Escribo esta carta con un propósito: explicar por qué la cuestión catalana y vasca —y, cada vez más, la gallega— no podrá resolverse mientras sigamos confundiendo la realidad nacional de España con las aspiraciones políticas de quienes pretenden hablar en nombre de sus diferencias culturales.
No se trata de negar esas diferencias, ni de despreciar los sentimientos de quienes las viven. Se trata, precisamente, de comprenderlas sin convertirlas en argumentos para dividir lo que la historia ha unido. Porque una cosa es reconocer la diversidad cultural de los pueblos que integran España y otra muy distinta afirmar que cada uno de ellos constituye una nación separada que necesita su propio Estado para alcanzar su plenitud.
En España existe una cuestión nacional que sigue sin resolverse. Sus causas son fáciles de identificar, aunque su solución sea mucho más difícil. Hay hechos objetivos: lenguas distintas de la española, derechos forales, culturas lingüísticas propias, una historia política particular y movimientos nacionalistas que cuentan con una larga trayectoria. Y hay también sentimientos de identidad que no siempre pueden explicarse racionalmente, pero cuya existencia sería absurdo ignorar.
El error comienza cuando esos sentimientos se convierten en una interpretación política de la realidad. El nacionalismo parte de una creencia que no puede demostrar: que Cataluña, el País Vasco o Galicia son naciones del mismo modo que España. A partir de ahí construye una segunda afirmación: que esas supuestas naciones están separadas del Estado español y sometidas a él. Y termina defendiendo una ambición política: que sólo el autogobierno o la independencia pueden resolver esa situación.
Pero ¿por qué debemos aceptar que una diferencia cultural tenga que convertirse necesariamente en una diferencia nacional? ¿Por qué una lengua distinta ha de conducir a un Estado distinto? ¿Y por qué la libertad de una comunidad tendría que consistir en separarse políticamente de las demás?
La realidad es mucho más sencilla. Las diferencias culturales existen y deben poder expresarse libremente. Pero no por ello se convierten en fronteras políticas. La lengua catalana, la vasca o la gallega son un patrimonio cultural que merece respeto y protección. No son, sin embargo, una prueba de que existan tres naciones distintas dentro de España.
El fracaso de las soluciones impuestas desde el Estado
La historia demuestra que el Estado español ha ensayado distintas fórmulas para resolver esta cuestión. La República federal no logró consolidarse; el Estado totalitario de la dictadura mantuvo la unidad mediante la represión; la solución de los estatutos republicanos funcionó en Cataluña y el País Vasco hasta la Guerra Civil; y la monarquía de las autonomías, lejos de resolver el problema, ha extendido las tensiones territoriales y ha alimentado nuevas aspiraciones de poder.
No podemos seguir tratando el fracaso de una solución como una invitación a repetirla con otro nombre. La experiencia debería habernos enseñado que no existe una fórmula general capaz de resolver por igual situaciones que tienen características diferentes. Cuando el problema nace de una particularidad, la solución debe atender a esa particularidad. De lo contrario, no se resuelve el conflicto: se reproduce y se extiende.
El Estado de las autonomías ha cometido precisamente ese error. Ha convertido una cuestión que afectaba especialmente a Cataluña y al País Vasco en un sistema general de reparto territorial del poder. Y al hacerlo ha creado nuevas administraciones, nuevos intereses políticos y nuevas aspiraciones de diferenciación allí donde antes no existían con la misma intensidad.
La descentralización no puede consistir en multiplicar instituciones para satisfacer las ambiciones de quienes las ocupan. Tampoco puede servir para establecer privilegios entre españoles según el territorio en el que vivan. Si la descentralización ha de tener un fundamento democrático, debe responder a las necesidades reales de los ciudadanos y no a las exigencias de las oligarquías regionales.
