-Una crítica al anarquismo desde la libertad política
El impulso inicial de estas páginas nació de una discrepancia con el pensamiento anarquista. Esa discrepancia permanece. Pero conviene aclarar desde el principio que el propósito de este artículo no es refutar una doctrina concreta ni presentar al anarquismo como una caricatura de sí mismo.
Al contrario.
El anarquismo constituye un interlocutor especialmente interesante porque parte de una preocupación que considero legítima: la necesidad de impedir que el poder termine emancipándose de la libertad que debería servir.
La diferencia no está, por tanto, en el problema.
Está en la respuesta.
Pocas doctrinas políticas han llevado tan lejos como el anarquismo la desconfianza hacia toda forma de dominación. Allí donde otros movimientos pretendieron conquistar el poder del Estado para ponerlo al servicio de una causa considerada justa, el anarquismo dirigió su crítica contra la propia relación entre gobernantes y gobernados. No aspiraba simplemente a cambiar de gobernantes, sino a eliminar la dominación política.
Esa aspiración merece respeto.
La historia del movimiento anarquista está llena, además, de hombres y mujeres cuya austeridad, dignidad y espíritu de sacrificio resultan difíciles de encontrar en la política contemporánea. Su defensa del apoyo mutuo, de la cooperación voluntaria y de la solidaridad entre iguales constituye una de las dimensiones moralmente más nobles de su pensamiento.
No es casual que Antonio García-Trevijano, pese a discrepar radicalmente del anarquismo como proyecto político, reconociera la honestidad de muchos de sus primeros militantes. Llegó incluso a afirmar que, si la naturaleza humana respondiera al ideal que presupone el anarquismo, él mismo sería anarquista.
La afirmación resulta reveladora.
La discrepancia no se encuentra en la nobleza del ideal, sino en la posibilidad de realizarlo políticamente.
Y aquí aparece la cuestión que considero decisiva.
Una cosa es preguntarse cómo deberían comportarse los hombres para vivir en libertad. Otra muy distinta consiste en preguntarse qué instituciones hacen posible la libertad cuando los hombres no se comportan como deberían.
La primera pregunta pertenece principalmente a la moral.
La segunda pertenece a la política.
-El poder no desaparece con el Estado
Existe una idea profundamente arraigada en buena parte del pensamiento político moderno: identificar el poder con el Estado.
Desde posiciones ideológicas muy diferentes se acepta que el Estado constituye el origen del poder político. Los liberales aspiran a reducirlo; los socialistas, a conquistarlo; los anarquistas, a abolirlo.
Todos discrepan acerca de lo que debe hacerse con el Estado, pero comparten, al menos en parte, un mismo presupuesto: que el poder reside en él.
A mi juicio, ahí comienza el problema.
El poder no nace con el Estado.
El Estado nace porque el poder ya existe.
Mucho antes de que aparecieran los Estados modernos existían relaciones de autoridad, influencia, liderazgo, obediencia, cooperación y conflicto. Allí donde varios seres humanos conviven de manera estable aparecen necesariamente diferencias de capacidad, de prestigio, de conocimiento, de iniciativa y de influencia.
No son las instituciones jurídicas las que crean esas relaciones.
Son las propias condiciones de la vida social.
El poder no es una invención del Estado. Es una realidad inherente a toda convivencia humana.
Las primeras organizaciones políticas no surgieron porque los hombres inventaran deliberadamente un instrumento de dominación. Surgieron, entre otras razones, porque las formas espontáneas de autoridad resultaban insuficientes para administrar sociedades cada vez más complejas. El crecimiento demográfico, la división del trabajo, el comercio, la guerra y la necesidad de resolver conflictos exigieron formas más estables de organización.
En otras palabras:
el Estado no inventó el poder; intentó organizarlo.
Esto tiene una consecuencia fundamental para la crítica del anarquismo.
Si desaparece una estructura institucional, no desaparecen por ello las relaciones de poder. Pueden cambiar de forma, quedar ocultas o adquirir nuevas expresiones, pero no desaparecen necesariamente.
El vacío político nunca permanece vacío.
