EN ESPAÑA NO HAY DEMOCRACIA

 

¿Por qué parece tan difícil construir una vida pública basada en la verdad, la libertad y la decencia?

 Muchas personas sienten que cambiar nuestra vida pública para hacerla más justa, participativa y digna es algo casi imposible. Sin embargo, esta dificultad no se debe a que la humanidad sea incapaz de organizarse o a que no existan experiencias positivas en la historia. El verdadero problema es que los grupos que han tenido el control del poder estatal durante mucho tiempo han aprendido a utilizarlo de forma muy eficaz, generando una sensación de impotencia y dependencia en la población. Aunque se usan discursos y símbolos que parecen democráticos, la estructura y el funcionamiento del poder siguen impidiendo la participación ciudadana.

Como resultado, se genera una cultura política donde predomina el temor a la intervención activa de la sociedad. Se habla de libertad, derechos y progreso, pero estas ideas no se reflejan en la práctica. Poco a poco, la población llega a creer que su participación no puede cambiar nada importante. Y esta creencia, repetida durante generaciones, se convierte en una especie de hábito colectivo. Incluso personas con buenas intenciones que intentan transformar el sistema desde dentro de los partidos, descubren que éstos funcionan de forma cerrada y están diseñados para mantenerse, no para renovarse.

Puede parecer entonces que la idea de construir una vida pública basada en la decencia es algo irrealizable. Pero es necesario entender que la decencia no se limita a no robar o no mentir: significa actuar con respeto, responsabilidad y sentido comunitario. La vida pública no es solo asunto de políticos, funcionarios o personajes mediáticos; también pertenece a las familias, vecinos y al conjunto de la ciudadanía, que son quienes sufren o disfrutan las consecuencias de las decisiones públicas. Por eso, la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de defender su dignidad frente al abuso, la manipulación y la falta de respeto.

Una de las dificultades más profundas es que vivimos en entornos donde la mentira se ha normalizado. Decir la verdad, en lugar de ser lo esperado, puede llegar a parecer extraño, ingenuo o incluso peligroso. Quienes afirman que unir la decencia, la inteligencia, el coraje y la lealtad para transformar lo público es imposible, sin quererlo, terminan justificando la permanencia de la falta de ética, la ignorancia, el miedo y la deslealtad. Con el tiempo, lo que empezó como un "fingimos que esto es así" termina convertido en un "esto es así y no puede cambiarse". La mentira se transforma en costumbre y la costumbre en una especie de realidad aceptada.

Así, la población pasa de una obediencia impuesta a una obediencia voluntaria, disfrazada de consenso. Muchas personas no creen que sea posible reemplazar el actual sistema político por uno realmente democrático, no porque lo hayan analizado a fondo, sino porque temen ilusionarse nuevamente y ser decepcionadas. No creen en nuevas alternativas porque ya han perdido la confianza en quienes prometen cambios, aunque sigan deseando vivir en libertad y justicia.

Frente a esta situación, surgen ideas poderosas que pueden orientar un camino distinto. La República Constitucional, como concepto, propone devolver a la sociedad civil la conciencia de sí misma y de su capacidad de controlar al Estado, a través de instituciones que representen genuinamente a la ciudadanía. Conocer y vivir estas ideas puede generar un cambio real en la cultura política y social, más allá de la mecánica burocrática o de las formas externas de gobierno.

El cambio no se consigue solo con teorías, sino con acción organizada y consciente. Esta acción debe ser pacífica, cívica y coherente con el objetivo de superar las instituciones serviles actuales. La organización de quienes buscan la transformación debe basarse en la confianza mutua, no en ideologías, intereses personales ni resentimientos sociales, sino en la solución concreta del problema político: implantar la democracia formal primero en la mente y el corazón de las personas, antes de llevarla con seguridad y alegría a las instituciones.

Asimismo, esta acción debe ser estratégica y continua, enfocándose en los puntos clave donde la servidumbre voluntaria se reproduce: votaciones, educación, medios de comunicación, empresas encuestadoras, conflictos sociales y crisis económicas. La libertad política colectiva no se logra con un solo esfuerzo masivo, sino mediante intervenciones constantes que despierten la conciencia individual y la integren en la parte más dinámica, abierta y valiente de la sociedad civil, capaz de seguir la inteligencia objetiva de la acción, en lugar de depender de líderes o jefes.

Finalmente, transformar la vida pública requiere también repensar la estructura misma del Estado. Es necesario humanizar la burocracia, orientar la administración pública con principios éticos comunitarios y crear un orden civil donde la autoridad sirva a la ciudadanía y no a sí misma. La combinación de conciencia ciudadana activa, organización estratégica, educación cívica y un Estado guiado por lealtad y verdad puede, finalmente, hacer posible que la libertad y la decencia dejen de ser ideales abstractos y se conviertan en la realidad de nuestra vida pública.