El nacionalismo y la conquista del poder
Conviene también distinguir entre los medios y los fines del nacionalismo. El terrorismo de ETA ha sido una aberración moral, pero no por ello debemos dejar de examinar el papel político que ha desempeñado. La violencia ha servido para crear un clima de miedo, exasperación y cansancio que ha facilitado las concesiones al nacionalismo que actúa por vías pacíficas.
La diferencia entre el nacionalismo radical y el moderado no siempre está en los objetivos que persiguen, sino en los medios que emplean para alcanzarlos. Mientras uno utiliza la violencia, el otro negocia con el Gobierno, aprovecha su posición parlamentaria y exige nuevas transferencias de competencias. Ambos pueden terminar alimentando una misma dinámica: la progresiva ocupación de espacios de poder dentro del Estado.
El nacionalismo moderado necesita que el Estado sea suficientemente fuerte para proporcionarle recursos y competencias, pero también suficientemente débil para tener que negociar con él. Por eso puede alternar la oposición y el apoyo al Gobierno según sus conveniencias. Su fuerza no procede necesariamente de una voluntad mayoritaria de independencia, sino de su capacidad para condicionar la gobernabilidad del Estado.
De este modo, los partidos nacionalistas se convierten en piezas permanentes del reparto de poder. No representan necesariamente a una comunidad nacional que haya decidido su destino, sino a organizaciones políticas que administran una diferencia cultural para obtener ventajas institucionales.
Y aquí aparece una cuestión que suele ocultarse bajo grandes palabras: ¿quién ha concedido a esos partidos el derecho a hablar en nombre de todos los habitantes de sus territorios? ¿Quién ha decidido que sus aspiraciones representan la voluntad de una comunidad entera? Una lengua compartida no convierte a todos sus hablantes en partidarios de un mismo proyecto político.
La autodeterminación no resuelve el problema
El derecho de autodeterminación suele presentarse como la respuesta natural a las aspiraciones nacionalistas. Pero esa afirmación confunde la existencia de una comunidad cultural con la existencia de una voluntad política común. Que un grupo de ciudadanos comparta una lengua o una tradición no significa que todos ellos deseen constituirse en un Estado independiente.
La autodeterminación, además, no puede convertirse en una fórmula mágica que resuelva cualquier conflicto territorial. La historia de las independencias demuestra que la formación de nuevos Estados ha dependido de circunstancias políticas y de relaciones de fuerza, no de una supuesta decisión libre y unánime de los habitantes de un territorio.
Tampoco puede resolverse el problema apelando a la soberanía de la Corona. En nuestra monarquía parlamentaria, esa soberanía es puramente simbólica y no proporciona fundamento democrático alguno a las aspiraciones de autogobierno o independencia.
Lo que necesitamos no es sustituir una supuesta soberanía por otra, ni atribuir a una comunidad cultural una voluntad política que nadie ha demostrado. Necesitamos instituciones que permitan a los ciudadanos decidir y controlar el poder político, sin que ninguna organización pueda apropiarse de la representación de toda una región.
La cuestión nacional no puede separarse de la libertad política
Aquí llegamos al verdadero origen del problema. La cuestión de las nacionalidades no puede resolverse mientras los españoles carezcan de libertad política.
Se nos ha concedido la posibilidad de expresarnos, asociarnos y votar a partidos, pero no el poder de elegir directamente a nuestros representantes ni de controlar a quienes gobiernan. Podemos cambiar de partido en las votaciones, pero no podemos decidir quién nos representa individualmente ni elegir por separado al jefe del Gobierno. Esa ausencia de libertad política afecta por igual a los ciudadanos de Cataluña, del País Vasco, de Galicia y del resto de España.
Por eso no basta con reformar el sistema autonómico. Mientras los ciudadanos sigan sometidos a un Estado de partidos, las instituciones territoriales continuarán siendo instrumentos de las oligarquías que las controlan. Y mientras esas oligarquías puedan utilizar las diferencias culturales para justificar su poder, la cuestión nacional seguirá abierta.