Puede ocuparlo un partido revolucionario, una milicia, un sindicato, un consejo, un líder carismático, una organización criminal o cualquier otra estructura capaz de ejercer influencia y obtener obediencia.
Las formas cambian.
El fenómeno permanece.
Esta constatación fue una de las grandes aportaciones de la sociología política desarrollada entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Autores como Max Weber, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto o Robert Michels observaron, desde perspectivas diferentes, que toda organización humana genera relaciones de dirección y obediencia.
No afirmaban que esas relaciones fueran moralmente deseables.
Afirmaban que constituían un hecho.
Y una teoría política que ignora los hechos corre el riesgo de convertirse en una utopía.
Por eso la pregunta fundamental no debería ser:
¿Podemos construir una sociedad sin poder?
La pregunta políticamente relevante es otra:
¿Cómo impedir que el poder, inevitable en toda sociedad, termine convirtiéndose en dominación arbitraria?
Éste es el problema permanente de la política.
No eliminar el poder.
Impedir que alguien pueda apropiarse de él.
-El hombre no es un ángel
Llegados a este punto aparece una cuestión todavía más profunda: ¿por qué reaparecen las relaciones de poder allí donde los hombres conviven?
La respuesta no se encuentra exclusivamente en las instituciones. También debemos considerar la propia condición humana.
El anarquismo ha confiado tradicionalmente en la capacidad de las personas para organizar espontáneamente su convivencia mediante acuerdos libres, cooperación voluntaria y ayuda mutua. Esa confianza no carece de fundamento. Los seres humanos poseen una extraordinaria capacidad para colaborar, ayudarse y sacrificarse por los demás cuando no están sometidos a relaciones de dominación.
La historia ofrece innumerables ejemplos de ello.
Pero existe otra dimensión que ninguna teoría política puede ignorar.
El mismo ser humano capaz de sacrificarse por un desconocido puede dejarse arrastrar por la ambición, el miedo, el resentimiento o el deseo de dominar. La misma inteligencia que crea instituciones de cooperación puede emplearse para construir sistemas de explotación. La misma libertad que permite realizar actos de enorme generosidad hace posible también cometer grandes injusticias.
No somos ángeles.
Pero tampoco demonios.
Somos seres capaces de ambas cosas.
Ésta es precisamente la razón por la que una teoría política no puede descansar exclusivamente sobre nuestras virtudes. Pero tampoco puede hacerlo sobre nuestros defectos. Quien sólo contempla la maldad termina justificando el autoritarismo; quien sólo contempla la bondad corre el riesgo de construir una utopía.
La prudencia política consiste en reconocer simultáneamente ambas dimensiones.
No es necesario resolver la vieja cuestión filosófica acerca de si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Basta con aceptar un hecho mucho más sencillo: ninguna sociedad puede garantizar que las mejores cualidades de todos sus miembros prevalecerán siempre sobre las peores.
La política comienza precisamente allí donde la moral deja de ser suficiente.
La moral nos invita a ser mejores.
La política debe preguntarse qué ocurre cuando no lo somos.
Por eso las instituciones libres no pueden descansar sobre la esperanza de encontrar gobernantes virtuosos, ciudadanos ejemplares o dirigentes incorruptibles. Descansan, precisamente, sobre la sospecha contraria: cualquier ser humano que disponga de un poder sin límites puede verse tentado a utilizarlo en beneficio propio.
La división del poder, la independencia judicial, el control recíproco entre instituciones y la responsabilidad política no existen porque desconfiemos de determinadas personas.
Existen porque conocemos la fragilidad humana.
No es una desconfianza pesimista.
Es una desconfianza civilizadora.
Las instituciones no se diseñan para los días felices. Se diseñan para resistir aquellos momentos en los que aparecen el oportunismo, la ambición, la corrupción o el deseo de dominar.
Una teoría política debe funcionar no solamente cuando los hombres actúan con generosidad, sino también cuando la cooperación fracasa.
Sólo entonces la libertad deja de depender de la virtud de los hombres para descansar sobre la fortaleza de las instituciones.
-El poder no es la dominación
Aquí aparece otra distinción fundamental.
