En el Estado de Partidos, que existe en España como forma de gobierno, se ahoga la posibilidad de justicia legal. Muchos son los españoles que ponen su esperanza en la justicia sin saber los problemas que enfrentan sus profesionales. Apelar a la justicia legal, al tiempo que se legitima un régimen que la impide, es de una fantasía pasmosa.
Aquellos profesionales que anteponen su dignidad al progreso en la carrera, son difamados desde la clase política por medio de la propaganda generando la antipatía de la opinión pública. No solo están impedidos por el control gubernamental, además se ven abandonados en su dignidad personal.
Al carecer de la separación de poderes propia de la Democracia, la justicia no puede servir a la sociedad con eficacia. Su subordinación al Estado les impide la investigación de delitos cometidos por miembros de la oligarquía y quien osa hacerlo, se enfrenta a expedientes sancionadores, campañas difamatorias o expulsiones de la carrera.
Además de la separación de los poderes es imprescindible que la autonomía del mundo jurídico pase por un cuerpo electoral propio y extendido a todos los que lo componen.
Han de poseer los jueces facultad para estimar la inconstitucionalidad de las leyes. Debe pues desaparecer el Tribunal Constitucional pasando sus competencias al Supremo. Es imprescindible una policía judicial propia y la desaparición del Ministerio de Justicia
Pretender hallar dignidad en la justicia, basando esta, en la conciencia y no en la independencia de la corporación, es pura ilusión.
La sociedad ha retirado su apoyo a este oficio, que debería gozar del más alto de los reconocimientos, tras estos años de Partidocracia en los que los crímenes y corrupción de los partidos han dado lugar a sentencias indignas. El designio a dedo de los cargos de mando de la judicatura imposibilitan el respeto social.
Pero no podemos pretender de los jueces y fiscales que libren una lucha personal estando inmersos en un sistema judicial que no goza de la indispensable independencia. La conquista de la Libertad Política Colectiva daría la posibilidad de, mediante las reglas del juego político, garantizar su independencia, único modo de tener justicia legal.
Solo la civilización del Estado romperá el ciclo que mantiene a la justicia legal como un ideal de unos pocos jueces justos.
No tendremos independencia de la justicia sin cambiar la forma de gobierno por una que impida al legislativo y al ejecutivo el control del reclutamiento y promoción de jueces y fiscales.
No puede haber justicia sin Libertad.

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