 

La Vérité sortant du puits armée de son martinet pour châtier l'humanité 1896  Jean-Léon Gérôme.  

 

 

EL QUE VOTA SIN DEMOCRACIA

 

DEMOCRACIA DIRECTA

No son pocos los ilusos u oportunistas que hacen proselitismo de la democracia directa como la solución al Estado de Partidos que existe en España. Para aquellos que creen, de manera inocente pero bien intencionada, que tal forma de gobierno es deseable tengo unas palabras que deberían considerar primero de lanzarse a los brazos de los demagogos.

Uno de los principales argumentos para defender la democracia directa hoy, es el uso de la tecnología como forma de superar la imposibilidad de reunir a un elevado número de personas. Se piensa que con los medios electrónicos disponibles sería relativamente sencillo implementar aplicaciones capaces de poner literalmente en los bolsillos de cada español la capacidad de voto. Si bien es factible, y soslayando las reticencias que tal sistema podría suscitar en cualquier persona con sentido común, el verdadero problema que esto supondría sería simple y llanamente que sería la pasión y no la razón la que nos gobernase. Pasión que sería de hecho fácilmente manipulable en cada momento y que daría como resultado unas leyes cambiantes según los vientos de la opinión. Opinión que estaría del mismo modo en manos de las élites que controlasen los medios de comunicación. Daría tal sistema rienda suelta al gran peligro que supone dejar en manos de la mayoría todo el poder legislativo sin los necesarios mecanismos de control que garantizasen los derechos de las minorías (Constitución). Hablamos aquí de una dictadura de la “masa”.

Cualquiera de nosotros, si somos honestos, reconoceríamos que la gran mayoría de nuestros convecinos (incluso nosotros mismos) carecen de la capacidad para siquiera entender las consecuencias de las leyes que se les propusiesen y poco importa de dónde viniesen esas propuestas, pues si han de ser expertos los que las realicen o los mismos ciudadanos individualmente, estaríamos ante una élite controlable en el primer caso y un caos irracional en el segundo.

La capacidad de elegir no es la única capacidad deseable de un gobierno consentido y por tanto digno. Elegir sin controlar no traería la justicia a la que tal gobierno consentido debe aspirar. La desigualdad se generaría inmediatamente mediante la simple manipulación de las pasiones. La ciencia social ha demostrado que la tendencia facciosa del ser humano es un hecho cierto, repetido una y otra vez en la historia, y que los individuos, incluidos los más inteligentes, se comportan de manera menos racional cuando se reúnen en una masa. Cambiar la tiranía de unos pocos (Estado de Partidos), por la tiranía de la mayoría (Democracia Directa o Asamblearia), no es la solución. La solución es un sistema en el que la Libertad política quede institucionalizada en la forma de la Democracia Representativa dentro de una República Constitucional en la que la representación política esté personificada por los representantes de cada distrito ligados por mandato imperativo de los electores, los cuales tras el necesario filtro del debate y la deliberación en una cámara de representantes, elaboren como resultado, unas leyes que respondan a la razón y no a la pasión y donde la separación de poderes garantice el control de tal gobierno consentido. Donde una Constitución sea la herramienta de control del sistema político y garantía de los derechos de los ciudadanos.

 

“Del mismo modo que la mayoría de los ciudadanos que tienen suficiencia para elegir no la tienen para ser elegidos, el pueblo, que tiene capacidad suficiente para darse cuenta de la gestión de los demás, no está capacitado para llevar la gestión por sí mismo” Montesquieu.

Pericles. Museos Vaticanos. Daniel Prieto 

 

LOS DE LA CONSTITUCIÓN

De sobra saben los gobernantes que su permanencia en el Estado proviene de una usurpación. La Monarquía de Partidos privó a los españoles de su derecho político a elegir en libertad la forma de Estado y la forma de Gobierno imponiendo de manera inmoral su autoridad. Es por ello que tratan de suplir esa traición con el mito fundacional de la falsa constitución. El pueblo español dominado por el miedo y guiado por la ignorancia aceptó el nuevo régimen al carecer de una alternativa de ruptura.

Aquella aceptación fundacional, ya de por si humillante, no lo sería tanto sino persistiese en el tiempo y no se celebrase como rito religioso de la fe. La excusa de un mito para justificar voluntariamente el desconocimiento  o para negar el hecho cierto de consentir que se les gobierne sin Libertad por un grupo de partidos asociados e instalados en el Estado.

El mito constitucional español se regocija del crimen original, se vanagloria de la promesa del reparto del botín del Estado y la paz entre antiguas ideas rivales. Paz oligárquica que equivale a perpetuación por turnos en el poder.

Y los españoles celebran en ese mito su servidumbre voluntaria y su cobardía, su ignorancia y su negligencia, su falta de carácter y el ser merecedores de vivir sin Libertad.

