quienes ostentan el poder.

Frente a ese modelo, es necesario imaginar una forma de unidad que no dependa de la fuerza ni de la agregación mecánica de intereses partidistas. Una unidad basada en la libertad exige un fundamento cualitativo, no cuantitativo: un vínculo entre las personas y la verdad que reconocen como común. Tal vínculo no nace de la obediencia ni de la adhesión a voluntades ajenas, sino de la capacidad colectiva de decidir de manera libre el marco político en el que desean vivir. Para ello, el acto constituyente no puede convertirse en un plebiscito dirigido desde el poder, sino en un proceso donde la sociedad elija sin coacción entre alternativas claras sobre la forma de Estado y de gobierno.

Las transiciones posteriores a regímenes autoritarios han demostrado, sin embargo, que el miedo a la libertad puede ser tan poderoso como la represión misma. En lugar de abrir la puerta a una verdadera democracia, se han construido regímenes basados en el reparto de poder entre partidos integrados en el Estado. Ese diseño ha consolidado estructuras que privilegian la estabilidad de las élites y niegan la libertad de la ciudadanía. Cuando todos los actores institucionales ganan poder a costa de la participación en votaciones sin elección, la distinción entre mayorías y minorías pierde sentido, sustituida por acuerdos que anulan toda confrontación de principios.

Este proceso se ve reforzado por un clima cultural donde el autoengaño colectivo adquiere la apariencia de virtud cívica. Los gobiernos terminan erigiéndose en intérpretes absolutos de la realidad, mientras sus errores se transforman en dogmas aceptados por amplios sectores sociales que temen abandonar la ilusión que los protege. Los medios, convertidos en una especie de sacerdocio secular, amplifican ese relato hasta que cualquier alternativa se percibe como peligrosa, utópica o incluso monstruosa. La opinión pública se acostumbra así a una visión del poder que no admite límites ni controles, y que premia la devoción a la ficción mientras desprecia cualquier intento de recuperar la verdad.

Cuando la voluntad social se confunde con la voluntad partidista, cuando la unidad se basa en la fuerza y no en la libertad, cuando el consenso sustituye al conflicto democrático y cuando el autoengaño ocupa el lugar de la crítica, la libertad política no existe como experiencia común. Alcanzarla exige una ruptura con la ilusión consensual y la construcción de una sociedad capaz de reconocerse a sí misma como origen del poder. Solo entonces podrá emerger una unidad auténtica, sustentada no en la imposición ni en el miedo, sino en la verdad compartida y en la decisión libre de todos.

Gian Lorenzo Bernini, La Verità svelata dal Tempo

 

LA "CONSTITUCIÓN" NO ES DEMOCRÁTICA

 

¿Año de elecciones?

