Escribo esta carta con un único propósito: disipar una confusión. Porque lo que hoy divide a los españoles no es tanto un conflicto de intereses como una profunda discrepancia sobre la propia realidad.
Se nos ha enseñado a discutir con palabras antes de comprender los hechos. Se nos ha invitado a elegir entre posiciones opuestas sin preguntarnos primero si esas posiciones están bien planteadas. Y así, entre afirmaciones y negaciones, hemos dejado de lado lo esencial: la verdad.
Ninguno de nosotros eligió España. Ninguno votó su existencia. Ninguno firmó el contrato de pertenecer a ella. Y, sin embargo, todos nacimos dentro de una realidad política que nos precede. Esto no es una anomalía. Es la condición normal de la historia.
Las naciones no son asociaciones voluntarias. No son clubes a los que uno se inscribe ni contratos que uno rescinde. Son realidades históricas que se forman con el tiempo, a través de generaciones que no deciden su origen, sino que lo reciben. Por eso, la idea de que una parte de esa realidad pueda decidir separarse como quien rompe un acuerdo es, en su raíz, una ilusión. No porque el deseo de independencia sea ilegítimo, sino porque no puede convertirse en un derecho en sentido estricto.
El llamado «derecho de autodeterminación» nace en contextos muy distintos: situaciones de dominación externa, de colonización, de pueblos privados de toda estructura propia. Trasladarlo al interior de una nación histórica consolidada no es una evolución natural del concepto, sino una alteración de su significado. Se utiliza la palabra «derecho» para designar lo que, en realidad, es una aspiración política. Y cuando las palabras dejan de nombrar la realidad y empiezan a sustituirla, el pensamiento se vuelve confuso.
Y conviene entender por qué ocurre esto. En política, quien logra que su aspiración sea nombrada como «derecho» no solo la expresa: la legitima. La sitúa fuera de discusión. La convierte, no en una propuesta entre otras, sino en una exigencia moral frente a la que toda oposición parece injusta. Pero ese cambio de nombre no altera la naturaleza de lo que se reclama.
Pero si la autodeterminación es una ilusión conceptual, ¿por qué ha llegado a ocupar el centro del debate? Porque aparece en un terreno abonado por otra ilusión mayor: la de creer que vivimos en una democracia.
Se nos ha repetido que somos ciudadanos libres en un sistema representativo. Pero basta observar su funcionamiento para descubrir otra cosa: los gobernados no eligen a sus representantes, votan listas; los «representantes» no responden ante los gobernados, sino ante los partidos; los poderes del Estado no se controlan entre sí, sino que se reparten entre las mismas organizaciones. Esto no es una democracia. Es un sistema de partidos que ha ocupado el Estado y lo gestiona como un espacio propio.
Y cuando el poder no está controlado por los ciudadanos, ocurre algo inevitable: el lenguaje se corrompe. Se habla de «derechos» para legitimar aspiraciones, de «democracia» para justificar procedimientos, de «pueblo» para ocultar decisiones de élites.
En este contexto, la autodeterminación no es la causa del conflicto, sino su síntoma. Expresa un malestar real —la falta de libertad política— pero lo canaliza hacia una solución equivocada: la ruptura territorial en lugar de la transformación del sistema.
Basta observar un hecho que rara vez se menciona: los movimientos nacionalistas no han crecido en los momentos de mayor opresión, sino en los de mayor libertad. Cuando el Estado restringía las expresiones culturales, el impulso separatista se debilitaba. Cuando esas libertades se ampliaron, ese impulso se intensificó. Este dato obliga a una reflexión incómoda: no estamos ante una reacción de defensa, sino ante una dinámica de oportunidad política.
Así, unos creen luchar por un derecho que no existe. Otros creen defender una democracia que tampoco existe. Y entre ambos, la realidad permanece oculta.
Sin embargo, el hecho de que el pasado no dependa de nuestra voluntad y de que el presente esté deformado no significa que el futuro esté cerrado. Al contrario: el futuro depende de una condición que todavía no se ha cumplido entre nosotros, pero que puede cumplirse. Esa condición es la democracia.