Manuel Pérez Barriopedro, de la Agencia EFE 

Carta abierta a los españoles: la ilusión de la autodeterminación y la necesidad de la libertad política.

Escribo esta carta con un único propósito: disipar una confusión. Porque lo que hoy divide a los españoles no es tanto un conflicto de intereses como una profunda discrepancia sobre la propia realidad.

Se nos ha enseñado a discutir con palabras antes de comprender los hechos. Se nos ha invitado a elegir entre posiciones opuestas sin preguntarnos primero si esas posiciones están bien planteadas. Y así, entre afirmaciones y negaciones, hemos dejado de lado lo esencial: la verdad.

Ninguno de nosotros eligió España. Ninguno votó su existencia. Ninguno firmó el contrato de pertenecer a ella. Y, sin embargo, todos nacimos dentro de una realidad política que nos precede. Esto no es una anomalía. Es la condición normal de la historia.

Las naciones no son asociaciones voluntarias. No son clubes a los que uno se inscribe ni contratos que uno rescinde. Son realidades históricas que se forman con el tiempo, a través de generaciones que no deciden su origen, sino que lo reciben. Por eso, la idea de que una parte de esa realidad pueda decidir separarse como quien rompe un acuerdo es, en su raíz, una ilusión. No porque el deseo de independencia sea ilegítimo, sino porque no puede convertirse en un derecho en sentido estricto.

El llamado «derecho de autodeterminación» nace en contextos muy distintos: situaciones de dominación externa, de colonización, de pueblos privados de toda estructura propia. Trasladarlo al interior de una nación histórica consolidada no es una evolución natural del concepto, sino una alteración de su significado. Se utiliza la palabra «derecho» para designar lo que, en realidad, es una aspiración política. Y cuando las palabras dejan de nombrar la realidad y empiezan a sustituirla, el pensamiento se vuelve confuso.

Y conviene entender por qué ocurre esto. En política, quien logra que su aspiración sea nombrada como «derecho» no solo la expresa: la legitima. La sitúa fuera de discusión. La convierte, no en una propuesta entre otras, sino en una exigencia moral frente a la que toda oposición parece injusta. Pero ese cambio de nombre no altera la naturaleza de lo que se reclama.

Pero si la autodeterminación es una ilusión conceptual, ¿por qué ha llegado a ocupar el centro del debate? Porque aparece en un terreno abonado por otra ilusión mayor: la de creer que vivimos en una democracia.

Se nos ha repetido que somos ciudadanos libres en un sistema representativo. Pero basta observar su funcionamiento para descubrir otra cosa: los gobernados no eligen a sus representantes, votan listas; los «representantes» no responden ante los gobernados, sino ante los partidos; los poderes del Estado no se controlan entre sí, sino que se reparten entre las mismas organizaciones. Esto no es una democracia. Es un sistema de partidos que ha ocupado el Estado y lo gestiona como un espacio propio.

Y cuando el poder no está controlado por los ciudadanos, ocurre algo inevitable: el lenguaje se corrompe. Se habla de «derechos» para legitimar aspiraciones, de «democracia» para justificar procedimientos, de «pueblo» para ocultar decisiones de élites.

En este contexto, la autodeterminación no es la causa del conflicto, sino su síntoma. Expresa un malestar real —la falta de libertad política— pero lo canaliza hacia una solución equivocada: la ruptura territorial en lugar de la transformación del sistema.

Basta observar un hecho que rara vez se menciona: los movimientos nacionalistas no han crecido en los momentos de mayor opresión, sino en los de mayor libertad. Cuando el Estado restringía las expresiones culturales, el impulso separatista se debilitaba. Cuando esas libertades se ampliaron, ese impulso se intensificó. Este dato obliga a una reflexión incómoda: no estamos ante una reacción de defensa, sino ante una dinámica de oportunidad política.

Así, unos creen luchar por un derecho que no existe. Otros creen defender una democracia que tampoco existe. Y entre ambos, la realidad permanece oculta.

Sin embargo, el hecho de que el pasado no dependa de nuestra voluntad y de que el presente esté deformado no significa que el futuro esté cerrado. Al contrario: el futuro depende de una condición que todavía no se ha cumplido entre nosotros, pero que puede cumplirse. Esa condición es la democracia.

No una palabra, no un procedimiento, no una apariencia, sino una realidad en la que el ciudadano elige directamente a sus representantes, puede exigirles responsabilidad y participa efectivamente en la formación del poder. Una realidad en la que los poderes del Estado están separados y se controlan mutuamente, en lugar de estar concentrados en estructuras de partido.

Solo en ese marco puede resolverse el conflicto que hoy se plantea de forma equivocada. Porque la unidad política no puede sostenerse ni por la imposición ni por la costumbre, pero tampoco puede romperse sobre la base de conceptos vacíos. Debe fundarse en la igualdad política.