 En España se cree que cuando los gobiernos convocan a las urnas, es año de elecciones, y digo se cree porque si se hace uso de la razón y se estudia el sistema electoral y el régimen político actual, se llega rápidamente a la conclusión que esta afirmación no es cierta, de igual modo que no ha sido nunca cierta desde 1978.
Para demostrar lo que digo, hemos de empezar describiendo cuál es la naturaleza de los partidos a los que la mayoría de los españoles dan su confianza y obediencia. Esta no es otra que la de órganos permanentes del Estado (definición que da la Jurisprudencia. Tribunal Constitucional de Bonn). La Dictadura de un solo partido estatal, dio paso a varios partidos también estatales, unidos por el consenso, que se instalaron cómodamente en el puesto vacante, impidiendo la acción política de los gobernados, siendo los partidos únicos agentes políticos. Los gobernados, fueron engañados con la concesión de abundantes libertades individuales y privados de Libertad política. Partidos que se convirtieron en funcionarios del Estado con plenos poderes y control sobre los bienes públicos. Su objetivo, no es ya la integración de la sociedad en el Estado, sino permanecer juntos en él, sin otro propósito que vivir a sus expensas. De aquel pacto entre ellos, surge un todo del que solo son partes, sin nada substancial que les separe ni distinga. Para disimular esta realidad, recurren a la propaganda basada en ideologías muertas que imperaron hace un siglo y que nada tienen que ver con la realidad actual. Enemigos de la Libertad Política de la sociedad, se dirigen a ésta como a seres incapaces de participar en política sin su mediación. De súbditos de la Dictadura a súbditos de los partidos sin comprender su falta de Libertad. Una sociedad impedida y cuya acción se limita a votar partidos que les tutelen.
El sistema proporcional de listas (abiertas o cerradas, lo mismo da) que decidieron a sabiendas que garantizaba su permanencia, impide la representación política. ¿Qué función tiene pues el voto cuando no se elige a nadie? El papel de las votaciones en el Estado de Partidos (así se llama la forma de gobierno que existe en España) no es otra que generar la falsa apariencia de libertad. Si en Dictadura el voto es un simple artificio, en la Partidocracia cumple un papel estabilizador del poder. La alternancia de colores en el gobierno fortalece el reégimen, satisfaciendo los egos personales del votante, que, por odio, simpatía o identificación, contempla el cambio de funcionarios con satisfacción o resignación según sus afinidades a discursos demagógicos. Sin reparar, que no hay diferencia substancial salvo pequeñas diferencias fiscales y un discurso diferente entre unos y otros. Tras la votación nada de lo realmente importante cambia. Ni la relación del poder con el gobernado, ni el más mínimo avance hacia la Libertad Política, ésta queda, como antes, como privilegio exclusivo de las partes del todo estatal (partidos estatales). Creyéndose ciudadanos (sin serlo) por tener derechos arrebatables por los tutores, permanecen incapaces de cualquier acción política por su propia voluntad, representada por el acto irreflexivo de votar sin democracia. La servidumbre voluntariamente refrendada cada cuatro años en acto de humillación pública vestido de fiesta democrática. 
¿Cómo es posible que el mundo intelectual permanezca en esta farsa? La respuesta es bien sencilla. La verdad no pone comida en la mesa cuando la sociedad sólo entiende la política en forma de partidos. Todo cuanto hacen es propaganda oligárquica y algunos no saben ni que mienten. Con un bombardeo mediático e informativo sumado a los graznidos de repetición de los fanáticos de las facciones estatales no existe pensamiento fuera de los márgenes de la Partidocracia. 
Aún hay quien desde la sociedad se asoma a la verdad y mantiene una lucha por la Libertad Política de sus convecinos. Son esas personas que no votan porque saben que la Partidocracia es la enemiga de la Libertad. Saben que los votantes no pueden elegir a personas civiles para que les representen de manera temporal en el Estado. Toda opción pasa por los partidos estatales y su función integradora de las masas, es decir, la idea fascista del poder. Saben que las listas piden del votante el aumento de cuota de poder o lo que es lo mismo su capacidad de administrar lo público con más impunidad. Comprenden estos abstencionarios (persona que se abstiene por conciencia y no por desidia) que los hombres de partido no aspiran más que a los cargos y la autoridad de estar en el Estado sin tener autoridad moral alguna.
Los españoles tienen verdadero horror ante la política. En su ADN quedó grabada, por la Dictadura, su equivalencia a Guerra Civil (anacrónico pensamiento, en la realidad actual, pero que sigue vivo en sus mentes). Rehúyen de ella por su impotencia para practicarla. Se dejan hacer, apelando a lo difícil que resultaría revertir la situación pues, “España es un país de ignorantes” tal como dicen, declarando con descaro su propia ignorancia. Se mantiene la mentira de que la política es algo inmoral, en lo que no debe uno meterse, apaciguando así sus conciencias y su impotencia a cambio de la falsa sensación de tranquilidad. Se acepta como normal la servidumbre voluntaria y se sufren como inevitables las consecuencias de su decisión de “no meterse en líos”. Se conforman con indicar las cuotas de cada color estatal cuya pluralidad está basada en ideas administrativas. Toda ideología es falsa en este tablero de juego fraudulento. Todo es demagogia sin Libertad Política indiscriminada. Nada puede ofrecerse fuera de lo consensuado entre las partes, todos abalan la oligarquía para administrar lo público, sin que las ideas provenientes de la sociedad civil puedan penetrar el coto de poder. Se suprime la política y la Libertad y los españoles contentos pues la temen y les aterroriza hasta el punto de negar que nada pueda hacerse fuera del Estado. 
Van a votar listas, en lugar de personas, para eludir la responsabilidad y “poder luego quejarse”. Votar cosas sin responsabilidad como son los partidos y no personas para así desentenderse de la política. Se vota por impulso, uniéndose a familias políticas como el niño, que, por debilidad de carácter, necesita de un hermano mayor que le ofrezca seguridad. Se vota por pasión irracional, a pesar de los falsos ideales y las corrupciones probadas de su color estatal. Invocan el falso mantra del deber cívico y desprecian el derecho político de abstenerse y no participar de esta moral de esclavos. Y se sienten grandes por un día realizando el mínimo esfuerzo de introducir una lista en una urna creyéndose partícipes del futuro de España. Qué liberador para la conciencia “tirar la piedra” y cuando el partido irresponsable actúe acorde a su situación de falta de control “esconder la mano”. Votar lo que sea, evitando así la responsabilidad y además recibir la “caricia del amo” en forma de parabién estatal desde los medios que entonan cantos de “fiesta de la democracia”. Siervos voluntarios ante la oligarquía que aplaude su “madurez” política. Qué bien habéis votado.
Se acepta el engaño y la mentira, se acepta el término “elecciones legislativas” para no reconocer que lo que en realidad sucede son votaciones administrativas. Que se “eligen representantes” y no reconocer que se reparten delegados. Se dice que hay “separación de poderes” cuando solo hay separación de funciones y se dice “democracia” por no reconocer que lo que existe es una oligarquía estatal. Se vota, por todo lo explicado, para mantener lo que existe, para que nada cambie. Alternancia de colores y que todo siga igual. Incluso hay quien vota en blanco creyendo hacer algo positivo por la sociedad, que es forma de protesta, sin reparar en que, desde el poder, se pide el voto y nunca se condena el voto en blanco o nulo. Así de tranquilos están de la influencia de tal supuesta protesta. A la espera de un porcentaje de votantes en blanco suficiente para crear un nuevo partido ilusionante para esos votantes sin color. 
Hoy se vota para conocer qué cuota de poder en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial y en los consejos de administración de las empresas estatales le corresponde a cada facción.  Se vota para que tengan privilegio en Cataluña, País Vasco y Galicia y que aumente así el falso nacionalismo. Y, sobre todo, se vota porque no se sabe hacer otra cosa. Se vota, pero no se elige. Hay votaciones, pero no elecciones. Hay urnas y no hay Libertad. 

