La generación que confundió la libertad con la autodeterminación
Descripción
Durante décadas se ha presentado la autodeterminación como una exigencia democrática incuestionable. Quien se opone a ella es acusado de autoritario, centralista o enemigo de la libertad. Sin embargo, esta identificación entre democracia y autodeterminación descansa sobre una confusión conceptual que ha arraigado especialmente entre generaciones educadas en el culto abstracto a los derechos. El problema no es el nacionalismo. El problema es la aceptación acrítica de sus premisas por quienes ni siquiera son nacionalistas.
La mayor victoria del nacionalismo contemporáneo no ha sido conquistar gobiernos autonómicos ni obtener competencias políticas. Su auténtico triunfo ha consistido en lograr que sus adversarios acepten su lenguaje. Cuando una idea consigue imponer los términos del debate, ya ha ganado la mitad de la batalla.
Por eso resulta tan frecuente encontrar personas que no sienten ningún apego nacionalista y, sin embargo, defienden el llamado derecho de autodeterminación como si se tratara de una consecuencia natural de la democracia. El razonamiento parece sencillo: si la democracia consiste en respetar la voluntad de las mayorías, y una mayoría territorial desea separarse, impedirlo sería antidemocrático.
La aparente lógica del argumento oculta una trampa. Confunde la democracia con un procedimiento de decisión colectiva y olvida que antes de decidir hay que determinar qué puede decidirse. Ninguna mayoría democrática puede votar la ley de la gravedad, abolir el paso del tiempo o alterar retrospectivamente la historia. La democracia es un método para gobernar una realidad política existente, no un instrumento para crear realidades históricas a voluntad.
La nación pertenece precisamente a esa categoría de hechos históricos que preceden a la voluntad de quienes viven en ella. Ningún español vivo fundó España. Ningún francés fundó Francia. Ningún italiano creó Italia. Todos nacieron dentro de realidades nacionales que encontraron ya constituidas. Son herederos, no creadores.
Sin embargo, la cultura política contemporánea ha sustituido la noción de herencia histórica por la ficción contractual. Se imagina la nación como si fuera una asociación voluntaria de individuos libres que pueden entrar o salir de ella cuando lo consideren oportuno. Esta visión, profundamente individualista, traslada indebidamente al ámbito colectivo categorías que sólo tienen sentido para las personas.
Un individuo puede cambiar de residencia, de profesión o incluso de nacionalidad administrativa. Pero la nación no es una propiedad privada de sus habitantes actuales. Pertenece también a quienes la construyeron en el pasado y a quienes la recibirán en el futuro. La idea de que una mayoría circunstancial pueda apropiarse de una parte del patrimonio histórico común para transformarlo en un nuevo sujeto político es una de las mayores paradojas del pensamiento democrático moderno.
La raíz de esta confusión se encuentra en la degradación de la idea misma de libertad. La tradición liberal identificó la libertad con la protección del individuo frente al poder. Más tarde comenzó a hablarse de la libertad de los pueblos, de las regiones, de las culturas y de cualquier realidad colectiva imaginable. El resultado fue convertir en derechos políticos lo que no eran más que aspiraciones o deseos.
Así nació la creencia de que toda reivindicación colectiva debe poseer automáticamente legitimidad democrática. Si un grupo desea algo, la democracia debería concedérselo. Si una región quiere separarse, la democracia debería permitirlo. Si una comunidad cultural reclama soberanía, la democracia debería reconocerla.
Pero la democracia no consiste en satisfacer deseos colectivos. Consiste en limitar el poder mediante instituciones que garanticen la libertad política de los ciudadanos.
Y aquí aparece la contradicción más llamativa de nuestro tiempo. Mientras millones de personas defienden apasionadamente el supuesto derecho de autodeterminación de los territorios, apenas muestran interés por la ausencia de autodeterminación política de los ciudadanos.
Se habla constantemente del derecho de Cataluña a decidir, del derecho del País Vasco a decidir o del derecho de cualquier territorio a decidir. Sin embargo, casi nadie se pregunta por qué los españoles carecen de mecanismos efectivos para elegir y controlar a sus representantes. Se reclama soberanía para las instituciones mientras se niega soberanía a los ciudadanos.
La paradoja resulta evidente. En una partidocracia, donde los diputados dependen de las direcciones de partido y no de los electores, donde el poder judicial está colonizado por organizaciones políticas y donde el Estado se confunde con los intereses de la oligarquía partidista, el gran debate público gira alrededor de la autodeterminación de los territorios y no sobre la libertad política de las personas.
La cuestión nacional sirve así como una gigantesca cortina de humo. Mientras se discute quién tiene derecho a separarse de España, permanece intacto el verdadero problema: que los españoles no poseen instrumentos democráticos para controlar al Estado.
Por eso la cuestión nacional no puede resolverse mediante más autonomías, más transferencias o más negociaciones entre élites territoriales. Tampoco mediante la represión administrativa o judicial del separatismo. El problema sólo encuentra solución cuando la libertad política sustituye a la lógica de la partitocracia.
La democracia formal no necesita fabricar sentimientos nacionales ni combatirlos. Le basta con garantizar la libertad de todos los ciudadanos bajo unas mismas reglas políticas. Allí donde existe representación auténtica, separación de poderes y control efectivo del gobierno, las tensiones nacionalistas pierden gran parte de su fuerza porque desaparece el incentivo principal que las alimenta: la conquista de parcelas de poder estatal.
La gran tarea de la juventud no consiste en elegir entre nacionalismo y centralismo. Consiste en recuperar la capacidad de distinguir entre libertad política y propaganda ideológica. Mientras esa distinción no exista, seguirá confundiendo la democracia con la autodeterminación y la soberanía de los ciudadanos con las ambiciones de las oligarquías territoriales. Y seguirá defendiendo como derecho democrático aquello que no es más que una reivindicación de poder.
La Escuela de Atenas. Rafael Sanzio
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