Cuando todos los ciudadanos participan en igualdad en la formación del poder, la pertenencia a una comunidad común deja de ser una carga. Deja de ser una imposición. Se convierte en una consecuencia natural de esa igualdad. Y entonces la autodeterminación deja de ser necesaria, no porque se prohíba, sino porque pierde su sentido como vía de escape.

Pero para llegar a ese punto, es necesario reconocer algo que resulta incómodo: el acto de votar, tal como hoy se nos propone, no nos acerca a la solución, sino que la retrasa. Cada vez que participamos en este mecanismo sin cuestionarlo, lo reforzamos. Cada vez que depositamos una papeleta, confirmamos un sistema que nos priva de la capacidad real de elegir.

Se nos ha dicho que votar es un deber. Que abstenerse es una renuncia. Que participar, aunque sea en un sistema imperfecto, es siempre mejor que no hacerlo. Pero ¿qué ocurre cuando ese acto, repetido una y otra vez, sirve precisamente para mantener intacto el problema?

Entonces la abstención deja de ser pasividad y se convierte en conciencia. Deja de ser indiferencia y pasa a ser lucidez.

Abstenerse, en estas condiciones, no es retirarse de la vida política. Es negarse a legitimar una ficción. Es afirmar que no todo vale en nombre de la participación. Es exigir, con un gesto silencioso pero firme, que antes de votar se construya aquello que hace que el voto tenga sentido: la democracia.

Se presenta el referéndum como la expresión máxima de la democracia. Pero se omite una contradicción fundamental: si una generación puede decidir sobre la unidad política, ninguna razón hay para negar ese mismo derecho a las generaciones futuras. Y, sin embargo, cuando la decisión conduce a la ruptura, deja de plantearse su repetición. Es un derecho que solo se invoca hasta que se ejerce con éxito. Después desaparece. Esto no es un principio democrático, sino una estrategia irreversible.

A quienes reclaman la autodeterminación, les digo: vuestra intuición de que algo falla es justa, pero vuestra solución es ilusoria. No se puede corregir la falta de libertad fragmentando el espacio donde esa libertad debe ejercerse.

A quienes la rechazan, les digo: vuestra defensa de la unidad es insuficiente si no se apoya en la exigencia de democracia. Sin libertad política, la unidad es solo una forma vacía.

Y a todos, les pido algo más difícil que elegir un bando: comprender. Comprender que no todo lo que se llama derecho lo es. Comprender que no todo lo que se llama democracia funciona como tal. Comprender que la verdadera división no está entre territorios, sino entre realidad y ficción.

Nos encontramos ante una elección que no es la que se nos presenta. No es entre independencia o unidad. No es entre centralismo o nacionalismo. Es entre seguir viviendo en la confusión o asumir la responsabilidad de entender.

Por eso, conviene llamar a las cosas por su nombre. No estamos ante un derecho que deba ser reconocido, sino ante una aspiración de poder que busca legitimarse mediante el lenguaje. Y frente a las relaciones de poder, las palabras no bastan: solo la claridad política puede evitar el conflicto o prepararlo.

La autodeterminación, tal como se plantea hoy, es imposible como derecho. La democracia está pendiente. Y solo la democracia puede hacer posible una unidad legítima. No una unidad impuesta, no una unidad negociada, sino una unidad libre.

Ese es el horizonte. Y ese horizonte no depende de lo que heredamos, sino de lo que seamos capaces de construir con verdad, con claridad y con coraje.

Porque la historia no la elegimos. Pero el futuro —si somos dignos de él— sí.

 

“No es la unidad lo que oprime, sino la falta de democracia;

y no es la separación lo que libera, sino el control del poder.”  Antonio García-Trevijano.

 

El sueño de la razón produce monstruos - Francisco Goya, 1799 (de la serie Caprichos) 

 

VÍDEO PODCAST EPISODIO Nº 16 "CONSENSO Y CONCORDIA"

 

VOTAR SIN ELEGIR

 Solo los oportunistas y los incautos acuden a las urnas cuando no hay posibilidad alguna de elección. Se podría elegir si hubiese representantes leales y opciones diferentes, pero eso no bastaría para hablar de una mejora electiva, haría falta que los electores pudiesen crear sus propias candidaturas. Sólo así se podría hablar de una verdadera elección. Sin libertad para crearlas, se acepta lo que se ofrece, que no es otra cosa que la negación misma de la libertad.

EL acto de votar sin elegir, es el acto de la sumisión a una oligarquía entronizada en el Estado a la que se legitima voluntariamente para que tenga el monopolio legal de la violencia (soberanía).