La traición de las imágenes - René Magritte

 

EN ESPAÑA NO HAY DEMOCRACIA

 

¿Por qué parece tan difícil construir una vida pública basada en la verdad, la libertad y la decencia?

 Muchas personas sienten que cambiar nuestra vida pública para hacerla más justa, participativa y digna es algo casi imposible. Sin embargo, esta dificultad no se debe a que la humanidad sea incapaz de organizarse o a que no existan experiencias positivas en la historia. El verdadero problema es que los grupos que han tenido el control del poder estatal durante mucho tiempo han aprendido a utilizarlo de forma muy eficaz, generando una sensación de impotencia y dependencia en la población. Aunque se usan discursos y símbolos que parecen democráticos, la estructura y el funcionamiento del poder siguen impidiendo la participación ciudadana.

Como resultado, se genera una cultura política donde predomina el temor a la intervención activa de la sociedad. Se habla de libertad, derechos y progreso, pero estas ideas no se reflejan en la práctica. Poco a poco, la población llega a creer que su participación no puede cambiar nada importante. Y esta creencia, repetida durante generaciones, se convierte en una especie de hábito colectivo. Incluso personas con buenas intenciones que intentan transformar el sistema desde dentro de los partidos, descubren que éstos funcionan de forma cerrada y están diseñados para mantenerse, no para renovarse.

Puede parecer entonces que la idea de construir una vida pública basada en la decencia es algo irrealizable. Pero es necesario entender que la decencia no se limita a no robar o no mentir: significa actuar con respeto, responsabilidad y sentido comunitario. La vida pública no es solo asunto de políticos, funcionarios o personajes mediáticos; también pertenece a las familias, vecinos y al conjunto de la ciudadanía, que son quienes sufren o disfrutan las consecuencias de las decisiones públicas. Por eso, la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de defender su dignidad frente al abuso, la manipulación y la falta de respeto.

Una de las dificultades más profundas es que vivimos en entornos donde la mentira se ha normalizado. Decir la verdad, en lugar de ser lo esperado, puede llegar a parecer extraño, ingenuo o incluso peligroso. Quienes afirman que unir la decencia, la inteligencia, el coraje y la lealtad para transformar lo público es imposible, sin quererlo, terminan justificando la permanencia de la falta de ética, la ignorancia, el miedo y la deslealtad. Con el tiempo, lo que empezó como un "fingimos que esto es así" termina convertido en un "esto es así y no puede cambiarse". La mentira se transforma en costumbre y la costumbre en una especie de realidad aceptada.

Así, la población pasa de una obediencia impuesta a una obediencia voluntaria, disfrazada de consenso. Muchas personas no creen que sea posible reemplazar el actual sistema político por uno realmente democrático, no porque lo hayan analizado a fondo, sino porque temen ilusionarse nuevamente y ser decepcionadas. No creen en nuevas alternativas porque ya han perdido la confianza en quienes prometen cambios, aunque sigan deseando vivir en libertad y justicia.

Frente a esta situación, surgen ideas poderosas que pueden orientar un camino distinto. La República Constitucional, como concepto, propone devolver a la sociedad civil la conciencia de sí misma y de su capacidad de controlar al Estado, a través de instituciones que representen genuinamente a la ciudadanía. Conocer y vivir estas ideas puede generar un cambio real en la cultura política y social, más allá de la mecánica burocrática o de las formas externas de gobierno.

El cambio no se consigue solo con teorías, sino con acción organizada y consciente. Esta acción debe ser pacífica, cívica y coherente con el objetivo de superar las instituciones serviles actuales. La organización de quienes buscan la transformación debe basarse en la confianza mutua, no en ideologías, intereses personales ni resentimientos sociales, sino en la solución concreta del problema político: implantar la democracia formal primero en la mente y el corazón de las personas, antes de llevarla con seguridad y alegría a las instituciones.

