Una vez reconocida la verdad política fundamental —la ausencia de
Libertad Política y la naturaleza oligárquica del Estado de Partidos—
resulta necesario afrontar una consecuencia decisiva: la imposibilidad
de reformar el régimen desde dentro. Esta afirmación no expresa
pesimismo ni radicalismo, sino una conclusión lógica derivada de la
estructura misma del poder vigente.
La idea de reforma presupone que
el orden político contiene en su interior mecanismos que permiten
corregir sus desviaciones sin alterar su fundamento. En una democracia
formal, esta posibilidad existe porque el poder depende de los
ciudadanos y puede ser sustituido sin modificar las reglas del juego. En
el Estado de Partidos, ocurre exactamente lo contrario: las reglas del
juego están diseñadas para impedir que el poder pueda ser cuestionado
por la sociedad.
Toda reforma promovida desde el interior del
régimen está necesariamente condicionada por los intereses de las
facciones que lo componen. Los partidos no pueden reformar aquello de lo
que dependen para existir. No pueden introducir representación política
del elector sin anular su propio monopolio sobre las candidaturas. No
pueden separar los poderes en origen sin renunciar al control que
ejercen sobre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. No
pueden abrir el sistema sin dejar de ser lo que son.
Por esta razón,
el reformismo se convierte en una forma de conservación. Cambian normas
secundarias, se ajustan procedimientos, se renuevan discursos y
liderazgos, pero el núcleo del régimen permanece intacto. La apariencia
de cambio sirve precisamente para evitar el cambio real. El sistema se
adapta para sobrevivir, no para transformarse.
Esta dinámica explica
por qué las grandes promesas de regeneración política fracasan de
manera recurrente. No porque falte voluntad, ni porque los dirigentes
sean incapaces, sino porque el marco institucional impide que la
voluntad política se traduzca en poder efectivo. La regeneración se
limita a una operación estética: nuevas palabras para designar las
mismas relaciones de dominio.
La imposibilidad de la reforma desde
el régimen también afecta a las llamadas “fuerzas emergentes”. Aunque se
presenten como alternativas, su integración en el sistema electoral
y parlamentario las obliga a aceptar sus reglas. Para participar, deben
renunciar a cuestionar el fundamento del poder. De este modo, la
disidencia es absorbida, neutralizada y convertida en una variante más
del consenso oligárquico.
Este proceso no es una anomalía española. Es una ley general del Estado de Partidos.
Allí donde no existe Libertad Política, el régimen solo puede cambiar en la superficie.
El fondo permanece inalterable mientras el sujeto constituyente siga excluido del poder.
Comprender
la imposibilidad de la reforma interna tiene un efecto liberador.
Permite abandonar falsas expectativas y romper con la frustración
cíclica que produce el reformismo. No se trata de insistir más, ni de
votar mejor, ni de elegir al partido adecuado. Se trata de reconocer que
el problema no es de gestión, sino de constitución del poder.
Este
reconocimiento no conduce a la pasividad, sino a la lucidez estratégica.
Señala con claridad el límite del régimen y, al mismo tiempo, orienta
la acción futura hacia el único terreno donde puede ser eficaz: la
conquista de la Libertad Política por parte de la sociedad organizada
como sujeto constituyente.
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