Una sociedad que busca las libertades privadas, los derechos civiles y las libertades públicas individuales no puede alcanzar a ver que lo realmente importante para su bienestar sería la libertad política en la designación y destitución de los gobiernos. Así no es de extrañar la apatía general de una sociedad atosigada por televisiones, radios y encuestas de opinión. Impuestos los disvalores del más repugnante relativismo moral y guiados por el oportunismo, la cultura política europea persigue quiméricos proyectos reformistas de la partidocracia. Tal es el miedo que les infunde la libertad y el vacío que les provoca pensar en la pérdida de sus privilegios y retribuciones. Los Estados de Partidos niegan la verdad, la justicia y la libertad mientras aparentan lo que no son. Todo es falso, ficción, injusticia y corrupción. Todo lo que ofrecen son caminos que no llevan a la libertad de elegir, ni siquiera de pensar. 

 

VÍDEO PODCAST EPISODIO Nº 15 "SOCIEDAD CASTRADA"

 

HERENCIA POLÍTICA

La transición no fue la obra de los españoles como afirma la propaganda estatal, fue la obra del grupo constituyente, apenas una docena de personas instaladas en los cargos de decisión del Estado y los jefes de los partidos de oposición. El pueblo español engañado por la aparente apertura y acostumbrado a obedecer refrendó lo ya decidido por unos pocos. Todo lo demás son mitos carentes de substancia y esperanzas basadas en ensoñaciones.

Pero el pueblo español es heredero de la forma de Estado por el mero hecho de ser españoles.  Al igual que heredó la Dictadura, hoy soporta el resultado de la Transición (el Estado de Partidos). Ya sea de forma activa o pasiva todos hemos heredado esta forma de gobierno y esta forma de Estado. Y no podemos renunciar a esa herencia salvo si colectivamente se cambia. Sólo renuncian aquellos que luchan por la Libertad y se oponen a la mentira política. Esa minoría rebelde ante la indignidad de la servidumbre voluntaria.

Nuestra herencia es el deshonor que representa la aristocracia sin mérito, libre para delinquir y mentir y que una mayoría refrenda acudiendo a la urna sin Democracia.

Yo renuncio a esta herencia de la única forma posible, combatiéndola, para que un día la Libertad permita que los españoles sean los únicos artífices de la obra política. No estoy solo, y llegará el día en que seremos millones.

El Abrazo de Juan Genovés. 

VÍDEO PODCAST EPISODIO Nº 14 "CONSTITUCIÓN. LA REALIDAD"

 

LEALTAD Y NO FIDELIDAD.

 Los que nos consideramos repúblicos, es decir, aquellos que procuramos la Libertad Política y que reafirmamos la lealtad a lo público, hemos aprendido de D. Antonio García-Trevijano lo que la Lealtad supone para la Libertad, así como, la trampa que supone para ésta la Fidelidad.

La Lealtad, concepto clave para comprender la filosofía de la Libertad Política, ha de ser entendida en profundidad si se quiere estar en la acción de manera efectiva y coherente. En este pequeño escrito pretendo acercar al lector unas pinceladas de la relación entre Lealtad y Libertad. Si se desea profundizar, recomiendo la lectura de Teoría Pura de la República Constitucional donde se detalla, con la  precisión característica de D. Antonio, todo el concepto en su totalidad. Siendo ésta tarea imposible de realizar con calidad en un escrito de este tamaño, pido al lector indulgencia.

La Lealtad no es un deber hacia algo, piedad hacia alguien o fidelidad a un credo. Se es leal a las causas y fiel a las personas, es por ello, que quien es leal a la Libertad no puede doblegarse a asociaciones ni personas pues está consagrado a la Libertad por encima de todo. Siente el orgullo de pertenecerle a algo más transcendente que uno mismo. La Lealtad es la unión de la madurez moral y la inteligencia del sentido de la vida. No se trata de la voluntad de crear sino de la forma de estar. Su carácter impersonal la diferencia y la aleja de la fidelidad y la solidaridad, éstas siempre ligadas a las personas.

No entraré en este texto a detallar los múltiples ejemplos donde la Lealtad se muestra ante nuestros ojos como fundamento de toda moral y toda acción humana, bastará con mencionar que todo lo natural, por el hecho de serlo, es Leal a la Naturaleza. Nuestro ADN donde se arraigan las lealtades familiares, étnicas y vecinales, la lengua común, como primer nivel de la escala ascendente de la Lealtad social y otros ejemplos que no citaremos aquí.

El problema político es consecuencia directa de la deslealtad de su forma actual, el Estado de Partidos. En ésta forma, es la fidelidad la que asegura los cargos, es la deslealtad a los gobernados la que corrompe la moral y conduce a la corrupción material de manera irremediable. La Lealtad produce ciudadanos y la fidelidad súbditos. Por ello sin Lealtad no hay posibilidad de ser Repúblico. Algo a tener muy presente a la hora de pertenecer a asociaciones que afirmen estar por la Libertad. Error en el que caen una y otra vez las revoluciones. Se puede ser fiel a alguien y desleal con uno mismo, y al serlo, anularse a sí mismo. Por tanto ,toda acción colectiva que se base en la fidelidad y no en la Lealtad se aparta de la Libertad Colectiva, pues ésta, es inseparable de su principio originario, que es precisamente, la Lealtad.