Asimismo, esta acción debe ser estratégica y continua, enfocándose en los puntos clave donde la servidumbre voluntaria se reproduce: votaciones, educación, medios de comunicación, empresas encuestadoras, conflictos sociales y crisis económicas. La libertad política colectiva no se logra con un solo esfuerzo masivo, sino mediante intervenciones constantes que despierten la conciencia individual y la integren en la parte más dinámica, abierta y valiente de la sociedad civil, capaz de seguir la inteligencia objetiva de la acción, en lugar de depender de líderes o jefes.

Finalmente, transformar la vida pública requiere también repensar la estructura misma del Estado. Es necesario humanizar la burocracia, orientar la administración pública con principios éticos comunitarios y crear un orden civil donde la autoridad sirva a la ciudadanía y no a sí misma. La combinación de conciencia ciudadana activa, organización estratégica, educación cívica y un Estado guiado por lealtad y verdad puede, finalmente, hacer posible que la libertad y la decencia dejen de ser ideales abstractos y se conviertan en la realidad de nuestra vida pública.

 

La Vérité sortant du puits armée de son martinet pour châtier l'humanité 1896  Jean-Léon Gérôme.  

 

 

EL QUE VOTA SIN DEMOCRACIA

 

DEMOCRACIA DIRECTA

No son pocos los ilusos u oportunistas que hacen proselitismo de la democracia directa como la solución al Estado de Partidos que existe en España. Para aquellos que creen, de manera inocente pero bien intencionada, que tal forma de gobierno es deseable tengo unas palabras que deberían considerar primero de lanzarse a los brazos de los demagogos.

Uno de los principales argumentos para defender la democracia directa hoy, es el uso de la tecnología como forma de superar la imposibilidad de reunir a un elevado número de personas. Se piensa que con los medios electrónicos disponibles sería relativamente sencillo implementar aplicaciones capaces de poner literalmente en los bolsillos de cada español la capacidad de voto. Si bien es factible, y soslayando las reticencias que tal sistema podría suscitar en cualquier persona con sentido común, el verdadero problema que esto supondría sería simple y llanamente que sería la pasión y no la razón la que nos gobernase. Pasión que sería de hecho fácilmente manipulable en cada momento y que daría como resultado unas leyes cambiantes según los vientos de la opinión. Opinión que estaría del mismo modo en manos de las élites que controlasen los medios de comunicación. Daría tal sistema rienda suelta al gran peligro que supone dejar en manos de la mayoría todo el poder legislativo sin los necesarios mecanismos de control que garantizasen los derechos de las minorías (Constitución). Hablamos aquí de una dictadura de la “masa”.

Cualquiera de nosotros, si somos honestos, reconoceríamos que la gran mayoría de nuestros convecinos (incluso nosotros mismos) carecen de la capacidad para siquiera entender las consecuencias de las leyes que se les propusiesen y poco importa de dónde viniesen esas propuestas, pues si han de ser expertos los que las realicen o los mismos ciudadanos individualmente, estaríamos ante una élite controlable en el primer caso y un caos irracional en el segundo.

La capacidad de elegir no es la única capacidad deseable de un gobierno consentido y por tanto digno. Elegir sin controlar no traería la justicia a la que tal gobierno consentido debe aspirar. La desigualdad se generaría inmediatamente mediante la simple manipulación de las pasiones. La ciencia social ha demostrado que la tendencia facciosa del ser humano es un hecho cierto, repetido una y otra vez en la historia, y que los individuos, incluidos los más inteligentes, se comportan de manera menos racional cuando se reúnen en una masa. Cambiar la tiranía de unos pocos (Estado de Partidos), por la tiranía de la mayoría (Democracia Directa o Asamblearia), no es la solución. La solución es un sistema en el que la Libertad política quede institucionalizada en la forma de la Democracia Representativa dentro de una República Constitucional en la que la representación política esté personificada por los representantes de cada distrito ligados por mandato imperativo de los electores, los cuales tras el necesario filtro del debate y la deliberación en una cámara de representantes, elaboren como resultado, unas leyes que respondan a la razón y no a la pasión y donde la separación de poderes garantice el control de tal gobierno consentido. Donde una Constitución sea la herramienta de control del sistema político y garantía de los derechos de los ciudadanos.

 

“Del mismo modo que la mayoría de los ciudadanos que tienen suficiencia para elegir no la tienen para ser elegidos, el pueblo, que tiene capacidad suficiente para darse cuenta de la gestión de los demás, no está capacitado para llevar la gestión por sí mismo” Montesquieu.

Pericles. Museos Vaticanos. Daniel Prieto