No una palabra, no un procedimiento, no una apariencia, sino una realidad en la que el ciudadano elige directamente a sus representantes, puede exigirles responsabilidad y participa efectivamente en la formación del poder. Una realidad en la que los poderes del Estado están separados y se controlan mutuamente, en lugar de estar concentrados en estructuras de partido.
Solo en ese marco puede resolverse el conflicto que hoy se plantea de forma equivocada. Porque la unidad política no puede sostenerse ni por la imposición ni por la costumbre, pero tampoco puede romperse sobre la base de conceptos vacíos. Debe fundarse en la igualdad política.
Cuando todos los ciudadanos participan en igualdad en la formación del poder, la pertenencia a una comunidad común deja de ser una carga. Deja de ser una imposición. Se convierte en una consecuencia natural de esa igualdad. Y entonces la autodeterminación deja de ser necesaria, no porque se prohíba, sino porque pierde su sentido como vía de escape.
Pero para llegar a ese punto, es necesario reconocer algo que resulta incómodo: el acto de votar, tal como hoy se nos propone, no nos acerca a la solución, sino que la retrasa. Cada vez que participamos en este mecanismo sin cuestionarlo, lo reforzamos. Cada vez que depositamos una papeleta, confirmamos un sistema que nos priva de la capacidad real de elegir.
Se nos ha dicho que votar es un deber. Que abstenerse es una renuncia. Que participar, aunque sea en un sistema imperfecto, es siempre mejor que no hacerlo. Pero ¿qué ocurre cuando ese acto, repetido una y otra vez, sirve precisamente para mantener intacto el problema?
Entonces la abstención deja de ser pasividad y se convierte en conciencia. Deja de ser indiferencia y pasa a ser lucidez.
Abstenerse, en estas condiciones, no es retirarse de la vida política. Es negarse a legitimar una ficción. Es afirmar que no todo vale en nombre de la participación. Es exigir, con un gesto silencioso pero firme, que antes de votar se construya aquello que hace que el voto tenga sentido: la democracia.
Se presenta el referéndum como la expresión máxima de la democracia. Pero se omite una contradicción fundamental: si una generación puede decidir sobre la unidad política, ninguna razón hay para negar ese mismo derecho a las generaciones futuras. Y, sin embargo, cuando la decisión conduce a la ruptura, deja de plantearse su repetición. Es un derecho que solo se invoca hasta que se ejerce con éxito. Después desaparece. Esto no es un principio democrático, sino una estrategia irreversible.
A quienes reclaman la autodeterminación, les digo: vuestra intuición de que algo falla es justa, pero vuestra solución es ilusoria. No se puede corregir la falta de libertad fragmentando el espacio donde esa libertad debe ejercerse.
A quienes la rechazan, les digo: vuestra defensa de la unidad es insuficiente si no se apoya en la exigencia de democracia. Sin libertad política, la unidad es solo una forma vacía.
Y a todos, les pido algo más difícil que elegir un bando: comprender. Comprender que no todo lo que se llama derecho lo es. Comprender que no todo lo que se llama democracia funciona como tal. Comprender que la verdadera división no está entre territorios, sino entre realidad y ficción.
Nos encontramos ante una elección que no es la que se nos presenta. No es entre independencia o unidad. No es entre centralismo o nacionalismo. Es entre seguir viviendo en la confusión o asumir la responsabilidad de entender.
Por eso, conviene llamar a las cosas por su nombre. No estamos ante un derecho que deba ser reconocido, sino ante una aspiración de poder que busca legitimarse mediante el lenguaje. Y frente a las relaciones de poder, las palabras no bastan: solo la claridad política puede evitar el conflicto o prepararlo.
La autodeterminación, tal como se plantea hoy, es imposible como derecho. La democracia está pendiente. Y solo la democracia puede hacer posible una unidad legítima. No una unidad impuesta, no una unidad negociada, sino una unidad libre.
Ese es el horizonte. Y ese horizonte no depende de lo que heredamos, sino de lo que seamos capaces de construir con verdad, con claridad y con coraje.
Porque la historia no la elegimos. Pero el futuro —si somos dignos de él— sí.
“No es la unidad lo que oprime, sino la falta de democracia;
y no es la separación lo que libera, sino el control del poder.” Antonio García-Trevijano.
El sueño de la razón produce monstruos - Francisco Goya, 1799 (de la serie Caprichos)
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