Se piensa erróneamente, por la corrupción moral existente, que el egoísmo de grupo impide que la Lealtad pueda conducir a la solución política. No se cae en la cuenta que es la falta de inteligencia en la acción (basada siempre en la fidelidad), la falta de Lealtad a la sociedad por parte del Estado y la falta de representación en lo público lo que impide hoy, que el problema político se resuelva de manera pacífica.

Es una inversión de la moral, basada en la Lealtad y no en la fidelidad, la que hará posible la creación de instituciones inteligentes al servicio de la sociedad de la que surgirán. La fuerza nuclear de la Lealtad está en las relaciones de convivencia vecinal donde aún son perceptibles los vínculos de la vida en sociedad y la interdependencia de los individuos. Esta Lealtad vecinal planteará la necesidad de generar unas instituciones que permitan el progreso de la Lealtad política a los niveles superiores de extensión poblacional. Una reinversión del estado actual de las cosas donde la corrupción moral fundadora del Estado de Partidos desciende hasta las relaciones de vecindad de la mano de la fidelidad.

El Estado de Partidos no tiene vida moral, arrastra su existencia como cuerpo corrompido y corruptor hasta que la Lealtad de los ciudadanos a si mismos, lo dejen caer en el hoyo de podredumbre que él mismo ha creado. Sólo enterrando este muerto viviente habrá posibilidad de Libertad y de Lealtad para los ciudadanos.

Siendo la fidelidad a una persona el principio monárquico y la Lealtad a la causa de la Libertad e igualdad ciudadana, los principios del espíritu republicano y estando la actual Monarquía ligada al Estado de Partidos es claro que la forma política que traerá la Libertad y la Democracia no puede ser otra que la República Constitucional. Ambas formas son opuestas, descendente la primera, ascendente la segunda quedando claro que es la Lealtad a la Libertad y no la fidelidad la que creará de abajo hacia arriba la estructura que llevará a las instituciones la garantía de una sociedad Libre.

El resorte de la tiranía es el miedo, el de la Monarquía, el honor, el de la República, la virtud, el de la Oligarquía de partidos, la corrupción y el de la República Constitucional la Lealtad.

Alcanzada la República Constitucional la Lealtad se impone mediante el castigo a la deslealtad en la representación, en los cargos políticos y en las funciones públicas garantizando su permanencia. Se convierte así en norma positiva de especial aplicación a gobiernos, representantes y funcionarios. A los programas electorales, a los mandatos de los electores, a la función pública y al público en los servicios que a éste se prestan. Incorporar el principio de Lealtad a la relación de poder para regular la relación política entre Estado y Nación. La deslealtad es más fácil de ver y enjuiciar que la prevaricación.

Pregúntense si son ustedes leales a sus convecinos y sabrán si es el egoísmo de grupo lo que impide la Libertad o son ustedes mismos quienes son los egoístas. Cuestionen el acto de su voto sin Democracia y la deslealtad que encierra para consigo mismo y para con sus convecinos. Analicen la fidelidad que depositan en facciones estatales de un poder desleal con los gobernados.

La Lealtad, inseparable de la Libertad-Política Colectiva, será la fuerza y principio moral de la Revolución de las conciencias que se eleve desde lo vecinal a lo más alto para revertir la situación de servidumbre voluntaria en que se vive. Sólo así puede terminarse con la inmoralidad de una vida indignamente aceptada, la crueldad de mantener a los demás presos de una situación de injusticia social y el imperdonable quietismo de condenar a nuestra propia familia a vivir en una sociedad podrida.

Busquen cuantas justificaciones quieran para cometer esa deslealtad de votar. Miéntanse cuanto quieran y corrómpanse hasta la médula entregando su libertad y la del resto de la sociedad en una urna sin dignidad. Se traicionan ustedes a si mismos y se deshumanizan en el proceso. Actores de primera línea de la corrupción que critican, cínicos de una culpa que no desean reconocer.

Aléjense de la fidelidad, recuperen su lealtad y serán libres. No voten hasta que la Lealtad esté instaurada en la sociedad y en el Estado. Absténganse y sean leales a sí mismos y recuperen la dignidad con cabal oposición a la corrupción.

 El esclavo rebelde. Miguel Ángel Buonarroti

 

VÍDEO PODCAST EPISODIO Nº 13 "VOTANTES"

 

Estado, nación y nacionalismo: una perspectiva histórica y el caso de España.

 La relación entre Estado y nación constituye uno de los problemas centrales de la política moderna. Aunque ambos conceptos suelen utilizarse como si fueran equivalentes, la historia demuestra que no siempre han surgido al mismo tiempo ni de la misma manera. En muchos casos, el Estado precede a la nación; en otros, la nación aparece antes y da lugar posteriormente a la formación de un Estado propio.