Con frecuencia utilizamos las palabras poder y dominación como si fueran sinónimas. Pero no lo son.
El poder, considerado en sí mismo, es una capacidad.
La capacidad de decidir.
La capacidad de influir.
La capacidad de hacer posible una acción colectiva.
La capacidad de resolver un conflicto cuando el acuerdo espontáneo no basta.
Toda sociedad necesita alguna forma de poder porque toda convivencia genera decisiones que afectan al conjunto. Incluso una comunidad pequeña debe decidir cómo utilizar determinados recursos, cómo resolver desacuerdos, cómo protegerse frente a amenazas o cómo reaccionar ante quien incumple las normas libremente aceptadas.
Esas decisiones pueden adoptarse de muchas maneras.
Pero no pueden dejar de adoptarse.
Incluso la ausencia de una decisión colectiva puede terminar produciendo una decisión impuesta por quien tenga capacidad suficiente para imponerla.
La cuestión decisiva aparece entonces con claridad:
el problema no es la existencia del poder, sino su apropiación.
La dominación comienza cuando el poder deja de ejercerse como una función sometida a reglas y se convierte en patrimonio de quienes lo ejercen.
Un juez que aplica imparcialmente una ley ejerce poder.
Un árbitro que hace cumplir las reglas de un partido ejerce poder.
Quien coordina una expedición científica ejerce poder.
Quien dirige un hospital o una operación de rescate también.
Nada de ello constituye necesariamente dominación.
Lo decisivo es otra cosa: la legitimidad del poder, sus límites y la posibilidad de exigir responsabilidades a quien lo ejerce.
Por eso considero insuficiente identificar poder y dominación.
El rechazo anarquista de la dominación resulta plenamente comprensible. La dificultad aparece cuando se pretende deducir de él la necesidad de eliminar el poder político.
Porque incluso en una comunidad que pretenda organizarse sin estructuras permanentes de autoridad continuarán existiendo diferencias de prestigio, conocimientos, capacidad organizativa o liderazgo.
Estas diferencias no desaparecen por decreto.
La cuestión verdaderamente política consiste en impedir que esas diferencias legítimas se transformen en posiciones permanentes de dominación.
Y aquí aparece una paradoja.
El poder invisible puede ser más peligroso que el poder visible.
Cuando el poder está institucionalizado sabemos quién decide, dentro de qué competencias decide, ante quién responde y mediante qué procedimientos puede ser sustituido.
Cuando el poder se ejerce informalmente, todas esas preguntas pueden quedar sin respuesta.
La ausencia de instituciones no elimina necesariamente el poder.
Puede simplemente hacerlo menos visible y, por tanto, más difícil de controlar.
Por eso una sociedad libre no debe intentar hacer desaparecer el poder.
Debe intentar hacerlo visible, delimitarlo, distribuirlo y someterlo a reglas conocidas.
La libertad política no consiste en vivir sin poder.
Consiste en vivir sin que nadie pueda apropiarse del poder común.
-El poder debe encontrar un poder que lo limite
Si el poder constituye una realidad inseparable de la convivencia humana, la pregunta siguiente resulta inevitable:
¿De dónde proceden sus límites?
Durante siglos se creyó que la respuesta debía buscarse en la virtud de los gobernantes: el buen rey, el príncipe prudente, el legislador sabio.
Pero la libertad no puede depender del carácter de quienes gobiernan.
Incluso el gobernante más virtuoso puede ser sucedido por otro muy distinto. Las instituciones pensadas para hombres excepcionales terminan siendo utilizadas por hombres corrientes, y las diseñadas para hombres corrientes acabarán, tarde o temprano, cayendo en manos de hombres mediocres o ambiciosos.
La libertad no puede descansar sobre una esperanza.
Debe descansar sobre una estructura.
Ésta fue una de las grandes intuiciones del constitucionalismo moderno.
Montesquieu comprendió que el verdadero problema no consistía en descubrir quién debía gobernar, sino en impedir que cualquier gobernante pudiera ejercer un poder sin frenos.