La transición no resolvió este problema. Al contrario, estableció un sistema que ha debilitado la conciencia de la unidad nacional y ha privado a los españoles de los medios políticos para impedir que el Estado altere la realidad histórica de España. Se ha permitido que el poder político decida sobre cuestiones que no deberían quedar al arbitrio de los gobiernos, mientras se ha impedido a los ciudadanos ejercer la libertad necesaria para elegirlos y controlarlos.
No puede llamarse solución democrática a un sistema que mantiene a los ciudadanos apartados del poder y entrega a los partidos la administración de sus diferencias.
La solución debe partir de abajo, de la libertad política de los ciudadanos. Si una comunidad cultural quiere organizar sus propias instituciones, debe poder hacerlo sin que el Estado le imponga desde arriba una identidad política determinada. La diferencia debe organizar la diferencia, sin dejar de ser lo que es. Y la descentralización debe surgir de la libre organización de los poderes locales y municipales, no de la concesión de privilegios a unas regiones sobre otras.
Esta es la única manera de hacer compatible el reconocimiento de las particularidades culturales con la unidad nacional. No se trata de uniformar España, ni de fragmentarla. Se trata de permitir que sus ciudadanos organicen libremente sus instituciones, respetando la igualdad política de todos.
Una solución para una España unida y libre
La solución institucional exige también distinguir las necesidades de cada territorio. Cataluña, el País Vasco y Galicia poseen particularidades lingüísticas y culturales que justifican una organización política específica. La propuesta se basa en una organización territorial distinta de la actual. En el ámbito del Estado, el Gobierno tendría un régimen presidencialista, separado del poder legislativo. Cataluña, el País Vasco y Galicia contarían con gobiernos parlamentarios propios, elegidos por sus ciudadanos y responsables de los asuntos de competencia regional. En el resto de España, la descentralización se organizaría mediante federaciones de municipios, de manera que fueran los propios poderes locales los que constituyeran instituciones regionales para atender los asuntos que excedieran de su ámbito. No se trataría de reproducir las actuales comunidades autónomas, sino de evitar la creación de estructuras burocráticas que duplican las funciones del Estado y de los municipios. Todo ello bajo un principio esencial: ninguna región podría disfrutar de privilegios políticos o administrativos frente a las demás.
El régimen presidencialista del Estado permitiría que el Gobierno tuviera legitimidad propia y no dependiera de los acuerdos permanentes entre los partidos ni de las exigencias de las oligarquías territoriales para mantenerse en el poder. La separación entre el Ejecutivo y el poder legislativo impediría que ambos quedaran sometidos a una misma mayoría partidista.
La igualdad de trato entre las regiones debe ser la norma. La descentralización no puede convertirse en una carrera por obtener más competencias, más recursos o más privilegios. Su finalidad debe ser acercar la administración a los ciudadanos y facilitar la expresión de las particularidades culturales, no crear nuevos centros de poder para quienes viven de ellos.
No debemos temer la diversidad. Lo que debemos temer es que alguien la utilice para dividir a los ciudadanos y someterlos a nuevas formas de dependencia política.
España no necesita que sus diferencias desaparezcan. Necesita que dejen de ser administradas por quienes las convierten en instrumentos de poder. La unidad nacional no se garantiza imponiendo una identidad desde el Estado, ni se defiende concediendo a cada oligarquía regional un territorio propio desde el que ejercer su dominio. Se sostiene cuando los ciudadanos pueden convivir en libertad, organizar sus instituciones y controlar a sus gobernantes.
La cuestión nacional no se resolverá mientras sigamos discutiendo qué partido debe administrar las diferencias de España. Se resolverá cuando los españoles tengan el poder político necesario para decidir cómo quieren hacerlo.
Porque la unidad de España no exige que todos seamos iguales, sino que ninguno tenga más derechos políticos que los demás. Y la libertad de sus ciudadanos no consiste en poder elegir entre quienes administran su servidumbre, sino en poder elegir y controlar a quienes ejercen el poder.
La Verdad, el Tiempo y la Historia (hacia 1812) - Francisco Goya.

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