Comprender esta diferencia resulta fundamental para analizar los fenómenos nacionalistas contemporáneos y, en particular, el debate sobre el llamado derecho de autodeterminación de los pueblos.

Una de las experiencias históricas que mejor permite observar esta diferencia es la de los procesos de descolonización del siglo XX. En numerosos territorios de África y Asia que habían estado bajo dominio colonial europeo, la independencia política dio lugar a la creación de nuevos Estados. Sin embargo, estos Estados no siempre correspondían a comunidades que poseyeran previamente una conciencia nacional definida. En muchos casos, la población se identificaba ante todo con estructuras tribales, regionales o locales.

En estas circunstancias, el nuevo Estado debía construirse sobre las estructuras administrativas heredadas del poder colonial. La nación, entendida como una comunidad política consciente de sí misma, tenía que formarse después. Se trataba, por tanto, de Estados que precedían a la nación.

Este proceso contrasta con la evolución histórica de muchos países europeos. En algunos de ellos, como España, Portugal, Francia o el Reino Unido, la unidad política se consolidó mucho antes de la aparición del nacionalismo moderno. Estos Estados se formaron durante la Edad Moderna, cuando la idea de nación aún no tenía el significado político que adquiriría a partir de las revoluciones liberales. En consecuencia, la identidad nacional se desarrolló posteriormente dentro de una estructura estatal ya existente.

Por el contrario, en países como Italia o Alemania el proceso fue inverso. Durante el siglo XIX, el desarrollo industrial, la transformación social y la difusión de las ideas liberales impulsaron movimientos nacionalistas que aspiraban a unificar territorios culturalmente afines. En estos casos, la nación precedió al Estado: primero se formó la conciencia nacional y después se construyó la organización política que debía representarla.

Esta diferencia histórica permite comprender mejor las controversias que rodean al principio de autodeterminación. Aunque suele presentarse como un derecho universal de los pueblos, la historia muestra que su aplicación ha estado profundamente condicionada por las relaciones de poder internacionales.

Los movimientos de liberación nacional del siglo XIX ofrecen un ejemplo revelador. Inspirados por la independencia de Estados Unidos y por la influencia universalista de la Revolución francesa, numerosos pueblos europeos comenzaron a reivindicar su derecho a constituirse como naciones independientes. Sin embargo, la realización efectiva de esas aspiraciones dependió en gran medida de los intereses estratégicos de las grandes potencias.

La independencia de Grecia frente al Imperio otomano constituye un caso paradigmático. La causa griega despertó una intensa movilización de la opinión pública europea, alimentada por el prestigio cultural de la antigua Grecia y por el romanticismo político de la época. Pero la creación del nuevo Estado griego también respondió a los cálculos geopolíticos de las potencias europeas, interesadas en reorganizar el equilibrio continental tras las guerras napoleónicas.

Un proceso similar se produjo después de la Segunda Guerra Mundial con la descolonización de Asia y África. El debilitamiento de los imperios coloniales europeos, unido a la nueva configuración del sistema internacional, favoreció la independencia de numerosos territorios. La autodeterminación de los pueblos pasó entonces a formar parte del lenguaje político internacional. Sin embargo, incluso en este contexto, las independencias estuvieron estrechamente ligadas a los intereses estratégicos de las potencias dominantes surgidas tras el conflicto mundial.

Por ello, el análisis de los movimientos nacionalistas no puede limitarse a sus argumentos ideológicos. Para comprenderlos es imprescindible tener en cuenta el contexto histórico y las relaciones de poder en las que se desarrollan.

Las distintas ideologías políticas han ofrecido interpretaciones diversas del nacionalismo. La ideología nacionalista suele apoyarse en elementos como la lengua, la cultura o la historia para construir la idea de una comunidad política unificada. Estos elementos funcionan como símbolos capaces de generar una conciencia colectiva entre poblaciones diversas.

La tradición socialista abordó la cuestión desde otra perspectiva. Para muchos pensadores socialistas, el nacionalismo era un fenómeno vinculado a los intereses de determinadas clases sociales, en particular de la burguesía que aspiraba a consolidar su poder político. Sin embargo, también reconocieron que los movimientos nacionales podían desempeñar un papel progresivo cuando contribuían a debilitar estructuras políticas autoritarias o imperiales.

No obstante, la experiencia histórica muestra que los movimientos nacionalistas no responden a un único patrón social. En algunos casos fueron dirigidos por aristócratas; en otros, por comerciantes, profesionales o sectores de la pequeña burguesía. Incluso han existido movimientos nacionalistas promovidos por organizaciones obreras. Esta diversidad revela que el nacionalismo no puede explicarse exclusivamente mediante la lógica de la lucha de clases.