Su célebre principio —«para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder»— representa un cambio profundo en la manera de pensar la libertad.
Ya no se trata de encontrar hombres virtuosos.
Se trata de construir instituciones capaces de limitar a hombres que pueden no serlo.
Una buena institución no convierte en virtuoso al gobernante.
Hace menos peligrosos sus defectos.
No elimina la ambición.
La enfrenta a otra ambición.
No suprime el deseo de poder.
Impide que ese deseo encuentre un camino sin obstáculos.
De este modo, el límite del poder no puede ser únicamente una declaración jurídica. Una ley escrita carece de fuerza si no existe una institución capaz de hacerla cumplir. Un derecho reconocido resulta inútil si el órgano encargado de protegerlo depende políticamente de aquel a quien debe controlar.
Una Constitución puede proclamar la separación de poderes y, sin embargo, mantener todos los poderes sometidos a un mismo centro político.
En ese caso existe separación de funciones, pero no necesariamente separación real del poder.
Y aquí comienza a aparecer la verdadera cuestión de la libertad política.
-La tendencia del poder a concentrarse
La experiencia histórica introduce todavía otro elemento.
Incluso cuando una organización nace con una profunda vocación igualitaria, el poder tiende a concentrarse.
Toda organización necesita especialistas, dirigentes, personas con experiencia, procedimientos estables y conocimientos que no están igualmente distribuidos entre todos sus miembros.
Con el tiempo, quienes ocupan determinadas funciones adquieren información, contactos y capacidad de decisión que los demás no poseen.
La organización comienza a depender de ellos.
Robert Michels describió esta tendencia mediante su conocida «ley de hierro de la oligarquía».
Su importancia para nuestro problema no reside en afirmar que toda organización esté condenada a convertirse en una tiranía. La observación es más sutil: incluso las organizaciones creadas para defender la igualdad pueden generar minorías dirigentes permanentes.
No sucede necesariamente porque sus dirigentes sean peores que quienes los eligieron.
Sucede porque la propia lógica organizativa favorece la acumulación de influencia.
El fenómeno puede observarse en partidos, sindicatos, grandes empresas, organizaciones religiosas, asociaciones civiles e incluso en movimientos nacidos con una profunda vocación igualitaria.
El problema, por tanto, no pertenece exclusivamente al Estado.
Pertenece a toda forma de organización humana.
Esta constatación tiene una consecuencia decisiva.
Afirmar que toda organización genera élites no significa justificar su dominio. La sociología describe una tendencia; la filosofía política debe decidir qué hacer con ella.
Precisamente porque sabemos que el poder tiende a concentrarse, necesitamos instituciones orientadas en sentido contrario.
No se trata de negar que existan minorías dirigentes.
Se trata de impedir que puedan convertirse en dueñas del poder común.
La cuestión política fundamental deja así de ser quién gobierna.
Pasa a ser otra:
¿Puede quien gobierna ser controlado por poderes que no dependan de él?
Si la respuesta es negativa, la libertad queda sometida a la buena voluntad de quienes ocupan el poder.
Si la respuesta es afirmativa, comienza a existir una verdadera garantía institucional de la libertad.
-La arquitectura de la libertad
Llegamos así al punto central.
La historia del constitucionalismo moderno representa el intento de responder a un problema que el anarquismo plantea desde otro ángulo: cómo evitar que el poder termine convirtiéndose en dominación.
La respuesta constitucional no consiste en negar el poder.
Consiste en enfrentarlo consigo mismo.
James Madison expresó esta intuición con extraordinaria claridad en The Federalist nº 51:
«Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios controles internos ni externos sobre el gobierno.»
La política existe porque los hombres no son ángeles.
Y el constitucionalismo existe porque tampoco lo son quienes gobiernan.
Pero aquí es necesario dar un paso más.
No basta con limitar jurídicamente el poder.
Es necesario que otro poder independiente pueda imponer ese límite.
Las declaraciones solemnes de derechos resultan insuficientes si quienes deben garantizarlos dependen políticamente de quienes pueden vulnerarlos. Las constituciones más bellas pueden convertirse en letra muerta cuando todos los órganos del Estado responden, directa o indirectamente, a un mismo centro de decisión.