Otro rasgo común de muchos movimientos nacionalistas es su carácter inicialmente minoritario. En sus primeras fases suelen estar impulsados por élites políticas o intelectuales que aspiran a reformar el Estado existente o a crear uno nuevo. Para movilizar a la población recurren con frecuencia a narrativas históricas que evocan un pasado glorioso o denuncian agravios sufridos por la comunidad nacional.

Estas narrativas contribuyen a construir una identidad colectiva capaz de legitimar las aspiraciones políticas del movimiento.

El caso particular de España

Dentro de este marco histórico general, España presenta una trayectoria particular. A diferencia de los países que se unificaron durante el siglo XIX, la unidad política española se consolidó varios siglos antes de la aparición del nacionalismo moderno. El Estado español, por tanto, no nació como resultado de un movimiento nacionalista contemporáneo, sino que constituye una realidad histórica previa a la ideología nacionalista.

Durante largos periodos de su historia, la diversidad cultural y lingüística existente en el territorio español convivió dentro de una misma estructura política. Estas diferencias regionales no se interpretaban necesariamente como identidades nacionales separadas, sino como manifestaciones de la pluralidad histórica del país.

Sin embargo, a partir del siglo XIX comenzaron a surgir movimientos nacionalistas en algunas regiones, especialmente en Cataluña y el País Vasco. En sus orígenes, estos movimientos no planteaban necesariamente la independencia, sino que buscaban un mayor reconocimiento cultural o político dentro del Estado.

Con el paso del tiempo, algunos sectores evolucionaron hacia posiciones más claramente separatistas. Este proceso estuvo relacionado con cambios sociales y económicos que alteraron el equilibrio interno de la sociedad española. En regiones donde el desarrollo industrial fue más intenso, surgieron nuevas élites económicas y profesionales que aspiraban a una mayor influencia política.

La historia muestra además que los movimientos nacionalistas suelen intensificarse en momentos de crisis del Estado. En España, episodios como la crisis del sistema imperial a finales del siglo XIX, la crisis del sistema monárquico en el primer tercio del siglo XX o el final de la dictadura franquista favorecieron la reactivación de reivindicaciones nacionalistas.

Durante la dictadura de Francisco Franco, las expresiones públicas de nacionalismo periférico fueron duramente reprimidas, lo que contribuyó a radicalizar algunos sectores de estos movimientos. Tras la transición política y la aprobación de la Constitución de 1978, se estableció un sistema territorial basado en comunidades autónomas con amplias competencias políticas. Este modelo buscaba conciliar la unidad del Estado con el reconocimiento de la diversidad territorial y cultural del país.

Sin embargo, el debate sobre el alcance de la autonomía y sobre las aspiraciones de algunos movimientos nacionalistas ha seguido siendo una cuestión central en la política española contemporánea.

La erosión de la conciencia nacional y la propuesta democrática

El análisis de Antonio García-Trevijano sostiene que el problema nacional en España no se explica únicamente por la existencia de movimientos nacionalistas. En su planteamiento existe, además, un problema institucional más profundo ligado al funcionamiento del sistema político surgido tras la transición.

Ese sistema establece amplias libertades civiles, pero no existe lo que Trevijano denomina libertad política colectiva. Los ciudadanos participan en votaciones periódicas, pero su capacidad efectiva para elegir y controlar a sus representantes es inexistente. En consecuencia, el vínculo entre representantes y representados no existe, y la responsabilidad política desaparece.

En este contexto, el poder político se concentra progresivamente en las organizaciones de partido. Un Estado de partidos, en el que las decisiones fundamentales se toman dentro de las propias organizaciones partidarias y no en una relación directa entre gobernantes y ciudadanos. Cuando la competencia política se articula principalmente a través de estas estructuras, las identidades territoriales y nacionales se convierten con frecuencia en instrumentos de estrategia política dentro de la lucha por el poder.

La respuesta a esta situación pasa por una ruptura democrática. Esa ruptura exige la separación efectiva de poderes y establecer mecanismos institucionales que permitan a los ciudadanos elegir directamente a sus representantes y a los responsables del poder ejecutivo.

En un sistema de este tipo, la legitimidad del poder político descansa de manera directa en la voluntad de los ciudadanos y no como sucede hoy exclusivamente en los partidos. La recuperación de una conciencia nacional compartida no depende entonces de la imposición de una identidad cultural uniforme, sino en las instituciones democráticas y de la participación política real de los ciudadanos.

Desde esta perspectiva, el problema nacional se aborda desde la propia democracia. Un sistema político verdaderamente representativo, basado en la responsabilidad directa de los gobernantes ante los electores, crea las condiciones necesarias para compatibilizar la diversidad territorial con la unidad política del Estado.

La libertad política —entendida como la capacidad efectiva de los ciudadanos para elegir y controlar el poder— se convierte así en el elemento decisivo para superar los conflictos territoriales y para reconstruir una conciencia colectiva capaz de integrar la pluralidad histórica de España dentro de un marco político común.

 La libertad guiando al pueblo - Eugène Delacroix