Por eso la libertad política exige algo más profundo que una simple distribución administrativa de funciones.
Exige una distribución real del poder.
Y aquí conviene distinguir tres niveles.
El primero consiste en separar funciones: una institución legisla, otra ejecuta y otra juzga. Es un avance respecto de la concentración absoluta, pero resulta insuficiente si todas esas instituciones dependen, en última instancia, de una misma mayoría política.
El segundo consiste en dotar a cada órgano de cierta autonomía organizativa. Pueden existir formalmente un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial diferenciados y, sin embargo, esa autonomía convertirse en una ficción si el acceso a todos ellos depende del mismo origen político.
El tercer nivel es el decisivo:
la separación del origen del poder.
No basta con que los poderes desempeñen funciones distintas.
Es imprescindible que cada uno se constituya mediante un procedimiento independiente de los demás.
Sólo entonces cada uno puede ejercer un control efectivo sobre los demás sin deberles su existencia.
Un poder nacido de otro poder difícilmente podrá convertirse en su límite.
Un poder que debe su existencia a quien está llamado a controlar terminará, antes o después, subordinándose a él.
Ésta es la verdadera arquitectura de la libertad.
La independencia de los poderes no es únicamente una cuestión jurídica. Es una cuestión política. Depende de cómo se constituye cada poder, de quién recibe su legitimidad y de si puede conservarla sin quedar subordinado a aquel al que debe controlar.
La libertad política exige precisamente lo contrario de la concentración.
Exige que ningún centro de decisión pueda reclamar para sí el monopolio de la legitimidad.
Cuando esto ocurre, el control mutuo deja de ser una fórmula retórica y comienza a convertirse en una realidad institucional.
La división del poder deja entonces de ser una técnica administrativa.
Se convierte en una auténtica ingeniería de la libertad.
-La verdadera discrepancia con el anarquismo
Llegados aquí puede entenderse mejor cuál es mi discrepancia con el anarquismo.
No considero que su error consista en querer demasiado la libertad.
Tampoco en haber descubierto el problema de la dominación.
En eso tiene razón.
Su problema aparece cuando identifica la libertad con la desaparición del poder político.
Si el poder fuera eliminable, la solución anarquista sería coherente.
Pero si el poder forma parte inevitable de la convivencia humana, entonces intentar eliminarlo no resuelve el problema de la dominación. Puede simplemente desplazarlo hacia formas de poder menos visibles y menos controlables.
La alternativa no es, por tanto, elegir entre poder y libertad.
La verdadera alternativa consiste en elegir entre poder concentrado y poder limitado.
Entre poder apropiado y poder controlado.
Entre una sociedad que confía en que quienes ejercen el poder serán virtuosos y una sociedad que construye instituciones para que no puedan abusar de él.
Ésta es, en definitiva, la gran lección del constitucionalismo.
La libertad no se conserva porque hayamos conseguido hombres mejores.
Se conserva cuando hemos construido una estructura política en la que incluso hombres imperfectos encuentran límites que no pueden franquear por sí solos.
Y ésa es también la razón por la que la libertad política no puede reducirse a la proclamación de derechos individuales ni a la existencia formal de instituciones separadas.
La libertad política exige una arquitectura del poder.
Una arquitectura en la que ningún poder pueda apropiarse del poder común.
Una arquitectura en la que los poderes sean realmente independientes.
Una arquitectura en la que quien ejerce el poder pueda ser controlado por otro poder que no dependa de él.
Porque el enemigo de la libertad no es el poder.
Es el poder sin límites.
Y quizá ésa sea la diferencia fundamental entre la aspiración anarquista y la concepción política que aquí defiendo.
El anarquismo pretende alcanzar la libertad eliminando la necesidad del poder.
La libertad política parte de una constatación menos ideal: el poder existirá siempre; por eso debemos construir una sociedad en la que nadie pueda convertirse en su propietario.
No se trata de confiar en que los hombres sean ángeles.
Se trata de construir instituciones para que no sea necesario que lo sean.







